Al no poder adjudicar las centrales, la gestión libertaria extendería los contratos vigentes hasta fin de noviembre. Guiños a gobernadores de la Patagonia.
Las hidroeléctricas en la era Javier Milei
Mientras se sigue demorando la aprobación de los pliegos licitatorios y el inicio formal de las reprivatizaciones que ya fueron anunciadas varias veces, la administración de Javier Milei se apresta a otorgar una nueva prorroga anticipada a las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue que vencen el 11 de agosto.
Tras admitir que no llegará a tiempo para adjudicar las nuevas concesiones antes de que expire la última prórroga vigente, ahora la gestión libertaria tiene prevista una extensión “precaria y provisoria” para que las actuales operadoras privadas de las usinas continúen manejándolas hasta el 30 de noviembre.
Con esta medida, el Gobierno busca estirar los plazos para maquillar, en parte, el retraso que, por diferencias internas y escollos administrativos, arrastra el proceso licitatorio destinado a reprivatizar la operación y mantenimiento de las usinas.
Desde los primeros meses de 2024, las actuales concesiones de las centrales de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila llevan acumuladas cuatro prórrogas en medio de varios cambios y contramarchas en la elaboración de los pliegos y la embestida de las provincias de Neuquén y Río Negro que pretenden quedarse con el control y manejo de las represas.
El último lanzamiento oficial de la licitación estaba agendado para el 7 de mayo, pero por la falta de acuerdo entre la Secretaría de Energía comandada por María Tettamanti y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) que pilotea Diego Chaher, este paso aún no pudo concretarse.
La semana pasada, el ministro de Economía, Toto Caputo bajó un mensaje interno para que se aceleren los trámites y se ponga en marcha la licitación lo más rápido posible.
En ese paper, el titular del Palacio de Hacienda estimó que las ventas de los paquetes accionarios de las cuatro usinas de la Patagonia deberían reportarle al Gobierno entre u$s 400 millones y u$s 500 millones antes de fin de año.
Según el esquema de tareas y funciones complejo e intrincado que se definió a principios de mayo, la Secretaría de Energía es la responsable de elaborar los pliegos de bases y condiciones junto con los nuevos contratos de concesión, las normas de seguridad y de manejo de aguas, las obras y trabajos obligatorios y el esquema de remuneración que tendrán las futuras concesionarias.
La ATEP, por su parte, será la encargada de realizar el llamado al concurso público nacional e internacional para vender las acciones de las nuevas operadoras hidroeléctricas.
A su vez, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) tendrá a su cargo la implementación del denominado "data room" para brindar la información y documentación sobre el estado de las centrales y el alcance de los pliegos a las empresas interesadas en el negocio.
A la estatal Enarsa le tocará a tarea de efectuar una "compulsa competitiva para seleccionar una empresa de servicios profesionales de primera línea para que realice la tasación de los complejos hidroeléctricos".
En respuesta a los planteos de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa y de Río Negro, Alberto Weretilneck, la administración mileísta tomó dos decisiones.
Por un lado, concedió a las provincias la designación de representante de cada una en carácter de veedores para que "colaboren en el seguimiento del proceso licitatorio" a cargo de la Secretaría de Energía y la ATEP.
En tanto que, por otra vía, aceptó que las autoridades provinciales establezcan un canon limitado por el uso del agua y cobren hasta el 30% de las regalías hidroeléctricas en megavatios (MW) con parte de la energía generada en las usinas.
Privatizadas durante la etapa menemista, las actuales concesiones de las represas se encuentran en manos de dos grupos extranjeros y dos locales.
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones están en poder del grupo italiano ENEL, el accionista principal de Edesur. En Alicurá, la sociedad controlante es del grupo estadounidense AES. Cerros Colorados pertenece a la firma local Aconcagua Energía; y la operación de Piedra del Águila está a cargo del grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.
Para llevar adelante la licitación, técnicos del área energética crearon cuatro nuevas sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas con el fin de facilitar la transferencia directa de las acciones junto con los contratos de operación a las nuevas concesionarias.
En cuanto a los pliegos, los borradores contemplan que las nuevas concesiones tendrán una duración de 30 años y que, para poder participar en las licitaciones, las empresas y grupos interesados deberán acreditar una cantidad de activos superior a los u$s 300 millones y un patrimonio no inferior a u$s 150 millones.
Entre las oferentes que ya confirmaron su participación en la puja licitatoria se encuentran tres de los cuatro actuales concesionarios de las usinas: ENEL, AES y Central Puerto.
Si bien inicialmente se había sumado a la grilla de candidatas potenciales, Aconcagua Energía -la operadora de Cerros Colorados- quedó prácticamente fuera de carrera en la última semana, tras haber entrado en default al no poder pagar los intereses de sus obligaciones negociables.
Según la información enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa creada y manejada por los ex YPF Diego Trabucco y Javier Basso arrastra un pasivo consolidado de $ 447.604 millones que representa el 99% de su activo y equivale a 17 veces su patrimonio neto.
En la lista de interesadas también aparecen otros cuatro grupos locales que ya dieron señales de ir por el negocio de las hidroeléctricas: Integra Capital (piloteado por José Luis Manzano); Edison Energía (la sociedad de los hermanos Neuss, Newsan e Inverlat Investments); MSU (de la familia Santos Uribelarrea) y el grupo Pampa Energía, que maneja Marcelo Mindlin.