Se sumaron a las cuatro concesionarias actuales en la puja por las centrales. Requisitos que deben cumplir e ingresos nuevos para Neuquén y Río Negro.
YPF Luz, interesada en las hidroeléctricas del Comahue
La reprivatización de las hidroeléctricas del Comahue que impulsa el gobierno de Javier Milei despertó la atención de YPF y de grupos privados que ven en estas concesiones un negocio clave en el área energética. El proceso licitatorio no sólo reconfigura el mapa eléctrico nacional, sino que también abre un nuevo frente de ingresos fiscales para Neuquén y Río Negro.
Las represas El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila fueron privatizadas en los 90 y operadas durante tres décadas por grupos extranjeros y locales.
Con sus contratos vencidos en agosto de 2023, continuaron bajo prórrogas hasta la nueva definición. Ahora, la administración libertaria busca extender la lógica privatizadora por 30 años más, hasta 2055, en un contexto de fuerte debate político y económico.
La pulseada excede lo técnico: el futuro de estas usinas implica un rediseño de la matriz energética, con jugadores nacionales y extranjeros disputando activos estratégicos, y gobiernos provinciales atentos al impacto fiscal en sus cuentas.
Además de las concesionarias actuales -Enel (El Chocón), AES (Alicurá), Aconcagua Energía/Tango Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila)- se presentaron cinco nuevas interesadas:
El interés de este abanico de jugadores confirma que las represas son vistas como activos premium en un mercado eléctrico que combina contratos dolarizados, control de recursos hídricos y proyección a largo plazo.
El concurso público nacional e internacional será bajo la modalidad “sin base” y con doble sobre: antecedentes técnicos y patrimoniales por un lado, y propuesta económica por el otro.
Los requisitos financieros fijan que cada oferente debe contar con activos superiores a u$s 300 millones y patrimonio neto no inferior a u$s 150 millones. Además, la licitación excluye a empresas públicas provinciales y municipales y no contempla programas de propiedad participada para trabajadores.
Para evitar concentración, ningún oferente podrá superar el 20% de la generación eléctrica nacional (43.555 MW) ni adjudicarse más de dos centrales. También se exige que cada sociedad tenga un operador técnico con al menos 25% de participación y experiencia mínima en usinas de 100 MW.
De las nueve empresas interesadas, siete cumplen con experiencia propia en hidroeléctricas. En cambio, YPF Luz y Genneia deberán buscar operadores asociados para entrar en carrera.
La rebaja del umbral técnico -de 350 MW a 100 MW- abrió la puerta a actores medianos que antes quedaban excluidos, lo que diversifica la competencia pero también genera dudas sobre la capacidad de gestión de proyectos de gran escala.
Los contratos prevén que en los dos primeros años el 95% de la energía se destine a distribuidoras a precio fijo en dólares, con solo un 5% para el mercado libre.
Desde 2026, ese porcentaje regulado irá reduciéndose hasta desaparecer en 2046, momento en que las empresas podrán comercializar toda su producción al mejor precio del mercado.
Ese horizonte de liberalización plena es uno de los atractivos principales para los privados, que ven en estas concesiones la posibilidad de capitalizar tarifas dolarizadas y contratos de largo plazo.
Las futuras concesionarias deberán presentar un plan integral de obras y recambio de equipos antes de cumplir los dos primeros años de gestión.
El objetivo es extender la vida útil de las represas por otros 30 años más allá de 2055, es decir, hasta 2085. Se trata de inversiones millonarias que requieren financiamiento externo y capacidad de ejecución técnica sostenida.
Neuquén y Río Negro aparecen como las grandes beneficiarias fiscales. El nuevo esquema contempla:
Con estos ingresos, las arcas provinciales se aseguran un flujo significativo y previsible, algo especialmente valioso en un escenario de caída de recaudación por recesión y ajuste fiscal.
La reprivatización de las represas ocurre en paralelo al proyecto mayor de Milei de reducir la presencia del Estado en la economía. Aunque YPF se anota como jugador, lo hace a través de su filial YPF Luz, lo que le permite mantener un perfil empresarial.
En paralelo, la presencia de grupos locales como Mindlin, Brito o los Neuss revela la articulación entre el poder económico y el esquema político libertario.
La licitación, más allá de lo técnico, se convierte en un nuevo capítulo del debate sobre quién controla los recursos estratégicos del país: el capital extranjero, los grandes grupos locales o, eventualmente, empresas mixtas con participación estatal minoritaria.