El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue una vez más el bombero de Cambiemos en medio de una crisis seria. En su mensaje a los senadores en el Congreso, avisó que el Gobierno dará marcha atrás con el plus de gas. Una movida estratégica que fue un gesto netamente político. Es que, hasta el momento, ningún funcionario explicó cómo hará el Estado para pagar los entre 15.000 y 20.000 millones de pesos que las distribuidoras de fluido (Gas Ban, Metrogas, Camuzzi, entre otras) le adeudan a las productoras (YPF, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol) por no haber cumplido con el precio pautado en dólares entre abril y septiembre de este año, el período más crudo de la devaluación. Todo en un escenario de contracción de la economía y un pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que requiere un ajuste en el gasto extremo y pone presión ante cada peso extra sacado a la plaza.
Esta situación puso en alerta al sector, que inició una guerra fría entre acreedores y deudores, con el Estado en el medio, demás de poner en eje un dato central: la preocupación de las petroleras por defender el precio del gas, luego de seis meses de haber cobrado valores variables y con la duda actual de cómo recibirán la compensación. Sobre todo ante la necesidad oficial de que los privados sigan invirtiendo en Vaca Muerta, el único polo positivo de capitales que ostenta el oficialismo.
Bulgheroni, de PAE, uno de los acreedores de la deuda que ahora pagaría el Estado.
En síntesis, con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en un viaje por negociaciones con el FMI, y el secretario de Energía, Javier Iguacel, vaciado de poder y casi al borde de la pérdida total de legitimidad ante el sector, Frigerio logró ponerle paños fríos a la crisis por el pago adicional de gas ganando tiempo sin cash: en principio, aplacó los ánimos para allanar la definición del Presupuesto, enfriar la sesión de Diputados del 18 para bajar el plus gas y correr de la agenda pública el polémico cargo extra. Pero descuidó el frente de los deudores.
Tal como adelantó Letra P, Iguacel definió la resolución del tema por las propias, sin darle aviso a Dujovne. El secretario ya sabía -como también estaba al tanto el ex ministro, Juan José Aranguren- que una bola de nieve de deuda se venía gestando desde abril. Fueron los propios productores los que le advirtieron a Mauricio Roitman, titular del Enargas, que las distribuidoras no estaban pagando el precio pautado. “Ustedes véndanles, que cuando se haga la revisión tarifaria de octubre los compensamos con tarifas”, les respondió.
La situación interna de la negociación era la siguiente: las petroleras tienen contratos en dólares con las distribuidoras. Un día antes de que se haga la entrega del fluido, las distribuidoras que llevan el gas a los hogares estaban obligadas a pagar en pesos el valor en dólares por la cantidad de fluido. ¿El precio? El dólar mayorista del Banco Nación a la fecha de la operación. Pero mientras operaba la devaluación, que ya acumula 100% en el año, las distribuidoras siguieron pagando el gas a valor dólar abril, cerca de los 20 pesos. Eso hicieron entre abril y septiembre, sin excepción.
Bombero en crisis ajena. Frigerio tranquilizó a los senadores y anunció baja del plus gas a cambio de aprobar el Presupuesto.
Las petroleras, a sabiendas del error y para no desabastecer, siguieron esos seis meses aceptando menos dinero. Las distribuidoras le plantearon a Iguacel que el aumento de octubre en las tarifas debía ser superior al 100%, para cubrir la diferencia devaluatoria que acumulaban como deuda. Pero el funcionario lo consideró “excesivo” y acordó subir 50% (el Gobierno comunicó 35%) más un plus por el dólar, que terminó siendo el esquema de 24 cuotas que intentaron trasladar a los usuarios, algo previsto en los contratos. “Acá el tema es que la devaluación fue gigante y nadie se dio cuenta que la boleta se empezaba a hacer impagable”, cuentan en las petroleras, que hoy dudan de si cobrarán o no.
Las productoras no quieren poner un peso más en este contexto. Consideran que la devaluación del 100% y los seis meses de deuda ya les licuaron ganancias y que los 30 meses que el Gobierno puso en el nuevo presunto esquema seguirán representando una absorción.
Otra cuestión en danza es una de las señales que dio Frigerio en el Senado: si este pago que está vacante será negociado con la oposición. Las 30 cuotas y el presunto bono –único dato concreto del acuerdo nuevo- se empezarían a pagar en enero de 2019 llegando hasta el 2021. Ergo, Cambiemos le delega la mayor parte del costo al próximo gobierno. Por esta razón muchos dirigentes de la oposición presionan para lograr que el Estado no pague toda la deuda, sino que haga que las empresas costeen un pasivo que, en realidad, fue generado por ellos mismos.
Gutiérrez, el titular de YPF, debe cobrar y a la vez tutela los intereses de Metrogas, una de las que no pagaron.
Más allá de las promesas del Gobierno, que son las que llevaron –directa o indirectamente- a esta crisis parcialmente resuelta con muñeca política y sin efectivo, hay algunos misterios. El principal, por qué las distribuidoras, sabiendo que habría una compensación vía tarifa, no buscaron financiamiento para cumplir con la deuda. La segunda, una especulación que surgió el martes último en la mesa de Junta Directiva de la UIA. Mientras discutían fuerte el impacto de este plus en las pymes, ya estranguladas por la coyuntura, uno de los dirigentes se preguntó si las distribuidoras, “por esas casualidades”, no se habían cubierto de la devaluación comprando dólar futuro. Una anécdota en una novela que avanzó un capítulo delicado pero que encarama hacia un final incierto y con epílogo abierto.
