La cadena de farmacias Farmacity sigue hallando el terreno para un virtual desembarco en tierra bonaerense. Mientras espera un fallo de la Corte Suprema que habilite su despliegue en la provincia que gobierna María Eugenia Vidal, este jueves los diputados de Cambiemos decidieron no tratar sobre sobre tablas, y pasar a comisión, un proyecto que declara taxativo el artículo 14 de la ley 10.606, que es el que regula cuáles son los tipos de sociedades y firmas son las que pueden instalar farmacias.
La iniciativa fue impulsada por el massista Lisandro Bonelli y contaba con el lobby del Colegio de Farmacéuticos. Pide declarar como taxativo al artículo 14 de la ley 10.606 que regula el funcionamiento de las farmacias. Este punto establece que "serán autorizadas las instalaciones de farmacias cuando la propiedad sea de profesionales farmacéuticos con título habilitante; Sociedades Colectivas o Sociedades de Responsabilidad Limitada, integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia; Sociedades en Comandita Simple formadas entre profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia y terceros no farmacéuticos, actuando éstos últimos como comanditarios, no pudiendo tener injerencia en la dirección técnica; establecimientos Hospitalarios públicos dependientes de la Nación, Provincia o Municipios; de las Obras Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales que desearen instalar una Farmacia para sus asociados con la dirección técnica efectiva personal de un farmacéutico". Estas características no contemplan a Farmacity, que es una sociedad anónima.
Pese a los fallos judiciales en contra, la empresa -cuyo presunto ex Ceo es el actual vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana- había pedido aggiornar la legislación bonaerense. A la par, espera el visto bueno de la justicia para competir en los negocios de venta de medicamentos de igual a igual con el resto de farmacias bonaerenses.
Con este cuadro de situación, distintos colegios de farmacéuticos empezaron a tender puentes con legisladores de la oposición para resguardar la legislación vigente e impedir alguna modificación.
El Colegio de Farmacéuticos bonaerense se muestra reticente a la llegada de la cadena Farmacity. Es que que como entidad profesional perdería la capacidad que tiene actualmente: definir quién puede abrir una farmacia o no, siempre en el marco de la ley 10.606.
Si bien no hay hasta el momento proyectos legislativos que modifiquen el artículo 14 y permita que las Sociedades Anónimas puedan abrir farmacias, este jueves la Cámara de Diputados dio una primera señal que fue rechazar la iniciativa de Bonelli, que contaba con el respaldo del bloque del Frente para la Victoria. El diputado de ese espacio, Avelino Zurro, había impulsado algunos proyectos de declaración manifestando su preocupación ante la posible instalación de Farmacity en el mercado bonaerense.
En la última sesión ordinaria, el deseo de la oposición chocó con el número de legisladores de Cambiemos más los bloques aliados que no dieron lugar al tratamiento sobre tablas del proyecto que finalmente fue girado a comisión.
Bonelli hizo uso de los cinco minutos que se otorga en la sesión ante los proyectos rechazados para manifestar que "Farmacity ha presentado recursos en instancias provinciales, todas han sido rechazadas y ahora entró en la Corte Suprema nacional. Ante el avance de esta multinacional que quiere meterse en la venta y distribución de medicamentos es que buscamos proteger a la actividad farmacéutica de la provincia de Buenos Aires”.
Además explicó que “lo que estamos discutiendo es el acceso al medicamento, vivir o no vivir. Si entra una Sociedad Anónima te distorsiona el mercado, lo monopoliza, lo oligopoliza, eso significa que maneja el precio y no van a lugares que no haya rentabilidad, por lo que muchos vecinos de la provincia de Buenos Aires no podrían tener acceso a los medicamentos".
Por su parte, la gobernadora y distintos funcionarios bonaerenses hasta el momento optaron por no pronunciarse sobre el desembarco o no de Farmacity y de esta manera evitar tomar posición. “Nunca hablé con la Corte por este tema ni lo voy a hacer”, había dicho en el mes de octubre la mandataria provincial
