“La posición de Manuel García-Mansilla, en caso de convertirse en jurisprudencia de la Corte Suprema, implicaría una restricción de los derechos a la vida, a la salud (incluyendo los derechos sexuales y reproductivos), a la autonomía, a la libertad y a la dignidad de las mujeres. La afectación a estos derechos como consecuencia de las restricciones al aborto, ha sido objeto de recurrentes observaciones por parte de los organismos internacionales encargados de velar por la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos”, dice uno de los párrafos de la impugnación presentada por Natalia Gherardi en nombre de la organización Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) a García Mansilla, propuesto por el gobierno de Javier Milei como candidato a integrar el máximo tribunal junto con Ariel Lijo.
Esta impugnación, presentada este lunes en el Senado, se suma a las 22 de diferentes organizaciones y personas de la sociedad civil que apuntan, sobre todo, a las posturas regresivas de García-Mansilla frente a los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en particular.
“En esta presentación sostenemos que el nombramiento de Manuel García Mansilla vulnera el principio de igualdad y no discriminación al que se ha comprometido el Estado Argentino, que la interpretación originalista del candidato sobre la Constitución Nacional podría afectar la eficacia de los derechos humanos y la responsabilidad internacional del Estado, que no podría garantizar la obligación de juzgar con perspectiva de género y que su postura regresiva sobre el derecho a la interrupción del embarazo podría afectar los derechos de las mujeres y personas gestantes”, añade la presentación.
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Una postura originalista propone interpretar, por ejemplo, la Constitución Nacional tal como la concibieron quienes la redactaron en 1853. Es decir que García-Mansilla no comparte, por ejemplo, la reforma constitucional de 1994 y, mucho menos, las nuevas demandas respecto de la igualdad de género o la igualdad racial, por ejemplo. La posición contra la última enmienda constitucional es un tema con el que las organizaciones están presionando al radicalismo para que no apoye al candidato.
Las mujeres, sin representación en la Corte Suprema
Las organizaciones de derechos humanos también presentaron pedidos de impugnación para Lijo y, en el caso de ambos, el énfasis está puesto en que las candidaturas no respetan el equilibrio de género, “no garantizan una representación plural de especialidades ni el cumplimiento de la obligación de juzgar con perspectiva de género”.
En el mismo sentido se expresó Amnistía Internacional Argentina en la impugnación presentada por su directora ejecutiva, Mariela Belski: “Las candidaturas propuestas por el Ejecutivo constituyen un acto inconstitucional y discriminatorio hacia las mujeres y un retroceso en materia de igualdad de género”, sostiene y exige la representación de mujeres con perspectiva de género en la Corte Suprema.
Es que el Decreto 222/2003, que rige el procedimiento para el nombramiento de integrantes de la Corte, prevé desde hace dos décadas que la inclusión de nuevos miembros al máximo tribunal “debe reflejar la diversidad de especialidad y procedencia regional, en el marco del ideal de representación de un país federal”. Sin embargo, sostiene la impugnación de ELA, “la integración propuesta con los candidatos del Poder Ejecutivo, no sólo incumple el equilibrio de género, sino que además refleja escasa diversidad regional y de perfil profesional de los magistrados”.
Manuel García-Mansilla, sin los votos
El caso de García-Mansilla es, en particular, desafiante para los derechos humanos por sus posturas contrarias, por ejemplo, al fallo FAL, una sentencia de la Corte Suprema vinculada con un aborto no punible que tuvo origen en Chubut en marzo de 2012 y amplió las causales para no judicializar a las mujeres que quisieran acceder a una interrupción legal de un embarazo. Es decir que para él, ni siquiera una violación justifica un aborto. De hecho, publicó el artículo “Las arbitrariedades del caso F.A.L.”.
Especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario, el candidato también se manifestó contrario a los pactos internacionales de derechos humanos por considerarlos inconstitucionales. En su interpretación, “se encuentran en un escalón inferior a la Constitución”.
Aunque las consideraciones sobre la falta de representación femenina en la Corte valen tanto para Lijo como para García-Mansilla, es este último quien tiene más resistencias dentro del Senado, aunque el juez federal le gana en impugnaciones (recibió 34). “No tiene los votos”, dicen en los pasillos de la cámara alta. El rechazo reúne a una parte del bloque de Unión por la Patria y representantes del PRO y de la UCR, con poca disposición a apoyar a un candidato con perspectivas tan retrógradas.
Hasta ahora, la propuesta del Ejecutivo había sido considerada como un combo. Sin embargo, los apoyos de Lijo son ampliamente mayores a los de García-Mansilla y, según fuentes del Senado, uno de los impedimentos para la conformación de la corte de cinco (sin Juan Carlos Maqueda) sería la insistencia del Gobierno de que se voten los dos o ninguno. Según escribió Mauricio Cantando en este medio, “Milei no está dispuesto a resignarlo (a García-Mansilla) y en tal caso prefiere que no se vote ninguno de los dos pliegos”
Mientras tanto, hubo amagues de ampliación de la Corte de cinco a siete o nueve integrantes, con lo que el Ejecutivo podría resolver la falta de mujeres, aunque no necesariamente la de mujeres con perspectiva de género. Esta alternativa, acercada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es un viejo reclamo de los gobernadores y cuenta con antecedentes y fracasos en el pasado. A esto se suma el proyecto de la senadora cordobesista Alejandra Vigo, presentado en marzo, que propone un piso femenino del 30% en el máximo tribunal.
