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En la Casa Rosada hablan de "errores de comunicación" y toman la denuncia de Marijuán como parte de la ofensiva opositora por ser "amigo de Massa". La bronca contenida del radicalismo que afloró.
Por 08/10/2018 20:16

Luego de confirmar la aplicación del nuevo cargo extra en las facturas de gas para compensar a las empresas por una mayor devaluación, la Casa Rosada pondrá en marcha un plan de reducción de daños para encontrar una salida que busque revertir el desgaste público que afronta desde la semana pasada, cuando el Boletín Oficial publicó la resolución 20/18 de la secretaría de Energía para cumplir con los contratos firmados con las empresas distribuidoras, que habían fijado el precio del gas a un tipo de cambio cercano a los 20,55.

La pieza que confirmó la dimensión de los costos políticos que deberá afrontar la administración de Cambiemos la aportó el fiscal federal Guillermo Marijuán, que denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “No nos queda otra que afrontar los costos políticos, pero estamos cumpliendo con la ley y con los contratos vigentes. Nosotros no tenemos la culpa de que Marijuán sea amigo de (el líder del Frente Renovador, Sergio) Massa y salga en este momento a meternos una denuncia penal”, contestó una alta fuente de la Jefatura de Gabinete, conducida por Marcos Peña, para cuestionar la intervención del fiscal federal.

 

 

En rigor, el señalamiento judicial contra Iguacel coronó cuatro días de crecientes cuestionamientos públicos contra la resolución que firmó. Dentro de la Casa Rosada, otras fuentes oficiales consultadas por este medio hablaron de “fallas internas” en el Gobierno “para comunicar con anticipación una medida traumática, que ahora estamos afrontando y que buscaremos resolver en el Congreso”, admitió una fuente del equipo económico que reporta al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

El primero en abrir el juego para reducir daños fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien propuso “discutir con los dirigentes de la oposición medidas que puedan amortiguar el impacto (de las tarifas de gas dolarizadas) en el bolsillo de la gente y que respeten un Presupuesto con equilibrio, como ya está el compromiso". El mensaje público del funcionario reveló la densidad que tendrá para el Gobierno la iniciativa de contención, que será impulsada por el  Ejecutivo en medio de las negociaciones para obtener la sanción del Presupuesto 2019.

“Esperamos que lleguen propuestas de la oposición para habilitar una negociación posible. Pero, para llegar a eso, primero tenemos que cruzar el plano judicial. Porque así como Marijuán sale con esto, la oposición amenaza con frenar todo en la Justicia”, explicó un habitante del Patio de las Palmeras para clarificar la “condición sine qua non” que pondrá la Casa Rosada sobre la mesa para encontrar una salida política.

 

 

Aún así insistió en la presunta legalidad de la medida, que desató críticas contra el Gobierno, y especialmente contra Iguacel, el funcionario al que algunos de sus colegas de gabinete responsabilizan por “los errores de comunicación cometidos” y la “falta de previsiones para afrontar este escenario de otro modo”. El malestar que respiran algunas espadas del PRO, también busca contener la bronca contenida del radicalismo, desde que el gobernador mendocino y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, criticó la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en abril, antes de la estampida del dólar de la primera corrida cambiaria posterior al 1° de Mayo. Sus planteos cosecharon cuestionamientos internos de Macri, que en medio de la crisis habría concedido un "aplanamiento" del aumento. El giro protagonizado por Iguacel comenzó a recibir cuestionamientos del radicalismo recién este lunes. 

"No quiero hacer como Lilita para no generar más ruido. Pero sobre el tema tarifas habíamos hablado otra cosa. Me sorprende que ahora haya que pagar deuda con interés. Me enteré por los medios", dijo en declaraciones radiales el gobernador jujeño y dirigente radical, Gerardo Morales, uno de los principales voceros de la UCR desde que Cornejo guarda silencio por el tema tarifario. Ese mutismo terminará el próximo viernes 19, cuando se reúna en Mendoza un "plenario confederal" del partido. Los jefes boiniblancos serán recibidos por el mandatario local en calidad de anfitrión: un escenario elegido para reanudar el poder del "fuego amigo" de los radicales dentro de Cambiemos, con el fin de frenar el impacto del aumento sobre las clases medias urbanas, una advertencia que data de abril y que ahora cobra otro volumen a tres meses del inicio del próximo año electoral. 

 

 

 

Por fuera del desgaste público que afrontará el Gobierno (justo en el comienzo de un ciclo recesivo que podría durar más de un semestre) en el primer piso de Balcarce 50 minimizaron el impacto negativo del “cargo extra”. Defendieron la medida como “una clara señal de cumplimiento de los contratos firmados con las empresas, más allá de los costos políticos, que tendremos que afrontar porque la oposición está jugada en profundizar ese desgaste”, amplió la fuente consultada.

En el decálogo de argumentos que difunde el Gobierno para defender la vigencia de la resolución 20/18, sus voceros insisten que se trata de “cumplir con el marco regulatorio vigente que data del año 1992”, luego de aclarar que “no hay nada excepcional en la medida, porque según la ley se debería pagar el saldo pendiente en el próximo semestre y, para amortiguar eso, se está realizando en 24 meses”.

 

 

En esa misma línea argumental, Iguacel estimó este lunes que con las tarifas de gas actualizadas, “el 70 por ciento de los hogares abonará, en promedio, unos 700 pesos por mes”, e insistió en que “los contratos estipulan que la compensación se debe pagar en seis cuotas, pero como era una suma abultada decidieron hacerlo en 24”.

El “marco regulatorio del año 92” que reivindican en la Casa Rosada, es la Ley 24.076, que fijó la “regulación del transporte y distribución de gas natural”, y definió la “Privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado”.

Si continúa el plan de reducción de daños que diseñan en Balcarce 50, el Ejecutivo buscará impulsar alguna reforma de la ley 24.076, que implicaría cambios en reajustes del futuro, no en la amortiguación que anunció Iguacel este lunes, visiblemente incómodo por la denuncia penal en su contra.