Un equipo de abogados de General Belgrano presentará el lunes próximo un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Dolores exigiendo la inconstitucional del decreto que posibilitó la quita de pensiones graciables a personas con invalidez. La medida reunirá más de sesenta casos de beneficiarios que, en la presentación de requisito, habían acreditado algún tipo de discapacidad.
Si bien la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, negó días atrás la autorización de un recorte masivo de pensiones para los discapacitados, lo cierto es que se han hecho público una gran cantidad de denuncias que dan cuenta de beneficios suspendidos sin previo aviso.
Ante este escenario, en el distrito bonaerense de General Belgrano se trabaja en la presentación de un “amparo colectivo con el fin de pedir la inconstitucionalidad del decreto por el que le dieron de baja las pensiones y para que se retrotraiga la situación”, detalló a Letra P el abogado patrocinante Julio Torrada.
“Mucha gente empezó a llamar para denunciar que había ido al Banco y que se había encontrado con que le habían bajado la pensión por discapacidad”, indicó el letrado, quien remarcó que los beneficiarios no habían sido notificados previamente y que se trata de casos que habían acreditado, con certificados, tener algún tipo de discapacidad.
La presentación se hará ante el Juzgado Federal de Dolores a cargo del juez Alejandro Ramos Padilla e incluirá a más de sesenta casos de Belgrano y de otros distritos de la región.
En este sentido, Torrada puntualizó que no se trata sólo de personas que perdieron el beneficio en junio, sino que hay casos que “dan cuenta que desde hace unos meses que no tienen la pensión”.
Sobre las argumentaciones del Gobierno, que habló de “utilización política de las pensiones, generando clientelismo”; Torrada sostuvo que “posiblemente haya casos en que el beneficio estaba dado a personas que no lo necesitan, pero este no es el caso. Todos acreditan, con certificado, tener algún tipo de discapacidad”.
Además, el abogado apuntó a la forma en que los beneficiarios fueron notificados de la suspensión de la pensión. “Cuestionamos el procedimiento porque el Estado sin previo aviso le quitó el beneficio, poniendo a las personas en un estado de desamparo y vulnerabilidad, obligándolos a demostrar, nuevamente, que necesitan el beneficio”.
Cabe recordar que el Gobierno se basó en el decreto 432 para avanzar con esta quita, que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión.