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El volantazo en el gas, una reacción compleja que expuso la interna energética

En la Casa Rosada reconocen que el debilitado Iguacel aplicó la compensación en pleno conocimiento de sus superiores. "Errores" de comunicación y la "batalla cultural", las razones de la marcha atrás.
Por 10/10/2018 20:15

“Es el mismo pago, pero de otra forma”, contestó a Letra P un fuente cercana al presidente Mauricio Macri para confirmar que el Estado le pagará a las empresas distribuidoras de gas el “cargo extra” que no pudieron cobrarle a los usuarios, tal como establecía la resolución 20/18 de la secretaría de Energía publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial. La medida fue abortada este miércoles, luego de seis días de duras críticas provenientes de propios y extraños.

Según el funcionario consultado “la compensación para las empresas no fue frenada, ni está en discusión, solo se paga de otra manera”, insistió la fuente en referencia al cambio del bolsillo para costear la compensación reconocida oficialmente por el Estado este viernes, que originalmente establecía una facturación extraordinaria sobre los montos de consumo que ya fueron pagados durante los bimestres del 1 de abril al 1 de octubre de 2019. El retroactivo fue fijado para compensar la diferencia entre la tarifa establecida cuando el dólar estaba a 20 pesos, cuya paridad ahora roza los 40. Ese cargo extra, basado en el cálculo de la tarifa a partir de componentes dolarizados desde 1992, será igualmente pagado por las arcas públicas, posiblemente con un bono, según detalló un miembro del equipo económico.

 

 

“Estamos trabajando en una salida consensuada con la oposición. Se bajan las 24 cuotas que iban a pagar los usuarios. A partir del año que viene, el Estado se hará cargo del desfasaje que generó la devaluación en las tarifas y se pagará en 30 cuotas hasta el 2021”, explicaron cerca del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el encargado de anunciar este lunes una negociación con la oposición, para evitar la aplicación de la resolución rubricada por el secretario de Energía, Javier Iguacel.

Todavía resta que las sumas del “desfasaje” sean aceptadas por las mismas empresas que, hasta este miércoles, ya calculaban un monto determinado de la compensación para percibir a partir de enero, pero proveniente del bolsillo de los usuarios. Esa cifra, pagadera en cuotas, posiblemente sea la línea divisoria entre lo aceptable y lo controversial, dentro del tironeo que mantienen las empresas energéticas con el Estado, resuelto en forma provisoria el viernes pasado, a costa de los usuarios, que apenas supieron la noticia liberaron su malestar en las redes y en los medios.

 

El secretario de Energía, Javier Iguacel, y su superior inmediato, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

 

LAS CULPAS DE JAVIER. ¿Cuáles fueron los orígenes del volantazo?, consultó Letra P dentro de Balcarce 50 sobre la cortísima vigencia de cinco días que tuvo la resolución 20/18, rubricada por Iguacel, a quien distintas fuentes oficiales consideran el responsable del “error”.

"Son idas y vueltas de la batalla cultural que afrontamos”, justificó una fuente que responde al ministro coordinador Marcos Peña, para eludir los contornos de la feroz interna del oficialismo en materia energética. El cisma data de abril, cuando el gobernador de Mendoza y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, liberó las primeras críticas públicas contra la Revisión Tarifaria Integral (RTI) prevista hasta 2023.

El cacique radical exigió “aplanar” los aumentos y financiarlos para evitar un impacto peor sobre las clases medias urbanas, el núcleo de votantes clave de Cambiemos. Seis meses después de esa puja (que fue mantenida en reserva al calor de la crisis cambiaria y económica) los dirigentes del radicalismo volvieron a la carga desde que Iguacel firmó la resolución: reclamaron que la diferencia sea pagada por el Estado y las empresas. 

 

 

“Cambiamos la forma de pagarlo por la mala comunicación de la medida, por las críticas de los radicales y porque se transformó en un problema con muchos costos políticos en poco tiempo”, se quejó otro inquilino de Balcarce 50, que eligió cargar las tintas en Iguacel.

En otros despachos oficiales, del mismo Palacio, toman distancia de esa hipótesis. “Es imposible que Peña y (el ministro de Hacienda, Nicolás) Dujovne no estuvieran al tanto. Ahora todos se la agarran con Iguacel, pero hizo lo que corresponde y sus superiores estaban al tanto”, completó la fuente, cuya respuesta contrasta con la ola de funcionarios que se escudaron en el presunto desconocimiento de la medida. Una respuesta que creció mientras se incrementaban las críticas contra la resolución, anulada este miércoles.

 

 

“Sólo es un cambio en la forma de pagar la compensación, pero los contratos con las empresas siguen cumpliéndose como estaba previsto”, insistió un importante funcionario que deambula por el despacho del ministro Dujovne, que sigue de gira por el exterior, mientras repite que no sabía nada sobre la resolución que firmó su subalterno. Cuando el Boletín Oficial publique la anulación de la resolución, el secretario de Energía habrá zafado de la denuncia penal que presentó en su contra el fiscal Guillermo Marijuán y de la sesión especial que había preparado la oposición para defenestrarlo.

Algunos funcionarios aseguran que Iguacel quedó muy debilitado. Otros, por el contrario, sostienen que “suma puntos” por atajar los golpes de una decisión tomada y anulada por Macri. 

