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Decidió el plus gas en tándem con Enargas y Dujovne se enteró sobre la marcha. Creen que la medida termina de quebrar la paz con la clase media y podría ser la espada de Damocles del funcionario.
Por 08/10/2018 14:35

La deuda de 10.000 millones de pesos que existe entre las distribuidoras de gas y los generadores cumplió seis meses. Se vino acumulando desde los años del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y se instaló en medio del proceso del flamante secretario del área, Javier Iguacel. Por qué no se resolvió antes, cuando el monto era menor, tiene una única respuesta: “cuestiones y tiempos políticos”, cuentan en el entorno del ex titular de Vialidad Nacional, quien decidió en soledad, junto a Mauricio Roitman, titular del Enargas, saldar esa diferencia cobrándole a los usuarios residenciales 24 cuotas únicas.

En el Gobierno entienden que la determinación, aunque sustentada en contratos y temas legales, llega a destiempo, de manera inconsulta y mal comunicada. Situación que para Cambiemos amenaza con espiralizar una crisis en el segmento más sensible para el oficialismo: la clase media que lo empujó a un triunfo en 2015.

 

 

La decisión es "técnicamente correcta", pero “políticamente inconveniente”, rezan en Casa Rosada. “Dispónese en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio reconocido en las tarifas de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)  instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019”, dice el texto oficial”, destacaron en el Boletín Oficial.

En paralelo, el Gobierno aclaró que la Ley Nº 24.076 prevé que “las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladados a la tarifa final al usuario, de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista bajo el mecanismo, en los plazos y con la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitación”. Por todo esto es que Iguacel decidió que, ante la devaluación, las diferencias por la compra de gas en los contratos de distribuidoras y productoras debían compensarse.

 

En el entorno de Macri creen que la decisión es un golpe certero a la clase media, que se va a pagar con menos apoyo. 

 

Cuentan en el Gobierno que las empresas se enteraron con la decisión ya tomada y se alzaron en armas por el problema que las enfrentó, cuando el problema se había generado por un error de política económica (la devaluación). En Casa Rosada, en tanto, se preocupan por la unilateralidad de Iguacel, que rememoró a las andanadas de Aranguren. De hecho, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, “no estaba 100% al tanto de la idea final”.

De todos modos, el principal malestar del Gobierno con Iguacel es más mediático y político que técnico. “Podría haberlo explicado de otra manera, menos chicanero, y como un aumento más”, confió una fuente de su propia cartera. La bronca viene, incluso, desde antes, cuando el funcionario dijo que los aumentos no serían superiores al 30%, siendo que hoy, con el plus, ya suman cerca de 70% de suba en el año.

Todo ese cóctel de desaciertos y anuncios de subas afectan, según el Gobierno, la perspectiva de construcción de votantes de cara al 2019. “Es un golpe más a la clase media, y este es más feo”, explicaron desde uno de los ministerios que mantienen línea crítica a la gestión de Energía. ¿Por qué es feo para el Gobierno? Porque se blanquea, por primera vez, un favorecimiento directo desde el usuario al sector privado, un subsidio del consumidor a empresas que dicen haber perdido ante la devaluación. Naturalmente, esa misma devaluación es la que licuó salarios de los consumidores que ahora son obligados a pagar en 24 cuotas las pérdidas ajenas.

En este contexto, y ante la reciente denuncia penal que estableció el fiscal Guillermo Marijuan, el Gobierno vive con preocupación la escalada de una historia que llega en el momento más crítico de la economía y que promete impactar en la faz política. Además de tratarse de “una crisis a la que no le vemos el fin”.

Para el Gobierno, Iguacel actuó solo, comunicó mal y desató una crisis sin fin

Decidió el plus gas en tándem con Enargas y Dujovne se enteró sobre la marcha. Creen que la medida termina de quebrar la paz con la clase media y podría ser la espada de Damocles del funcionario.

La deuda de 10.000 millones de pesos que existe entre las distribuidoras de gas y los generadores cumplió seis meses. Se vino acumulando desde los años del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y se instaló en medio del proceso del flamante secretario del área, Javier Iguacel. Por qué no se resolvió antes, cuando el monto era menor, tiene una única respuesta: “cuestiones y tiempos políticos”, cuentan en el entorno del ex titular de Vialidad Nacional, quien decidió en soledad, junto a Mauricio Roitman, titular del Enargas, saldar esa diferencia cobrándole a los usuarios residenciales 24 cuotas únicas.

En el Gobierno entienden que la determinación, aunque sustentada en contratos y temas legales, llega a destiempo, de manera inconsulta y mal comunicada. Situación que para Cambiemos amenaza con espiralizar una crisis en el segmento más sensible para el oficialismo: la clase media que lo empujó a un triunfo en 2015.

 

 

La decisión es "técnicamente correcta", pero “políticamente inconveniente”, rezan en Casa Rosada. “Dispónese en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio reconocido en las tarifas de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)  instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019”, dice el texto oficial”, destacaron en el Boletín Oficial.

En paralelo, el Gobierno aclaró que la Ley Nº 24.076 prevé que “las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladados a la tarifa final al usuario, de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista bajo el mecanismo, en los plazos y con la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitación”. Por todo esto es que Iguacel decidió que, ante la devaluación, las diferencias por la compra de gas en los contratos de distribuidoras y productoras debían compensarse.

 

En el entorno de Macri creen que la decisión es un golpe certero a la clase media, que se va a pagar con menos apoyo. 

 

Cuentan en el Gobierno que las empresas se enteraron con la decisión ya tomada y se alzaron en armas por el problema que las enfrentó, cuando el problema se había generado por un error de política económica (la devaluación). En Casa Rosada, en tanto, se preocupan por la unilateralidad de Iguacel, que rememoró a las andanadas de Aranguren. De hecho, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, “no estaba 100% al tanto de la idea final”.

De todos modos, el principal malestar del Gobierno con Iguacel es más mediático y político que técnico. “Podría haberlo explicado de otra manera, menos chicanero, y como un aumento más”, confió una fuente de su propia cartera. La bronca viene, incluso, desde antes, cuando el funcionario dijo que los aumentos no serían superiores al 30%, siendo que hoy, con el plus, ya suman cerca de 70% de suba en el año.

Todo ese cóctel de desaciertos y anuncios de subas afectan, según el Gobierno, la perspectiva de construcción de votantes de cara al 2019. “Es un golpe más a la clase media, y este es más feo”, explicaron desde uno de los ministerios que mantienen línea crítica a la gestión de Energía. ¿Por qué es feo para el Gobierno? Porque se blanquea, por primera vez, un favorecimiento directo desde el usuario al sector privado, un subsidio del consumidor a empresas que dicen haber perdido ante la devaluación. Naturalmente, esa misma devaluación es la que licuó salarios de los consumidores que ahora son obligados a pagar en 24 cuotas las pérdidas ajenas.

En este contexto, y ante la reciente denuncia penal que estableció el fiscal Guillermo Marijuan, el Gobierno vive con preocupación la escalada de una historia que llega en el momento más crítico de la economía y que promete impactar en la faz política. Además de tratarse de “una crisis a la que no le vemos el fin”.