Neuquén: comenzó el juicio que apunta contra exfuncionarios del MPN y jaquea a la política provincial
El proceso se extenderá hasta septiembre. Investigan una supuesta una asociación ilícita integrada por funcionarios, empleados públicos y particulares.
El proceso judicial se inició el lunes a las 8.30 en la sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén.
El juicio por el desvío de fondos de planes sociales en Neuquén puso en el centro de la escena a exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social provincial durante las gestiones del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Están acusados de apropiarse de más de $153 millones. Entre los imputados figuran dirigentes, empleados públicos y beneficiarios.
Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P.
El proceso judicial se inició el lunes a las 8.30 en la sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén, en medio de una gran expectativa y tensión política. Uno de los catorce acusados, Fernando Cardozo Regidor, participó por Zoom, luego de que su defensora alegara ataques de pánico.
El juicio se extenderá hasta septiembre, razón por la cual marcará el pulso de casi toda la campaña rumbo a las elecciones de octubre, las primeras que tendrá al MPN afuera de la cancha en casi 65 años.
La mira sobre el MPN
Según la fiscalía, entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022 se desarrolló una asociación ilícita con estructura piramidal, integrada por funcionarios, empleados públicos y particulares. La maniobra consistía en administrar y cobrar fraudulentamente asignaciones destinadas a personas desocupadas.
El monto del fraude fue de $153.377.900 en cifras históricas, aunque la fiscalía estima que el perjuicio total superó los 1000 millones de pesos. El fiscal jefe Pablo Vignaroli no dudó en afirmar que “el dinero se usó para la política y para mantener al Movimiento Popular Neuquino”. Lo dijo abiertamente, durante su intervención central de la primer jornada del juicio.
La acusación incluye 9.303 hechos de estafa y apunta a que la estructura tenía cinco niveles: los jefes, los colaboradores, la reclutadora, los recaudadores y los beneficiarios directos.
Juicio planes sociales en Nequén
Las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara junto a el fiscal del caso Juan Narvaez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli.
Durante el alegato de apertura, Vignaroli fue contundente en su planteo: el objetivo de la organización era “mantener el poder del MPN”. El juicio continuará durante varias semanas, y la fiscalía anticipó que solicitará penas de prisión efectiva para todos los involucrados.
El tribunal está compuesto por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla. La defensa de Fernando Cardozo Regidor logró que se le permita declarar de manera virtual, acompañado de una psicóloga.
Cómo funcionaba la red de planes sociales en Neuquén
La investigación señala que en el primer nivel se encontraban Ricardo Soiza, exdirector general de Gestión de Planes Sociales; Néstor Pablo Sanz, Marcos Ariel Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengentharler. Ellos dirigían la maniobra desde el interior del Ministerio de Desarrollo Social.
Según el fiscal Juan Narváez, a los beneficiarios se les gestionaban tarjetas de débito que no quedaban en sus manos. Los punteros políticos conservaban los plásticos y extraían los fondos mediante operaciones en “ráfaga” en cajeros del Banco Provincia de Neuquén.
Se detalló que algunos de los involucrados utilizaron ese dinero para fines personales, desde compras de lotes en Plottier hasta inversiones comerciales, como la apertura de un centro de estética.
Testimonios clave y ruta del dinero
Durante el juicio, declararán empleados del Ministerio que, según la fiscalía, fueron presionados para facilitar los trámites bancarios y de acreditación. Además, se presentarán pruebas aportadas por peritos contables, videos de cajeros y escuchas telefónicas que permitirían reconstruir el recorrido del dinero público.
También se incluirán testimonios de los efectivos de la Policía que realizaron allanamientos en oficinas públicas y domicilios particulares, y que recolectaron evidencia digital como teléfonos celulares y computadoras.
El objetivo será demostrar que la estructura del Estado provincial facilitó el funcionamiento de una red clientelar que, en lugar de asistir a personas vulnerables, fue utilizada con fines partidarios.