La reprivatización de las usinas hidroeléctricas del Comahue tendría que haber arrancado el 7 de mayo, pero sumó una nueva demora. El gobierno de Javier Milei volvió a postergar, sin una fecha cierta, el comienzo del proceso licitatorio. Pero confirmó que las provincias de Neuquén y Río Negro tendrán un papel secundario: los gobernadores sólo podrán designar veedores.
La resolución conjunta 2/25 de la Secretaría de Energía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) extendió otra vez los plazos para adjudicar las nuevas concesiones de las centrales de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila a operadoras privadas por un período inicial de 30 años.
La norma publicada este jueves en el Boletín Oficial dispuso que recién ahora se iniciarán los actos preparatorios y ordenatorios del concurso público nacional e internacional, orientado a “la venta de los paquetes accionarios mayoritarios o controlantes” de las cuatro usinas.
La demorada reprivatización de las represas del Comahue debía haber comenzado el 9 de abril, cuando finalizó la prórroga otorgada en octubre pasado.
A raíz de las diferencias internas en el área energética y la disputa planteada por los reclamos de Neuquén y Río Negro, Milei firmó, a principios de mes pasado, el decreto 263/25, por el cual se fijó para el 7 de mayo el nuevo plazo para llamar a licitación.
Alicura
Central hidroeléctrica Alicurá
Así fue que se llegó a esta fecha límite sin que la gestión libertaria pudiera tener listo los papeles y el esquema licitatorio para la reprivatización de las usinas que había anunciado el año pasado.
Próximos pasos del área energética
La resolución conjunta que sacaron el área energética conducida por María Tettamanti y la ATEP de Diego Chaher contiene seis puntos relevantes:
- La Secretaría de Energía será la encargada de elaborar los pliegos de bases y condiciones que, entre otras pautas, incluirán los nuevos contratos de concesión, las normas de seguridad de presas y de manejo de aguas, las obras y trabajos obligatorios y el esquema de remuneración que tendrán las futuras operadoras en las próximas tres décadas.
- La ATEP se ocupará de realizar el llamado al concurso público nacional e internacional para la venta de las acciones mayoritarias o controlantes de las cuatro centrales hidroeléctricas.
- Para analizar las ofertas, se creará una Comisión Evaluadora integrada por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes, los que serán designados en forma conjunta por la Secretaría de Energía y la ATEP.
- La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) tendrá la tarea de implementar el denominado "Data Room" para suministrar la documentación y los datos informativos del estado de las centrales y aclarar las dudas e interrogantes sobre las exigencias de los pliegos que plantean las oferentes potenciales.
- - La estatal Enarsa deberá efectuar una "compulsa competitiva para seleccionar una empresa de servicios profesionales de primera línea y de reconocida trayectoria con credenciales y antecedentes suficientes para que realice la tasación de los complejos hidroeléctricos".
Esta habilitación para que Enarsa contrate a una firma privada para establecer el precio de las usinas promete generar ruido porque excluye deliberadamente al Tribunal de Tasaciones, que es el organismo oficial encargado de definir cuánto valen los bienes y activos del Estado que van a ser privatizados.
Neuquén y Río Negro, relegadas
En lo atañe a las provincias de Neuquén y Río Negro, que pretenden quedarse con el control y manejo de las centrales, la resolución sólo les concede la posibilidad de “designar un representante cada una en carácter de veedores, para que colaboren en el seguimiento del proceso a cargo de la ATEP y la Secretaría de Energía".
Más allá de esta participación como “observadores”, puertas adentro de la gestión mileísta admiten que en los pliegos podría aparecer una ventana para que los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck puedan comprar una porción minoritaria de los paquetes accionarios a los precios que surjan de la adjudicación a las operadoras privadas.
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Los gobernadores de Neuquén y Río Negro reclaman por las hidroeléctricas
La intención oficial sería reservar no más del 10% del paquete accionario de cada concesión de las represas para que las provincias decidan qué porcentaje quieren adquirir.
Hidroeléctricas concesionadas por 30 años
Las futuras concesiones tendrán una duración de 30 años y las empresas que resulten adjudicatarias deberían hacerse cargo antes del 11 de agosto, cuando expira la última prórroga anual concedida por la gestión libertaria a las actuales compañías controlantes.
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones están en poder del grupo italiano ENEL, accionista principal de Edesur. En la central Alicurá, el grupo estadounidense AES domina la sociedad controlante.
La concesión de Cerros Colorados recae en la empresa local Aconcagua Energía. Por su parte, Piedra del Águila se encuentra en manos del grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens y Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.
Tal como viene contando Letra P, para la licitación de las nuevas concesiones, la administración libertaria armó cuatro nuevas sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas para poder facilitar la transferencia directa de las acciones junto con los contratos de operación a las nuevas concesionarias.
Además de las actuales concesionarias (ENEL, AES, Aconcagua Energía y Central Puerto), las centrales estarían en la mira de otros cuatro grupos locales: Pampa Energía (conducido por Marcelo Mindlin), MSU (de la familia Santos Uribelarrea), Integra Capital (piloteado por José Luis Manzano) y Edison Energía (la sociedad de los hermanos Neuss, Newsan e Inverlat Investments).