El responsable político de la Policía de la Ciudad pidió “esperar” la resolución del juez Ricardo Farías y recordó que Potocar no se encuentra procesado y que se sometió a derecho una vez regresado de sus vacaciones por Estados Unidos. En ese sentido, defendió la gestión en Seguridad: “Nunca jamás en la historia de la policía, una oficina de transparencia hizo lo que hizo la nuestra. Esto no sucedía con Asuntos Internos”. Y subrayó que "todo policía responsable de un caso de corrupción va preso y el policía que comete delito se va".
Con una extensa defensa de la gestión de la Policía porteña, el secretario porteño abrió la reunión que se realizó en el Salón Perón del edificio ubicado en Perú 160. Acto seguido, empezó a desglosar el caso en el que quedó envuelto Potocar y remarcó que la denuncia se origina en dos acontecimientos distintos: una misiva firmada por vecinos de los barrios en cuestión y una denuncia anónima presentada en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich.
Esa información alertó a la fiscalía de Campagnoli a cerca de un circuito de recaudación paralela diseñado por la Comisaría N°35. Esa red incluía pedido de coimas a comerciantes a cambio de “seguridad VIP” y protección a trapitos. Tiempo después, el Gobierno porteño decidió apartar a oficiales involucrados y el titular de esa dependencia, Norberto Villareal, se dio a la fuga, situación que motivó un pedido de captura tramitado por Interpol.
D’Alessandro sostuvo que Potocar regresó el 21 de abril de vacaciones y que al día siguiente Rodríguez Larreta y el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, firmaron el decreto para “suspenderlo” provisoriamente con el fin de que avance la investigación. Además, el jefe policial debió entregar armas, teléfono y credenciales, para luego presentarse a declarar.
El secretario de Seguridad pidió “esperar” la resolución judicial para hablar de Potocar y recordó que no se encuentra procesado. Además, marcó que “si es declarado inocente” la posibilidad de que vuelva a conducir la Policía local dependería de “si está dispuesto” porque “es un tema complejo, que hablará con su familia”.
Ante los cuestionamientos políticos por no haber designado a un civil al frente de la fuerza, D’Alessandro explicó que el jefe de la Policía local tiene rango de subsecretario porteño y cumple funciones dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad. En torno a la posibilidad de buscar un reemplazo o de ratificarlo en el puesto, indicó que “la decisión la tomará el jefe de Gobierno”. “Estamos a la espera de la resolución judicial, que creemos que será rápida”, agregó.
Sobre las consultas en torno a la vacancia de la jefatura advirtió que como secretario de Seguridad tiene “el control político” pero que “hay un subjefe” – Carlos Kervorkian- con quien trabaja a diario.
Por otra parte, para ahondar sobre la investigación, contó que un oficial federal con identidad reservada reveló ante la Justicia el sistema de recaudación y el pedido de coimas a comerciantes, pero que cuando se allanó la Dirección General de Comisarías (que hasta enero de 2016 dirigió Potocar) “no se encontró nada referido a Potocar” y la causa en cuestión.
Según la causa, quien involucra al jefe policial en este entramado es el subcomisario Hernán Kovacevich. “En diciembre de 2016 pidió el pase a la Federal y fue designado en el Departamento de Drogas Peligrosas”, informó D’Alessandro. Tres meses después informa a la Justicia sobre el método y el sistema de recaudación.
“Es llamativo que se le dictara falta de mérito y la Federal no decidió pasarlos a disponibilidad”, evaluó el secretario. Según D’Alessandro, “todos los efectivos de la Ciudad involucrados en la causa fueron pasados a disponibilidad”.
“La seguridad no tiene banderías políticas. La vamos a construir entre todos. Agradezco la seriedad con la que se desarrolló la sesión”, concluyó D’Alessandro, que se retiró escoltado por la vicepresidenta primera de la Casa, Carmen Polledo, que lo condujo hacia el exterior del salón para agradecerle y felicitarlo por la visita.
Intercambio con la oposición. La defensa que ensayó D’Alessandro sobre el trabajo de la Policía de la Ciudad la vertió durante la alocución inicial, pero también dilapidó datos a la hora de responder los interrogantes de la oposición. El oficialismo ofreció cinco minutos por cada orador y comenzaron las consultas y cuestionamientos.
El peronista Gabriel Fuks hizo hincapié en la designación de Potocar y en los “incumplimientos” de la Ley N°5688, que creó y estructuró la Policía de la Ciudad, creada tras la fusión de la Policía Federal y la Metropolitana.
El edil de la Corriente Nacional de la Militancia habló de una “negociación corporativa entre dos fuerzas en pugna” que llevó a que el Gobierno porteño nombré a Potocar, ex director General de Comisarías y hombre con más de 35 años en la Federal, cuya trayectoria en el PRO califican como “intachable”. También, Fuks cruzó al oficialismo por el programa “comisarías cercanas” porque la normativa votada propone foros de participación ciudadana. “No está mal el programa, pero no es lo que votamos”, advirtió.
Según D’Alessandro la Policía de la Ciudad se puso en funcionamiento siguiendo el “estándar alto” de la Metropolitana y por eso se continuó con los programas de “acercamiento” entre policías y vecinos. “Decidimos dejar de interpretar al vecino y propusimos ir a verlo para conocer sus preocupaciones. Le pusimos la cara a la Seguridad porque los porteños no conocían a sus comisarios”, explicó.
El funcionario porteño reconoció que a lo largo del 2016 se abrieron “muchísimos” sumarios, pero que eso permitió conocer el estado real de las comisarías. “Se resolvió cambiar y rotar a los 54 titulares de las comisarías”, aclaró.
“La policía tiene el ADN de la vieja y sospechada Federal”, criticó el legislador del Partido Obrero Marcelo Ramal y reclamó los libros de actas de todas las comisarías porteñas para “análisis y revisión”, así como también los legajos de comisarios y subcomisarios.
El legislador Gustavo Vera, que en la semana denunció por enriquecimiento ilícito al ministro Ocampo, pidió que el Gobierno remita a la Comisión de Seguimiento del Traspaso las declaraciones juradas de los efectivos de seguridad. El secretario de Seguridad indicó que se trata de una “obligación” de la legislación actual y que la Policía Metropolitana también lo hacía.
Consultado por el rol de Guillermo Calviño, ex jefe de la Federal traspasada, el secretario de Seguridad marcó que “en las tres causas tramitadas fue declarada la falta de mérito” y que actualmente “no tiene ningún cargo, ni está nombrado en ningún estamento”.
El presidente de la Comisión de Seguimiento, el diputado del PRO Francisco Quintana, adelantó que el cuerpo parlamentario se reunirá la semana siguiente para acordar la metodología y el funcionamiento. Además, confirmó que entre el miércoles o el jueves de la semana que viene volverán a sesionar para dar curso a una serie de proyectos y consultas que los legisladores vertieron el viernes ante D'Alessandro, pero que no estaban relacionados con la causa ni con Potocar.