La Justicia remarcó que no se probó la connivencia con las organizaciones sociales. La provincia actuó como querellante. La historia y los argumentos del fallo.
Pelosso es la jueza de Garantías que intervino en la causa Viento Sur en Neuquén.
Los exministros de Desarrollo Social del último gobierno del MPN en Neuquén, Abel Di Luca y Germán Chapino, fueron sobreseídos en la causa Viento Sur, en la que se los acusaba de haber cometido una defraudación al Estado a través de un programa de capacitación laboral a integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
La jueza de Garantías, Natalia Pelosso, aseguró en su veredicto que la imputación contra los funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez, que formuló el fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, “hace agua, se resquebraja, no cuenta con fundamento mínimo para sostener su hipótesis” y expuso “imprecisiones de relevancia” sobre los hechos. La Provincia había adherido a los cargos y actuó como querellante a través de la fiscalía de Estado.
En la misma investigación había otros seis imputados pertenecientes a la cooperativa de trabajo Viento Sur con la que el ministerio había firmado un convenio de capacitación y que recibieron fondos públicos. A cinco de ellos se les aplicará la suspensión del proceso a prueba, lo que comúnmente se conoce como probation, por un año y seis meses, y sólo el dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, deberá ir a juicio oral por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La historia comenzó en 2024. El gobierno de Rolando Figueroa denunció en julio de aquel año que el Ministerio de Desarrollo Social de Gutiérrez había otorgado fondos a organizaciones sociales, pese a las observaciones sobre irregularidades en los rendimientos que hacía la Contaduría General de la provincia.
El caso generó un gran impacto público ya que la policía realizó un megaoperativo con 14 allanamientos en barrios populares y detuvieron a una decena de mujeres.
En ese momento ya estaba abierta la causa por la estafa con planes sociales, que involucró al mismo ministerio en un desvío millonario por un monto histórico de $153.377.900. El destino de este dinero fue a financiar ilegalmente al MPN, según consta en la sentencia condenatoria del tribunal de juicio. Esto le valió la renuncia del cargo a Di Luca, que luego fue reemplazado por Chapino.
Dos años después de iniciada la investigación, la fiscalía y la querella intentaron llevar a juicio a ambos exfuncionarios luego de haberlos acusado de defraudar al Estado, en connivencia con la cooperativa de trabajo Viento Sur. Para eso se habrían valido de un programa para personas en estado de vulnerabilidad social y económica, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo era lograr la inserción al mercado laboral y/o emprendimientos de la economía social.
Esta política se había creado luego de la pandemia de coronavirus y en el contexto de numerosas protestas, que incluyeron cortes de calles en el centro de Neuquén, en reclamo de puestos de trabajo. Las protagonizaban agrupaciones como el FOL y el Polo Obrero, dos de las que integraban Viento Sur junto al CTEP y el Frente Darío Santillán-UTEP, entre otras.
El 18 de agosto de 2022 Gutiérrez firmó el decreto 1672 que creó el programa. Otorgaba aportes no reintegrables a las organizaciones con el fin de que capacitaran a sus integrantes, generalmente lo hacían en oficios, para que estuvieran mejor preparados y consiguieran empleo. Tenían que cumplir con una serie de requisitos, remitir un padrón de beneficiarios a los que se les iba a asignar un monto de dinero y enviar las planificaciones con las formaciones que se iban a dictar.
En el convenio que se firmaba con cada organización quedaba claro el clima social que atravesada la provincia. En el último punto se aclaraba que ante “desacuerdos, diferencias o faltas de entendimiento que puedan surgir” de la aplicación debían resolverlo directamente “sin llevar adelante medidas de reclamo que afecten el orden público”.
En la realidad funcionaba como un plan social, ya que la cooperativa debía enviar un listado de beneficiarios que recibirían una suma de dinero, además de la capacitación.
Tanto Vignaroli como el abogado Gustavo Kohon, en representación de la fiscalía de Estado, aseguraron que hubo una mala administración de los fondos que comenzó el 18 de julio de 2022 y culminó el 22 de diciembre de 2023, y que esta había causado un perjuicio económico al erario por $1.208.657,600.
