Encara un 2025 electoral con la Suprema Corte debilitada y más de 800 vacantes judiciales. El parate legislativo podría ser más extenso con comicios desdoblados.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
El 2024 concluyó dejando grandes desafíos para el gobernador Axel Kicillof en el ámbito de la política judicial, marcados por el debilitamiento estructural de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) y la persistente crisis de vacantes en la magistratura que se evidenció durante el último año.
La renuncia de Luis Genoud el 4 de abril profundizó el deterioro del máximo tribunal, que actualmente opera con solo tres miembros: Hilda Kogan –quien ya podría jubilarse–, Fernando Soria y Sergio Torres. Aunque la Cámara de Casación asiste en algunos casos, la situación evidencia la debilidad institucional del organismo.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la SCBA debe contar con siete integrantes. Sin embargo, la falta de consensos políticos en el Senado ha bloqueado las designaciones necesarias. El 2025 será electoral, por lo que podría profundizar los problemas de la administración bonaerense ya no sólo para buscar acuerdos sino, directamente, para que no haya un importante receso legislativo. Por la cabeza del gobernador ronda la idea de desdoblar los comicios, lo que haría el cronograma electoral aún más extenso.
El oficialismo, sin mayoría suficiente en el recinto de la cámara alta, enfrentó hasta ahora dificultades para avanzar en las negociaciones judiciales. Este estancamiento también afecta instancias clave, como la vacante del Subprocurador General y la eventual remoción del procurador Julio Conte Grand, señalado por el oficialismo como un legado problemático de la gestión de María Eugenia Vidal.
A pesar de este contexto, uno de los logros destacados de la gestión Kicillof en 2024 fue la designación de más de 160 magistrados en distintos fueros judiciales. Sin embargo, esta cifra apenas alivia un problema estructural: a septiembre de 2024, había 851 cargos vacantes en la magistratura bonaerense, según datos oficiales. Esta crisis demanda una política sostenida para cubrir los puestos esenciales y garantizar el funcionamiento del sistema judicial en el distrito más importante del país.
En noviembre, el Ejecutivo provincial presentó al Senado 205 nuevos pliegos para su tratamiento. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos revisó los expedientes en tiempo récord, en solo tres días. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos postergó las designaciones hasta 2025, un año marcado por la baja actividad legislativa debido al calendario electoral. Este retraso amenaza con paralizar los avances logrados y perpetuar las dificultades en el servicio de justicia.
De cara a 2025, Kicillof enfrenta un escenario complejo. La necesidad de alcanzar consensos en un Senado sin mayoría oficialista requerirá habilidad política y capacidad de negociación. La cobertura de las vacantes en la SCBA y en otros niveles de la magistratura será clave para fortalecer un sistema judicial eficiente y equitativo.
Además, la remoción del procurador Julio Conte Grand sigue siendo un punto de tensión. Mientras el oficialismo lo ve como un obstáculo, la oposición lo considera una figura clave para la política criminal provincial. Cualquier acción en este sentido dependerá de mayorías que, hasta ahora, parecen inalcanzables en el Senado.
El año 2024 dejó avances y retrocesos en la política judicial bonaerense. El nuevo año será determinante para consolidar los logros y superar los desafíos pendientes. Kicillof deberá encontrar un delicado equilibrio entre las negociaciones políticas y la implementación de medidas concretas para responder a las demandas de la justicia en la provincia más poblada de la Argentina.