Uno dato relevante: la reactivación del circuito de cobertura de cargos en la justicia, con más de 200 designaciones. Negociaciones por la Suprema Corte.
Durante 2025, la gestión de Axel Kicillof transitó uno de los capítulos más intensos de su agenda institucional: el intento por recomponer un sistema judicial atravesado por años de vacantes, demoras en designaciones y tensiones políticas que condicionaron el funcionamiento de los tribunales bonaerenses.
Hubo movimientos concretos, acuerdos legislativos, decretos clave y una dinámica que empezó a revertir un escenario crítico, pero que aún muestra un déficit estructural difícil de resolver en el corto plazo.
Uno de los datos más relevantes del año fue la reactivación del circuito formal de cobertura de cargos judiciales. El primer hito se produjo en mayo, cuando el Senado bonaerense aprobó una tanda de 131 pliegos de jueces, fiscales y defensores. No fue una votación más: significó el primer gran gesto político del período para intentar descomprimir un sistema que arrastraba años de vacantes sin resolución.
Ese movimiento legislativo tuvo una continuidad decisiva en agosto. Hacia finales de ese mes, el Gobernador firmó los decretos de designación para más de 200 cargos judiciales de primera y segunda instancia, entre ellos los aprobados en mayo y también remanentes que arrastraban desde 2024. La magnitud del paso quedó reflejada en la publicación en pocos días de una batería de decretos que alcanzaron departamentos judiciales estratégicos como San Isidro, La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata y Mar del Plata.
Con esas tandas, la gestión Kicillof superó las doscientas designaciones efectivas en lo que va del año judicial, un número que no solo implicó cubrir espacios históricos sino también frenar el deterioro que año tras año provocan jubilaciones, renuncias y retiros de magistrados, estimadas entre 30 y 40 vacantes nuevas por período.
Pese a los avances, el cuadro de situación sigue siendo crítico. Se estima que aún restan cubrir alrededor de 330 cargos en todo el Poder Judicial bonaerense. Ese número adquiere una dimensión mayor si se considera que muchos de esos huecos impactan directamente sobre servicios esenciales: fiscalías, defensorías, juzgados de primera instancia y cámaras que, en numerosos casos, sostienen su funcionamiento con subrogancias o con esquemas temporales.
La diferencia entre la magnitud de los nombramientos y el volumen de vacantes pendientes explica dos dimensiones de la coyuntura judicial bonaerense: por un lado, la decisión política de avanzar; por otro, la profundidad de una deuda estructural que se fue consolidando durante años.
La cifra es además dinámica. El propio sistema fuerza una carrera permanente entre designaciones que llegan en tandas y nuevas sillas vacías que se generan todos los años. En ese contexto, 2025 marcó un punto de inflexión por volumen y por decisión política, pero también dejó en evidencia que el proceso no está cerrado.
Dentro de ese panorama, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires sigue siendo el punto más crítico y simbólico. El máximo tribunal continúa funcionando con solo tres miembros -Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres- sobre un cuerpo legal de siete integrantes. Ese escenario obliga a la Corte a recurrir permanentemente a jueces de Casación para integrar quorum y resolver causas, una situación excepcional que se volvió regla en los últimos años.
Durante 2025, el tema volvió a escena como uno de los grandes interrogantes del año judicial de Kicillof. A fines de diciembre, el Ejecutivo inició conversaciones políticas para intentar avanzar sobre las cuatro vacantes existentes. La cobertura de esos cargos quedó entrelazada con otra discusión de alto voltaje: las negociaciones para la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y, sobre todo, la autorización legislativa para que la Provincia tome deuda por cerca de 3.500 millones de dólares.
En ese marco de acuerdos complejos, tensiones internas y desconfianzas cruzadas, surgió un compromiso político: intentar completar las vacantes antes de la feria judicial de julio. El objetivo no solo apunta a recomponer el funcionamiento institucional del máximo tribunal sino también a ordenar un tablero de poder donde conviven presiones del peronismo en sus distintas vertientes, demandas opositoras y un equilibrio legislativo que no siempre acompañó los tiempos del Ejecutivo.
El año judicial de Kicillof no puede leerse por fuera de la trama política que lo rodea. La relación con la Legislatura estuvo atravesada por desconfianzas, movimientos tácticos y disputas abiertas incluso dentro del propio oficialismo. El Senado, ámbito clave para habilitar nombramientos, es a la vez escenario de la disputa entre el kirchnerismo y la vicegobernadora Verónica Magario. En Diputados, el veto de Kicillof a artículos del presupuesto de la Cámara tensionó la relación con sectores legislativos que buscaban garantizar autonomía financiera para 2026.
En ese clima, cada avance judicial requirió negociación. Las tandas de pliegos, la oficialización de designaciones y la reapertura del debate por la Suprema Corte se tejieron en ese contexto de equilibrio inestable, donde conviven la proyección política del Gobernador, la presión del kirchnerismo duro, el peso del massismo y el rol de la oposición, con un radicalismo atravesado por internas propias.
En términos estrictamente judiciales, 2025 mostró un movimiento que descomprimió parte de la parálisis. Hubo designaciones, firma de decretos, acuerdos legislativos y se recuperó volumen de cobertura. El sistema hoy funciona con mejores condiciones que a principios de año, aunque todavía por debajo de los estándares institucionales que demanda la estructura judicial más grande del país.
En paralelo, la deuda mayor permanece abierta: la Corte sigue incompleta, las negociaciones recién comenzaron a ordenarse y el tablero político que debe habilitar la cobertura de sus cuatro vacantes sigue cruzado por disputas que exceden lo estrictamente judicial.
El año judicial de Axel Kicillof puede leerse, así, como una combinación de avances concretos y desafíos pendientes. Un período en el que se empezó a resolver una pesada herencia de vacantes, pero en el que aún queda la tarea más compleja: completar el máximo tribunal y estabilizar definitivamente el funcionamiento institucional del Poder Judicial bonaerense.