Como cada 3 de junio desde 2015, pero en un contexto de violencia contra las mujeres –en especial las feministas-, las personas LGBTIQ+ y los movimientos sociales, este lunes habrá concentración frente al Congreso a las 16.30 bajo la consigna Ni Una Menos. La oposición a la Ley Bases es una de las principales consignas de la convocatoria, a raíz de la situación de desprotección en el sistema previsional que dejaría sin jubilación a nueve de cada diez mujeres, además del reclamo de justicia por el crimen de odio contra cuatro lesbianas en Barracas.
El último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” que dirige la organización La Casa del Encuentro, da cuenta de que entre el 1° de enero y el 31 de mayo de este año se produjeron 114 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, tres lesbicidios, un trans-travesticidio y nueve femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Los datos más relevantes son que 124 hijas/hijos quedaron sin madre, el 63% son menores de edad y el 56 % de los agresores eran parejas o exparejas. Como confirman los datos, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia es su propia casa o la casa compartida con el agresor (58% fueron asesinadas en su hogar). Si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires.
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Del informe de La Casa del Encuentro también se desprende que 17 víctimas habían realizado una denuncia, cinco femicidas tenía dictada medida cautelar de prevención, siete femicidas pertenecen o pertenecían a una fuerza de seguridad, 17 femicidas se suicidaron y 11 víctimas estaban en contexto de narcocriminalidad.
El año pasado, entre el 1° de enero y el 30 de abril, 116 personas fueron víctimas de femicidios, según el mismo observatorio, lo que indica que la cifra no desciende significativamente. Todo indica que si hay alguna modificación será para empeorar la situación, ya que el principal programa de acompañamiento a las personas en situación de violencia –el plan Acompañar– fue suspendido, como muchos otros programas sociales.
A esto se suma que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género carece completamente de presupuesto. De hecho, hace poco tiempo pasó de la órbita del Ministerio de Capital Humano a la de Justicia sin mayores explicaciones ni anuncios. Su responsable, Claudia Barcia, no hace declaraciones públicas y, de acuerdo con lo que postea en redes sociales, su trabajo se limita a reuniones virtuales.
Violencia de género: 2.500 víctimas fatales en una década
Ni Una Menos es un movimiento que nació en 2015 para luchar contra los femicidios. Uno de los principales reclamos era la necesidad de un registro nacional de femicidios. En respuesta a esa demanda, la entonces ministra de la Corte Elena Highton de Nolasco anunció su creación en el ámbito del Poder Judicial. El registro depende de la Oficina de la Mujer, creada por la entonces jueza suprema Carmen Argibay, que acaba de publicar los datos de 2023: 250 víctimas directas de femicidio en un año, un 10,6% más que en 2022. En ambos años, las cifras estuvieron por debajo de los valores prepandémicos, cuyo pico fue en 2019 con 260 víctimas directas de femicidio. Según amplía el registro, fueron casi 2.500 víctimas en una década.
Para 2023, se analizaron 246 causas judiciales donde se investigaban los femicidios de 250 víctimas directas y 22 víctimas de femicidio vinculado (18 varones cis y 4 mujeres cis), lo que implica 272 víctimas letales de violencia de género en Argentina durante 2023. En promedio, en el país, en 2023 se registró una víctima directa de femicidio cada 35 horas y una víctima de la violencia letal de género cada 32 horas (incluyendo también a las víctimas de femicidio vinculado).
De las 250 víctimas directas de femicidio, 245 eran mujeres cis y 5 eran mujeres trans/travestis.
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Más de una de cada cuatro víctimas (26%) tenía entre 25 y 34 años, mientras que el 24% tenía entre 35 y 44 años al momento del asesinato por razones de género; 22 eran niñas y adolescentes (menores de 18 años), y 28 eran adultas mayores (de 60 años y más).
Al menos 32 víctimas estuvieron desaparecidas/extraviadas y tres continuaban desaparecidas a la fecha de corte del informe.
En al menos el 88% de los casos, la víctima directa de femicidio tenía algún vínculo con el asesino: 64% eran parejas, exparejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; 12% eran familiares, y también 12% tenían otro tipo de vínculo (amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos). Entre quienes se conocían, el 44% convivía al momento del hecho. Solo en el 3% eran desconocidos entre sí (sin vínculo previo), y en el 9% restante no hay datos.
En dos de cada cinco vínculos había antecedentes de violencia de género: al menos 55 víctimas directas de femicidio habían efectuado denuncias formales contra los femicidas (21% de los vínculos) y en al menos 54 vínculos (20%) se constataron hechos previos de violencia de género. Al menos 17 víctimas directas tenían medidas de protección vigentes y 16, medidas de protección vencidas al momento del femicidio. Incluso 24 femicidas habían sido denunciados previamente por otras personas.
Otro dato que surge del Registro de la Corte es que al menos 17 femicidas pertenecían a alguna fuerza de seguridad, casi el 7% del total. De ellos, 13 se encontraban en actividad, dos estaban retirados, mientras que no se precisó su estado de revista para los dos restantes. De los 17 uniformados, 12 utilizaron armas de fuego: como mínimo ocho eran armas reglamentarias.
Ni Una Menos cumplirá diez años desde su creación en 2025, con un panorama para nada alentador. El aumento creciente de la violencia y un gobierno que no sólo niega la desigualdad, sino que se manifiesta abiertamente antigénero, no hace otra cosa que poner en riesgo las vidas de las mujeres, de las personas LGBTIQ+ y de sus hijos e hijas.
