La Red Mujeres para la Justicia presentó un per saltum. Su presidenta se aferra a la Constitución contra el estereotipo judicial de superioridad masculina.
La jueza María Eugenia Chapero lidera la Red Mujeres para la Justicia.
María Eugenia Chapero (en el centro) y la Red Mujeres para la Justicia.
Tras el revés contra el amparo colectivo impulsado por organizaciones de derechos humanos y feministas, la Red Mujeres para la Justicia presentó un un per saltum, un recurso extraordinario federal por salto de instancia, para que su impugnación de los dos candidatos varones del Gobierno a la Corte Suprema llegue lo más rápido posible al máximo tribunal y este deba expedirse por la falta de paridad.
En 161 años de historia la Corte tuvo entre sus titulares un total de 108 varones y sólo 3 mujeres juezas: Margarita Argúas (1970-1973), designada por el gobierno de facto de Roberto Levingston; Carmen Argibay (2005-2014) y Elena Highton de Nolasco (2004-2021), designadas por el gobierno de Néstor Kirchner.
La propuesta del Ejecutivo de promover a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla va en línea con el patrón histórico de exclusión en las altas esferas de decisión de la Justicia. En términos de los avances conquistados, atrasa dos décadas. “Es un mensaje de una regresión y un retroceso históricos. Si hemos tenido una Corte con dos mujeres, no podemos ir para atrás en términos del principio de progresividad, de evolución de calidad y legitimidad democrática. Este lugar tiene que estar conformado por varones y mujeres por legitimidad democrática”, dice María Eugenia Chapero a Letra P con determinación.
Chapero estudió en la Universidad de Rosario (UNR), se siguió formando al tiempo que criaba a sus hijos y hace 14 años que es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, al norte de Santa Fe. Hoy, a los 53 años, preside la Red Mujeres para la Justicia, una asociación que reúne a alrededor de 400 funcionarias del ámbito judicial de todo el país y que presentó el per saltum hace dos semanas.
En palabras de Chapero, este recurso se trata de “un instituto procesal que se permite en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando haya gravedad institucional o en asuntos que trascienden intereses particulares y que tienen en juego intereses de bien público o cuando hay peligro de demora. Entonces, acá están dados todos los requisitos”.
“Pedimos como medida cautelar preventiva que se ordene al Senado la suspensión del trámite. Es decir, que no siga adelante con el trámite del tratamiento de estos dos pliegos de varones. Esto es una medida que pedimos en la Corte, pero la sentencia de fondo que nosotros esperamos es una sentencia exhortativa. Queremos que se disponga en sede judicial que cualquiera sea el presidente de turno cuando propone para cubrir vacantes, teniendo en cuenta la composición general de la Corte, tiene un mandato de paridad que cumplir”, explica la magistrada.
En una primera instancia, la jueza federal en lo administrativo Cecilia De Negre había rechazado el amparo colectivo, pero reconoció a la Red de Mujeres para la Justicia como la única organización con “legitimación activa” en el proceso. Chapero tiene sus críticas frente al fallo contra la presentación de Amnistía Internacional Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Sin embargo, para hacer más dinámico el proceso, decidieron apoyarse en la “legitimidad activa”, que les da la facultad y el derecho para continuar con su demanda y así presentar el recurso de per saltum. “Nosotras representamos al grupo directamente afectado: las mujeres, juezas y funcionarias del país, abogadas en condiciones de ser juezas supremas”, dice.
Las mujeres ocupan hoy sólo el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal y solo el 29% de las máximas autoridades del Poder Judicial (Ministras/os, Procuradoras/es Generales, Defensoras/es Generales), a pesar de que, en el sistema judicial argentino en su conjunto, el 57% del personal del Poder Judicial está conformado por mujeres. Los datos se desprenden del Mapa de Género de la Justicia Argentina publicado en 2023 por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.
Para argumentar su reclamo, la Red Mujeres para la Justicia se respalda en la reforma de la Constitución nacional de 1994 en la que Argentina incorporó la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional, es decir, superior a las leyes. En conversación desde su despacho, Chapero explica: “La Constitución argentina, que es la ley suprema, impone un mandato de paridad para cumplir los cargos públicos”.
Este “mandato de paridad”, según la magistrada, “impone que cuando hay, por ejemplo, sólo varones en un órgano, el Presidente tiene que proponer mujeres, porque tiene que haber misma cantidad de mujeres que de varones”.
A diferencia de otras impugnaciones que apuntan directamente a los nombres propios de Lijo y García-Mansilla, esta presentación es en favor de las mujeres judiciales y no en contra de ellos. “Nosotras no entramos en esa discusión. Lo que nos mueve es el mandato constitucional de hacer que se cumpla en la realidad lo que disponen a nivel formal las leyes y, en este caso, la ley de más alto rango del país, que es la Constitución”.
Más allá del derrotero judicial, para la jueza esta disputa que encara su asociación tiene un carácter simbólico. “Es un mensaje potente para la sociedad, para las niñas, para las jóvenes que están en las carreras de derecho”, afirma. “En el siglo XXI, que la foto de la Corte Suprema sean cinco varones robustece y exacerba el estereotipo de género que dice que la sapiencia y la idoneidad jurídica, es igual a varones. Hay un estereotipo de superioridad del varón en el ámbito jurídico y eso es lo que debemos desterrar. El Estado argentino, el Presidente, están obligados a desterrarlo y a eliminarlo”, señala.
Sobre las versiones de que podría zanjarse la discusión sobre la paridad a partir de una ampliación de la Corte, la presidenta de Red Mujeres para la Justicia cree que se trata de una “zanahoria” para correr el eje de la conversación. “La discusión es ahora: en una Corte con cinco personas, debe haber dos mujeres. Lo otro será otro debate”, asegura.
Además de entusiasmo en sus palabras, se pone de relieve cierto cansancio. “Somos muchas mujeres formadas. Hay un cambio generacional, hay muchas, estamos en los 50 y podemos decir que estamos hartas, cansadas y que nos venimos a plantar, con mucha dignidad y firmeza”, sintetiza.