Plantearon que los funcionarios ordenaron los desembolsos sin hacer los controles, que las capacitaciones no se concretaron, sino que ese dinero se utilizó ese dinero con otros fines, como el de pagar "sueldos" de los beneficiarios, comprar vehículos, terrenos, crear plazos fijos, cubrir gastos administrativos. También que se aceptaron rendiciones de cuenta “por fuera del objeto del programa con documentación falsa”.
"Es un hecho de corrupción importante que involucra dinero del Estado, que estaba destinado a un fin determinado y fue utilizado con cualquier fin", insistió Vignaroli.
La jueza, que tenía que definir si elevaba la causa a juicio, cuestionó en duros términos el trabajo de los acusadores. Remarcó que Di Luca se limitó a refrendar el decreto del gobernador y que si esa norma era ilícita debió haberse imputado al propio Gutiérrez. Sostuvo que el deber de verificación de los pagos correspondía a la Contaduría de esa provincia de la Patagonia.
Respecto a Chapino, indicó que ni siquiera firmó el decreto, sino que le dio continuidad al programa como política del ministerio. Dijo que los informes desfavorables sobre los rendimientos no les fueron notificados personalmente.
Señaló que, tras la asunción de Figueroa, la gestión de Lucas Castelli mantuvo los desembolsos hasta el 22 de diciembre; sin embargo, subrayó, el actual funcionario no fue imputado sino ofrecido como testigo. "No existió ningún plan previo. El pago fue lo que los ministros debían hacer: una actividad propia de su función en relación con el programa en cuestión", afirmó la magistrada.
Enfatizó en que "no ha sido sencillo tomar esta decisión", pero que su rol no es "salvar o sostener el evidente trabajo no ajustado a derecho de la acusación. Mi función aquí es velar por el respeto irrestricto de las garantías constitucionales".
Di Luca ya fue condenado como jefe de una asociación ilícita en la causa de planes sociales.
En cuanto a la cooperativa, la jueza postuló que había elementos para que Mauro fuera a juicio por el manejo que hizo de los fondos otorgados por el ministerio.
Respecto de la tesorera de Viento Sur, Sonia Barrios, y Lilian Larrosa Velázquez, vocal primera y secretaria después, descartó que fueran co-autoras. Agregó que en todo caso habían tenido una participación primaria en el delito, a las órdenes de Mauro, y les concedió la probation.
El mismo temperamento tomó con tres referentes del Polo Obrero: la exdiputada provincial, Gabriela Suppicich, el actual concejal de Neuquén Federico Sánchez y Betsabé Valencia Navarrete. Señaló que su participación había sido secundaria por la devolución de descuentos a los beneficiarios incluidos en el padrón de rendiciones.
Explicó que la controversia estaba en el destino que se le dio al dinero. Expuso que el ministerio público y la fiscalía de Estado reconocieron que el 93% de esos fondos fue al pago de sueldos a los propios integrantes de la organización social. "Pretenden juzgar a quienes a simple vista se puede observar intentaron entregar una cuota de paz al abonar sueldos a sus pares", mencionó la jueza, que consideró que "nadie se enriqueció, nadie cambió de estilo de vida. Sin trabajo no hay salario, sin salario no hay alimento, no hay vestimenta, no hay calefacción".
La jueza hizo hincapié en que la fiscalía de Estado intentó emparentar este caso con la corrupción que implica desviar fondos públicos para que vayan a vehículos de alta gama, mansiones en barrios privados, relojes caros, viajes, designaciones en el Estado de familiares y amigos sin evaluación de idoneidad más allá que los vínculos, o beneficiar a conocidos con contratos de servicio.
"¿Si cuando el dinero va a algo tan básico como el salario de su mismo grupo de pertenencia, aun cuando ese fin era otro, reviste el mismo grado de gravedad de la corrupción? Claramente esto debió haberse valorado y no sucedió", respondió Pelosso, sobre la oposición de la fiscalía a que accedan a la probation.
Vignaroli anticipó a la salida de la audiencia que impugnará la resolución. Entendió que la magistrada hizo una valoración propia y que se excedió con las adjetivaciones sobre el trabajo de la acusación. Repitió que tiene la "íntima convicción" de que "se inventó" el programa "para alimentar económicamente a una organización social" y que de esto participó el exgobernador Gutiérrez, pero no tiene "evidencia" para demostrarlo.
Los defensores se mostraron satisfechos en general con el veredicto y acusaron "una persecución política a quienes están en las calles luchando por sus derechos".
