El Gobierno volvió a extender los contratos de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra de Águila. Fijó un plazo de 60 días para relicitar las usinas.
Las hidroeléctricas en la era Javier Milei
Captura de redesEl gobierno de Javier Milei volvió a prorrogar las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue que tienen sus contratos originarios vencidos desde agosto de 2023 y prometió que la demorada licitación para reprivatizar las usinas hasta 2055 se abrirá el 7 de octubre, antes de las elecciones legislativas.
Tal como había anticipado Letra P, las demoras internas y los escollos administrativos le impidieron una vez más a la gestión libertaria iniciar el proceso de reprivatización de las represas de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra de Águila antes de 11 de agosto, cuando expira la última prórroga otorgada a las actuales concesionarias.
Para tapar este bache, ahora la administración mileísta procedió a aprobar por medio del decreto 564/25 una nueva prolongación provisoria de los contratos que vienen de la década de 90.
Si bien marca como nuevo límite el 31 de diciembre de este año, la letra chica del decreto dejó establecida una continuidad automática que va más allá de esa fecha, al disponer que las actuales operadoras podrán seguir al frente de las represas hasta el momento en que se concrete el traspaso a las nuevas concesionarias.
Junto con la extensión de las concesiones, la nueva norma autorizó formalmente el inicio del proceso de reprivatización y fijó un plazo de 60 días corridos para llamar a un “concurso público nacional e internacional sin base” para la venta de los paquetes accionarios mayoritarios o controlantes de las cuatro hidroeléctricas.
Privatizadas durante la etapa menemista, las concesiones de las represas se encuentran actualmente en manos de dos grupos extranjeros y dos locales:
Para la licitación de las nuevas concesiones se armaron cuatro sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas en juego para poder facilitar la transferencia directa de las acciones junto con los contratos de operación por un plazo de 30 años.
Los borradores de los pliegos elaborados por técnicos de la Secretaría de Energía señalan que, para poder participar en las licitaciones, las empresas y grupos interesados deberán ser propietarios de activos por una suma superior a u$s 300 millones y tener un patrimonio no inferior a u$s 150 millones.
Prevén, además, que un grupo oferente podrá adjudicarse hasta dos de las cuatro usinas y que las concesionarias salientes deberán hacerse cargo de las cancelaciones de los vínculos laborales y el pago de las indemnizaciones correspondientes a personal técnico y trabajadores permanentes y temporarios.
De acuerdo con el reparto interno de tareas que se dispuso a principios de mayo, la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti es la responsable de elaborar los pliegos de bases y condiciones junto con los nuevos contratos de concesión, las normas de seguridad y de manejo de aguas, las obras y trabajos obligatorios y el esquema de remuneración que tendrán las futuras concesionarias.
Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Púbicas (ATEP) comandada por Diego Chaher es la encargada de realizar el llamado al concurso público nacional e internacional para vender las acciones de las sociedades concesionarias.
A su vez, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) será la que implementará el data room para brindar la información y documentación sobre el estado de las centrales y el alcance de los pliegos a las empresas interesadas en el negocio.
En tanto a las provincias de Neuquén y Río Negro que reclamaban quedarse con el control y manejo de las represas, la administración mileísta sólo les concedió dos cosas: la designación de representante de cada una en carácter de veedores para que "colaboren en el seguimiento del proceso licitatorio" y el visto bueno para que puedan cobrar hasta el 30% de las regalías hidroeléctricas en megavatios (MW) con parte de la energía que generarán las usinas.
Según el nuevo decreto, el llamado a licitación no incluirá el otorgamiento de preferencias ni de ventajas competitivas para los gobiernos provinciales, las actuales operadoras, el personal y grandes usuarios del servicio eléctrico. Tampoco prevé la implementación de un programa de propiedad participada (PPP) para que las personas trabajadoras de cada usina puedan acceder a una porción minoritaria de acciones.
Si bien las ventas de los paquetes accionarios saldrán sin base, antes de lanzar a licitación la empresa estatal Enarsa deberá efectuar un "compulsa competitiva para seleccionar una empresa de servicios profesionales de primera línea que se encargará de realizar la tasación de los complejos hidroeléctricos".
Más allá de lo que arrojen estas evaluaciones, la suma que el ministro Toto Caputo le habría indicado al Fondo Monetario Internacional (FMI) que prevé embolsar por las hidroeléctricas estaría entre los u$s 400 millones y los u$s 500 millones.