Abogados emplazan a Axel Kicillof y al Senado a completar la Suprema Corte
Con apenas tres de los siete jueces que marca la ley, el máximo tribunal bonaerense funciona en estado de emergencia. Oportunidad única para el gobernador.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cabeza del Poder Judicial bonaerense, funciona desde hace años con apenas tres de sus siete miembros. Esa situación, que para muchos pasó a ser una postal de la inercia institucional, hoy genera una reacción inédita: un grupo amplio y transversal de abogados y abogadas de distintos departamentos judiciales presentará una petición colectiva dirigida al gobernador Axel Kicillof y al Senado bonaerense que conduce Verónica Magario para que se cubran de inmediato las vacantes.
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En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 60 mil abogados matriculados, pero no todos ejercen la profesión. El documento, que circula por mensajería y correo electrónico, convoca adhesiones bajo el lema de la “defensa del Estado de Derecho y la independencia judicial”. En la nota se sostiene que la falta de integración plena “desnaturaliza el carácter colegiado del máximo tribunal, afecta el principio del juez natural y vulnera la tutela judicial efectiva”.
El planteo, basado en los artículos 14 y 175 de la Constitución bonaerense, apunta directamente al Ejecutivo y al Senado como responsables del estancamiento. “La integración plena de la Suprema Corte es un acto de responsabilidad institucional impostergable que demanda la ciudadanía y el propio orden constitucional”, subraya el texto, al que accedió Letra P.
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, hoy: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres.
Argumentos jurídicos y políticos
El petitorio, elaborado por abogados de distintos foros profesionales, enumera una serie de argumentos jurídicos que buscan poner en evidencia la gravedad de la situación. Cita la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 5827), que establece que la Corte debe tener siete miembros, y advierte que el funcionamiento con sólo tres obliga a recurrir “de modo permanente al mecanismo excepcional de integración”, algo que “desnaturaliza su carácter extraordinario”.
El reclamo también alerta sobre una posible afectación del principio del juez natural, al subrayar que las continuas integraciones con magistrados ajenos al cuerpo, por más idóneos que sean, alteran la composición establecida por la ley y pueden comprometer la independencia del órgano.
Desde una óptica institucional, el escrito plantea que la actual composición “concentra poder en exceso”, limita la rotación de autoridades internas y pone en tensión la división de poderes. “El ejercicio del Poder Judicial por sólo tres ministros implica una concentración institucional incompatible con el principio republicano”, señala el documento, que agrega que la Corte cuenta con estructura y personal suficiente para acompañar a nuevos ministros.
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Axel Kicillof y un tema que heredó y lo persigue, las vacantes en la justicia bonaerense.
Un perjuicio directo para la ciudadanía
Más allá del debate normativo, el texto enfatiza que la falta de integración no es un problema interno del Poder Judicial, sino un perjuicio directo para la ciudadanía. Las causas que llegan al máximo tribunal -en especial las vinculadas con derechos laborales, previsionales y de responsabilidad estatal- sufren demoras estructurales.
“La demora en la designación de los ministros compromete el acceso a la justicia y genera incertidumbre en temas que impactan en la vida cotidiana de miles de personas”, dice la nota. Y, para reforzar el punto, recuerda el antecedente del caso “Spoltore vs. Argentina”, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado nacional por demoras estructurales originadas precisamente en la administración de justicia bonaerense.
El reclamo también pone el foco en la falta de pluralidad dentro del máximo tribunal. Según los firmantes, un tribunal completo “reflejaría mayor diversidad de visiones jurídicas, sociales y territoriales, reforzando la legitimidad del Poder Judicial”.
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Criterios de mérito y equidad
En su parte resolutiva, el documento insta al gobernador Kicillof a elevar de inmediato las propuestas de candidatos y candidatas, conforme al procedimiento constitucional, y al Senado a darles “tratamiento prioritario, con publicidad, transparencia y participación ciudadana”.
Entre los criterios sugeridos, el petitorio menciona mérito, idoneidad, equidad de género y pluralidad de especialidades jurídicas, en línea con estándares internacionales sobre independencia judicial, como los Principios Básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura (1985) y la Observación General Nº 32 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El reclamo, que empezó como una conversación entre abogados de pasillo, ya empieza a tomar densidad política. Diversos colegios departamentales y asociaciones profesionales analizan formalmente adherirse. “No se trata sólo de cubrir vacantes, sino de reconstruir la legitimidad de un poder del Estado que hoy está incompleto”, resumió uno de los impulsores ante Letra P.
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Verónica Magario será clave dentro de la negociación en el Senado provincial.
Axel Kicillof y el Senado, en el centro del tablero
El planteo llega en un momento político clave: Axel Kicillof tendrá mayoría en el Senado bonaerense tras las últimas elecciones, lo que le otorga margen para avanzar en designaciones sin depender de la oposición, aunque sí de consensos internos. Tal como publicó Letra P hace varias semanas, el gobernador podría aprovechar este nuevo escenario para completar la Suprema Corte, algo que ni María Eugenia Vidal ni él mismo lograron en sus respectivas gestiones anteriores. No obstante, será parte de una negociación más amplia entre los tres sectores del peronismo bonaerense.
Actualmente, el tribunal está integrado por Daniel Soria, Hilda Kogan y Sergio Torres, todos designados en gobiernos distintos. Las vacantes pendientes corresponden a los lugares que ocuparon Héctor Negri, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lázzari y Luis Genoud.
En ese contexto, el reclamo de la abogacía bonaerense se convierte en un emplazamiento político directo: el mensaje es que el tiempo de las excusas terminó. “La ciudadanía demanda una Suprema Corte completa, plural y transparente. No hay razones administrativas ni políticas que justifiquen más dilaciones”, cierra la nota colectiva.
El desafío, ahora, queda en manos de Kicillof y de un Senado que, por primera vez en años, podría tener la correlación de fuerzas necesaria para normalizar el funcionamiento del máximo tribunal bonaerense.
