El Ejecutivo se ampara en una medida de Javier Milei. Reclamos y dudas por el estado financiero de las compañías que operan recursos clave del Estado.
Jujuy: Sadir habilitó la privatización de cinco empresas estatales creadas por Morales y arde la oposición
El gobierno de Carlos Sadir en Jujuy abrió la puerta a la privatización de al menos cinco empresas estatales creadas durante la gestión de Gerardo Morales. Lo hizo amparado en un decreto del presidente Javier Milei, dictado en el marco de la motosierra, con el apoyo del bloque oficialista en la Legislatura, y despertó fuertes cuestionamientos de la oposición.
La ley prevé que el Poder Ejecutivo jujeño podrá poner a la venta acciones de las sociedades del Estado Cannava, Tren Solar de la Quebrada, Compañía de Seguros de Jujuy, Agua Potable y GIRSU. También quedó facultado para comerciar su participación en subempresas de las que es parte, entre las que se incluye a Xuma, sociedad provincial dedicada al embotellamiento de agua; y a las que administran el emprendimiento Cauchari, una de las plantas fotovoltaicas más grandes de Sudamérica.
La única empresa que contempla excepciones para su privatización es la codiciada Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). Esta última firma participa de las operaciones vinculadas con el litio, incluyendo beneficios por regalías y acciones en las empresas privadas que ya operan en la “tacita de plata”.
Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Jujuy exportó USD 487 millones en el primer semestre de este año. El dato implica una suba del 24,5% con relación al mismo período del año pasado. China fue el destino del 61,2% de lo exportado. Los capitales asiáticos son clave para entender el mapa que se mueve en la economía de la provincia norteña.
El gobernador Sadir aseguró que la ley de readecuación de las empresas estatales jujeñas responde a un decreto nacional. Se trata de la resolución firmada por Milei por la que se derogaron las Leyes 20.705 y 13.653 y el Decreto-Ley N° 15.349/46 que regulaban las Sociedades del Estado, las Empresas del Estado y las Sociedades de Economía Mixta.
La norma se dictó en el marco de las potestades fijadas por la denominada Ley Bases. El diagnóstico que justificó la decisión nacional es el déficit fiscal generado por las empresas públicas. Se planteó como objetivo que las Sociedades Estatales pasen a ser Sociedades Anónimas.
Según Sadir, la ley es una formalidad para adecuar la regulación jujeña a las pautas nacionales. “Ya no puede haber sociedades estatales, cambia la forma jurídica, pero el titular sigue siendo el Estado”, explicó. En el texto aprobado, se prevé que la Legislatura podrá revisar o rechazar las decisiones que adopte el gobierno jujeño con las empresas involucradas. Hasta 2027, el oficialismo tiene mayoría absoluta en el parlamento provincial con 31 bancas sobre 48.
Las voces opositoras sumaron críticas a la norma aprobada. Primero, pusieron el foco en la celeridad con la que el proyecto se trató y sancionó en poco más de una semana. Luego, apuntaron a la falta de informes sobre los estados financieros de las empresas sujetas a transformación.
En particular, la oposición puso la lupa sobre la situación de los créditos asumidos por las compañías para distintas inversiones y a las dudas sobre quién se hará cargo de esos pasivos millonarios. Por último, el peronismo y la izquierda levantaron la voz para denunciar una delegación de facultades de la Legislatura al Poder Ejecutivo que consideraron inconstitucional. La discusión parece no estar cerrada.