Toto Caputo resignó recursos por u$s 1500 millones por un puñado de billetes. La menor recaudación requerirá más recortes de gastos. De dónde saldrá el dinero.
Toto Caputo se gasta las reservas para contener al dólar y llegar a las elecciones.
El adelanto de exportaciones de las cerealeras por u$s 7000 millones a cambio de retenciones cero tuvo un costo fiscal de entre u$s 1237 y 1500 millones, según distintas estimaciones. El Estado resignó recursos por 0,25% del PBI. Para cumplir con la meta fiscal comprometida con el FMI, habrá más ajuste del gasto estos meses.
La consultora LCG estimó que el Estado dejará de recaudar u$s 1400 millones por derechos de exportación. El Gobierno se autoimpuso un superávit fiscal de 1,6% del PBI para 2025, mayor al 1,3% que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según la firma, esos u$s 7000 millones equivalen a las exportaciones del agro hasta fin de año, por lo que la bonificación de impuestos impactaría de lleno en los ingresos previstos hasta el 31 de diciembre.
El Tesoro juntó, a cambio, poco más de u$s 2200 millones. Como contó Marcelo Falak, el ministro Toto Caputo se financió a tasas usurarias.
La menor recaudación obligará a medidas draconianas. Más de la mitad del gasto público ajusta automáticamente por inflación. Allí se cuentan las jubilaciones (con excepción del bono que cobran quienes son titulares de haberes mínimos y medio-bajos, congelado en $ 70.000 desde marzo de 2024) y la AUH (si no avanza el renglón del Presupuesto 2026 que quiere desenganchar las asignaciones del IPC).
La mayoría del ajuste de los últimos 22 meses se concentró en el gasto "discrecional", aquel que no tiene una indexación automática. Allí se incluyen desde los salarios públicos hasta la casi extinta obra pública.
Según LCG, los salarios y otros gastos de funcionamiento representaron, hasta agosto inclusive, el 80% del gasto discrecional de la administración pública nacional. El gasto social, excepto jubilaciones, pensiones y asignaciones, significa otro 25% de esa cuenta.
Otro 14% se destina a subsidiar energía y transporte. Las transferencias a universidades (antes de la ley de emergencia universitaria), "pesan" otro 7% de esta porción de las erogaciones.
La obra pública y los giros a las provincias se dividen en partes iguales otro 10%. De este amplio espectro deberá salir el ajuste adicional necesario para cubrir la recaudación que no llegará.
"Sostener el compromiso de 1,6% del PBI, implicará asumir una caída del 5% anual real en esta porción del gasto en los meses que quedan del año, cuando el profundo ajuste que vino registrando entre enero y agosto (-11% anual real) permitía considerar un aumento agregado del 3% anual antes de la baja de retenciones", indicó LCG.
En otras palabras, la bonificación a las cerealeras se pagará con mayor ajuste de salarios o empleos en el sector público, menor gasto social y un recorte de subsidios a la energía que el Gobierno evitó en los últimos meses, ya que no quiso trasladar a las tarifas el incremento del precio dolarizado del combustible que venden los generadores.
En lo que va del año, el ajuste en este conjunto de partidas presupuestarias representó el 0,3% del PBI. Caputo redujo subsidios un 44% anual, en términos reales. Pero también hubo recortes en salarios (6% real) y gasto social (7% real).
La obra pública cayó 17% real. En cambio, los giros a provincias, aunque mínimos, subieron 68% real y las transferencias a universidades aumentaron 4% por encima de la inflación.
De este conjunto de gastos ya castigados, el Gobierno deberá recortar unos $2 billones hasta fin de año, según LCG.
Seguir recortando la obra pública parece inviable. No sólo porque ya se encuentra en niveles muy bajos, sino porque Caputo compromete fondos con gobernadores aliados para reactivar algunos trabajos, a cambio de esa tan reclamada gobernabilidad.
De los datos oficiales que difundió la consultora Analytica, se desprende que el ajuste del gasto público se profundizó en el tercer trimestre. En nueve meses, las jubilaciones y pensiones cayeron 14% real (gracias al bono congelado y a que la inflación dejó de caer), el pago de salarios bajó 9,4% y la obra pública, casi 50% interanual.
"Las partidas candidatas a recibir el ajuste adicional podrían llegar a ser tarifas (que podrían sólo tocarse en los dos meses post elecciones) y salarios", aventuró LCG. A diferencia de lo que pregona el presidente Javier Milei, sería un ajuste contractivo y no expansivo.
"En un contexto de estancamiento económico, que tarifas más altas o despidos financien esta reducción intempestiva de las retenciones no parece haber sido muy perspicaz", añadió.
El estancamiento impedirá, además, compensar algo de esa pérdida de ingresos con mayor recaudación por actividad. Los números de septiembre que difundió la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fueron flojos.
La recaudación cayó 9% real en septiembre, porque contrastó con un mes de fuerte ingresos de recursos por Bienes Personales (otro impuesto al patrimonio que el Gobierno pretende exterminar).
Sin embargo, la recaudación por IVA desacelera y prácticamente fue similar a la de septiembre de 2024 (0,4% real). Otros impuestos, como Ganancias y los ingresos por Seguridad Social, desaceleraron respecto a meses previos.
"El acumulado enero-septiembre es apenas 0,1% más alto que el de 2024", consignó el Instituto Argentina Grande, vinculado a Gabriel Katopodis.
Incidieron rebajas impositivas como la eliminación del impuesto PAIS y la reducción de las alícuotas de derechos de exportación al agro previa a la mega bonificación a las cerealeras. Como el Gobierno considera que si caen los ingresos deben achicarse gastos, "esto sólo puede significar más ajuste".