El máximo tribunal funciona con sólo tres miembros. En 2026, el gobernador y la Legislatura deberán pulsear para definir quiénes ocuparán las vacantes.
La Suprema Corte continúa siendo la gran asignatura pendiente del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. Tras las designaciones de cargos en 2025 que aliviaron el déficit de magistrados en primera y segunda instancia, la cobertura de cuatro vacantes en el máximo tribunal es uno de los objetivos centrales de Axel Kicillof para el próximo período.
El origen de esta parálisis es histórico: vacantes por fallecimientos, renuncias y jubilaciones que no fueron cubiertas durante años dejaron al máximo tribunal con tres miembros, una situación que persiste y que el Ejecutivo provincial busca corregir.
Por estas razones, la cobertura de las cuatro sillas vacantes se convirtió en un tema central de la agenda judicial y política. El Ejecutivo provincial, el ministro de Justicia y la Legislatura comenzaron a coordinar posiciones para intentar avanzar con el nombramiento antes de la feria judicial de julio de 2026. El diálogo, si bien tensionado, busca alcanzar acuerdos básicos sobre criterios de género y composición política de los futuros integrantes del Tribunal.
Desde hace meses, el proceso de definición de quienes podrían integrar la Suprema Corte fue un terreno fértil para la circulación de nombres que en distintos momentos estuvieron en la consideración de actores políticos y judiciales. En 2024 y 2025, surgieron postulaciones como las de la jueza Florencia Budiño, quien por su rol al frente del Tribunal de Casación bonaerense fue mencionada como figura capaz de cubrir una de las vacantes en el máximo tribunal.
También se mencionó a la entonces jueza del Juzgado Contencioso Administrativo 4 de La Plata, María Ventura Martínez, con el respaldo de ciertos actores del entorno institucional; a la concejala marplatense Marina Sánchez Herrero, con trayectoria en el Consejo de la Magistratura nacional; al juez de Casación Víctor Violini y a Ulises “Coco” Giménez, quien se desempeña al frente de la Secretaría de Enjuiciamiento a Magistrados del Senado, con vínculos tanto con el oficialismo como con sectores opositores.
Además, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Berri, y el secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, Claudio Yacoy, fueron mencionados como opciones en múltiples conversaciones. También se barajó el nombre de la abogada Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia y con historia de propuestas en otros ámbitos judiciales, aunque con resistencias en ciertos sectores.
A pesar de esos nombres que circularon con fuerza en distintas etapas de la discusión, hasta el momento ninguno logró consolidarse de manera definitiva como candidato o candidata para integrar la Corte. Las condiciones políticas cambiantes, la necesidad de acuerdos en la Legislatura y las prioridades estratégicas de cada fuerza política llevaron a que varias de esas figuras queden hoy rezagadas en la mesa de discusión.
Un nuevo actor aparece en el ecosistema de posibles postulaciones: el exfiscal de La Plata Marcelo Romero, alineado con el espacio libertario bonaerense. Su nombre se sumó recientemente a la lista de aspirantes promovidos desde sectores externos al peronismo tradicional, ampliando así el abanico de candidaturas con visiones y trayectorias diversas. La inclusión de Romero refleja, en parte, la configuración política más amplia que atraviesa la discusión sobre la Corte.
Voceros de la Suprema Corte señalaron que hasta el momento no se registró contacto con los ministros que integran el máximo tribunal para conocer su opinión sobre los nombres que circulan en ámbitos mediáticos y políticos. Esa ausencia de interlocución con la Corte puede interpretarse como un indicador de que la “danza de nombres” está más influida por los deseos y necesidades de la política que por una verdadera consulta interna al órgano judicial sobre perfiles y prioridades. Esa dinámica sugiere que, aun con acuerdos políticamente posibles, la elección de los futuros integrantes del tribunal deberá sortear tensiones tanto internas al peronismo como con sectores opositores.
La Legislatura provincial, y en particular el Senado donde se requerirá la aprobación de los pliegos, se perfila como el espacio donde se definirá la suerte de estos postulantes en 2026. El avance de la discusión política en torno a la Suprema Corte bonaerense será un buen termómetro del grado de consenso que pueda alcanzarse entre el Ejecutivo y las distintas fuerzas representadas en la Cámara alta.