El volantazo en el gas, una reacción compleja que expuso la interna energética

En la Casa Rosada reconocen que el debilitado Iguacel aplicó la compensación en pleno conocimiento de sus superiores. "Errores" de comunicación y la "batalla cultural", las razones de la marcha atrás.

“Es el mismo pago, pero de otra forma”, contestó a Letra P un fuente cercana al presidente Mauricio Macri para confirmar que el Estado le pagará a las empresas distribuidoras de gas el “cargo extra” que no pudieron cobrarle a los usuarios, tal como establecía la resolución 20/18 de la secretaría de Energía publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial. La medida fue abortada este miércoles, luego de seis días de duras críticas provenientes de propios y extraños.

Según el funcionario consultado “la compensación para las empresas no fue frenada, ni está en discusión, solo se paga de otra manera”, insistió la fuente en referencia al cambio del bolsillo para costear la compensación reconocida oficialmente por el Estado este viernes, que originalmente establecía una facturación extraordinaria sobre los montos de consumo que ya fueron pagados durante los bimestres del 1 de abril al 1 de octubre de 2019. El retroactivo fue fijado para compensar la diferencia entre la tarifa establecida cuando el dólar estaba a 20 pesos, cuya paridad ahora roza los 40. Ese cargo extra, basado en el cálculo de la tarifa a partir de componentes dolarizados desde 1992, será igualmente pagado por las arcas públicas, posiblemente con un bono, según detalló un miembro del equipo económico.

 

 

“Estamos trabajando en una salida consensuada con la oposición. Se bajan las 24 cuotas que iban a pagar los usuarios. A partir del año que viene, el Estado se hará cargo del desfasaje que generó la devaluación en las tarifas y se pagará en 30 cuotas hasta el 2021”, explicaron cerca del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el encargado de anunciar este lunes una negociación con la oposición, para evitar la aplicación de la resolución rubricada por el secretario de Energía, Javier Iguacel.

Todavía resta que las sumas del “desfasaje” sean aceptadas por las mismas empresas que, hasta este miércoles, ya calculaban un monto determinado de la compensación para percibir a partir de enero, pero proveniente del bolsillo de los usuarios. Esa cifra, pagadera en cuotas, posiblemente sea la línea divisoria entre lo aceptable y lo controversial, dentro del tironeo que mantienen las empresas energéticas con el Estado, resuelto en forma provisoria el viernes pasado, a costa de los usuarios, que apenas supieron la noticia liberaron su malestar en las redes y en los medios.

 

El secretario de Energía, Javier Iguacel, y su superior inmediato, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

 

LAS CULPAS DE JAVIER. ¿Cuáles fueron los orígenes del volantazo?, consultó Letra P dentro de Balcarce 50 sobre la cortísima vigencia de cinco días que tuvo la resolución 20/18, rubricada por Iguacel, a quien distintas fuentes oficiales consideran el responsable del “error”.

"Son idas y vueltas de la batalla cultural que afrontamos”, justificó una fuente que responde al ministro coordinador Marcos Peña, para eludir los contornos de la feroz interna del oficialismo en materia energética. El cisma data de abril, cuando el gobernador de Mendoza y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, liberó las primeras críticas públicas contra la Revisión Tarifaria Integral (RTI) prevista hasta 2023.

El cacique radical exigió “aplanar” los aumentos y financiarlos para evitar un impacto peor sobre las clases medias urbanas, el núcleo de votantes clave de Cambiemos. Seis meses después de esa puja (que fue mantenida en reserva al calor de la crisis cambiaria y económica) los dirigentes del radicalismo volvieron a la carga desde que Iguacel firmó la resolución: reclamaron que la diferencia sea pagada por el Estado y las empresas. 

 

 

“Cambiamos la forma de pagarlo por la mala comunicación de la medida, por las críticas de los radicales y porque se transformó en un problema con muchos costos políticos en poco tiempo”, se quejó otro inquilino de Balcarce 50, que eligió cargar las tintas en Iguacel.

En otros despachos oficiales, del mismo Palacio, toman distancia de esa hipótesis. “Es imposible que Peña y (el ministro de Hacienda, Nicolás) Dujovne no estuvieran al tanto. Ahora todos se la agarran con Iguacel, pero hizo lo que corresponde y sus superiores estaban al tanto”, completó la fuente, cuya respuesta contrasta con la ola de funcionarios que se escudaron en el presunto desconocimiento de la medida. Una respuesta que creció mientras se incrementaban las críticas contra la resolución, anulada este miércoles.

 

 

“Sólo es un cambio en la forma de pagar la compensación, pero los contratos con las empresas siguen cumpliéndose como estaba previsto”, insistió un importante funcionario que deambula por el despacho del ministro Dujovne, que sigue de gira por el exterior, mientras repite que no sabía nada sobre la resolución que firmó su subalterno. Cuando el Boletín Oficial publique la anulación de la resolución, el secretario de Energía habrá zafado de la denuncia penal que presentó en su contra el fiscal Guillermo Marijuán y de la sesión especial que había preparado la oposición para defenestrarlo.

Algunos funcionarios aseguran que Iguacel quedó muy debilitado. Otros, por el contrario, sostienen que “suma puntos” por atajar los golpes de una decisión tomada y anulada por Macri.