“Sigamos unidas que esto es una lucha que recién estamos empezando y no vamos a permitir que nos quiten un solo derecho. Fuerzas, doc.” Así empieza el mensaje que Paola, una víctima de violencia de género, le envió a su abogada cuando se conocieron los resultados del ballotage. La sobreviviente fue asistida, después de varios años en soledad, a través del patrocinio jurídico gratuito que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Cintia Herrera, su abogada -y destinataria del mensaje-, fue al juzgado en el que habían caído las cinco denuncias (de las muchas más que había realizado) de Paola contra su agresor: estaban todas archivadas, cajoneadas y vencidas.
Paola no sólo tuvo patrocinio jurídico, también tuvo acompañamiento terapéutico y formación: hoy es promotora popular de género y trabaja como empleada doméstica. Paola logró salir del círculo de la violencia apoyada por Herrera y, además, gracias al Programa Acompañar, creado en plena pandemia y columna vertebral del Ministerio de las Mujeres. El Acompañar consiste en un apoyo económico equivalente al pago de un salario mínimo, vital y móvil durante un plazo de seis meses junto con el acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa, coordinado con los gobiernos provinciales y locales. Paola es parte de las 352.385 mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia de género que recibieron el aporte del Estado.
Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, la cartera que encabeza Ayelén Mazzina no figura en ninguna grilla ni siquiera como Dirección. “Lo único que tenemos son las expresiones públicas de cierre del Ministerio y de achique del Estado. Pero no estamos ni en los papeles del esquema de transición”, dicen desde adentro del Ministerio.
¿Quién defiende a las víctimas?
Aunque no sorprende, ya que la dirigencia de La Libertad Avanza no cree en la existencia de la desigualdad de género (ni siquiera consideran los femicidios un problema estructural), sí preocupa qué pasará con las 48.195 personas que tienen el alta vigente en este programa.
El Acompañar funciona en todo el territorio nacional y se distribuye de manera federal: en estos tres años se firmaron 850 convenios con todas las provincias y con diversos municipios. Según reporta el Ministerio, el 44 % de quienes accedieron al Programa Acompañar se encontraban en situaciones de alto riesgo. Los fondos para sostener esta política pública son del Estado nacional.
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Quienes trabajan en el Ministerio, al día de hoy no recibieron ninguna información sobre cuál será su destino laboral después del 10 de diciembre. Aunque sí recibieron dos amenazas de bomba el viernes 24, como corolario de varios días de llamadas telefónicas con mensajes violentos y amenazantes a las trabajadoras de la línea 144, que brinda escucha, contención y asesoramiento a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia. La línea por ley hace diez años y desde entonces se realizan un promedio de 340 comunicaciones al día, más de 10.400 llamados al mes y 125.000 al año.
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En un comunicado, quienes atienden la 144, denuncian hostigamiento desde que se supo el resultado electoral y sostienen: "Esto no es justo para nosotras como trabajadoras y trabajadores, pero tampoco es justo para quienes se encuentran en situación de violencia aguardando nuestra asistencia". Cierran hablándoles a las usuarias: "Queremos decirles que estamos y seguiremos defendiendo la continuidad de la línea".
Los femicidios, en aumento
Según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en 2023 en la Argentina, hubo un femicidio cada 27 horas: el 60 por ciento de las víctimas fueron asesinadas en su domicilio, en su trabajo o en la vivienda que compartían con el femicida. Los datos registrados hasta este 15 de noviembre revelan que hubo 282 femicidios –incluidos 28 femicidios vinculados-, 4 personas trans, 7 suicidios feminicidas y 24 casos de muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado.
En América Latina y el Caribe la cifra escala: Al menos 1.945 mujeres, adolescentes y niñas fueron víctimas de femicidios en la región en el primer semestre del 2023, lo que equivale a un aumento del 12,5% en relación al mismo periodo del año anterior, según el último Mapa Latinoamericano de Femicidios.
Como la negación de la crisis climática no impide que haya sequías históricas, récord de calor o la desaparición de glaciares enteros, la negación de la violencia machista no será una barrera para los asesinatos de mujeres por su condición de género ni disminuirá la violencia sexual. La evidencia indica exactamente lo contrario. Los discursos violentos y negacionistas sólo traen más odio y víctimas más expuestas. El país del Ni Una Menos generó cambios sustanciales en la sociedad y en mucha de la dirigencia política. Mientras tanto, los feminismos, con mucha cautela, se reorganizan para poner a prueba los anticuerpos en la Argentina de Javier Milei.