El gobierno fortaleció esa ayuda universal. Para la UCA es clave para que no haya 20% más de pobres. Motosierra a organizaciones y provincias.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el presidente Javier Milei
La AUH alcanzó un poder de compra récord en pleno ajuste y recorte de planes sociales del gobierno de Javier Milei. Según la UCA, su continuidad es decisiva para evitar que la pobreza sume un 20% más de personas. En este contexto, la AUH funciona como principal contención social frente al deterioro económico y la expansión de la pobreza.
La administración libertaria logró que la Asignación Universal por Hijo (AUH) registre su mayor poder adquisitivo desde su creación, en 2009, un contraste marcado con 2023, cuando llegó al piso histórico de su capacidad de compra. Este ingreso alcanza actualmente a 7,5 millones de personas y se consolidó como el eje de la estrategia oficial para diferenciar entre implosión y estallido social en un escenario de ajuste profundo.
Sin las prestaciones sociales nacionales, Argentina tendría un 10% más de pobres —actualmente son alrededor de 15 millones— y un 82% más de personas en situación de indigencia —actualmente 3,4 millones—, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la inversión social y la evolución de la AUH, la Asignación por Embarazo, la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días.
La OPC sostiene que el paquete de contención libertario abarca a 7,5 millones de personas, unas 100.000 más que las que recibían asistencia bajo la gestión de Alberto Fernández. La inversión pública en políticas sociales se estabilizó en torno al 1% del PBI. En términos reales, la AUH se mantuvo por encima de la inflación, el Plan 1000 Días conservó su poder de compra y la Tarjeta Alimentar perdió frente a la suba de precios.
Quedó fuera del análisis el plan Potenciar Trabajo, congelado por Milei en $78.000 mensuales para casi un millón de titulares. A eso se sumó el corte de fondos destinados a provincias y municipios para proyectos productivos y comunitarios, lo que redujo la nómina y vació de recursos el programa.
Para Federico Pastrana, economista de CP Consultora, el gobierno “concretó un ajuste fuerte en el gasto de previsión social”. Afirmó que Milei “incrementó la AUH, pero licuó la mayoría de los programas”, entre ellos Volver al Trabajo, Progresar, y las prestaciones dirigidas a personas con discapacidad y adultos mayores.
La AUH potenciada representa actualmente el 3,8% del gasto social, mientras que el conjunto de los programas ajustados equivale al 5,1%.
Un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA también destaca a la AUH como “la principal política de asistencia social del gobierno”. Advierte que sin esa red de apoyo la indigencia prácticamente se duplicaría y la pobreza sería 20% más alta.
El informa del ODSA-UCA marca, además, que la coyuntura 2024-2025 suma pérdida de empleo y mayor precarización en los hogares de estratos muy bajos, lo que anticipa una mayor demanda de asistencia. Pese a ello, en el proyecto de Presupuesto 2026 el Ejecutivo propone eliminar la actualización automática de la AUH y las asignaciones familiares.
Según datos oficiales de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello:
En diciembre, las familias con un hijo cobran $98.000 por AUH más $52.000 de Tarjeta Alimentar; con dos hijos, $196.000 más $82.000; y con tres o más, $294.000 más $108.000. El Plan 1000 Días otorga $50.000.
Pettovello informó al Congreso que “desde 2024, por primera vez, el monto de la AUH más la Tarjeta Alimentar cubre el 100% de la Canasta Básica Alimentaria para menores de 17 años”.
En 2023 solo alcanzaba el 50% y se limitaba a niñas y niños de hasta 14 años. La canasta que marca la línea de indigencia actual se ubica en $572.000.
La ministra aseguró que este gobierno “duplicó el monto de la AUH en 457%, aumentó seis veces la Tarjeta Alimentar y 1.540% el Plan 1000 Días”. El discurso oficial insiste en que el 93,5% de los recursos “va directo al bolsillo” de las familias.
El fogonazo inflacionario que provocó Milei dos días después de asumir —al elevar el dólar de $366 a $800— sigue impactando. La OPC afirma que la Tarjeta Alimentar muestra un “deterioro sostenido” por la inflación, mientras que el Plan 1000 Días mantuvo su capacidad de compra durante 2025.
“El gobierno hace transferencias directas con cuatro programas —AUH, Alimentar, 1.000 Días y vouchers educativos— y se retiró del resto de la asistencia social”, dijo a Letra P el exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. Adelantó que el proyecto de Presupuesto 2026 propone desenganchar la AUH de la movilidad jubilatoria.
Arroyo advirtió sobre una “implosión social silenciosa”: endeudamiento, falta de empleo, sobreempleo, adicciones, deterioro de la salud mental, prostitución y suicidios. “El gobierno no ve esa película porque no hay protestas, pero la tensión está ahí”, afirmó.
Para Yuyo Rudnik, director del Isepci, el esquema es desigual: “El gobierno incrementó la AUH y mínimamente la Alimentar, pero congeló el Potenciar Trabajo en $78.000, equivalente en 2003 a la mitad de un salario mínimo”. En los barrios, dice, el consumo sigue restringido, mientras suben tarifas y transporte. La estabilización inflacionaria fue el único dato positivo.
La expansión del monotributo y el boom de repartidores de plataformas también muestran la precarización: Rappi registró 151.874 riders que hicieron al menos un pedido en el último año, más del triple que en 2024. Desde 2023 se sumaron cerca de 500.000 nuevos monotributistas.
Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular bonaerense, señaló que el gobierno nacional “se desentendió de la política alimentaria”. Dijo que la AUH “no alcanza en recesión, con caída de changas y de la economía de subsistencia”. Por eso, afirmó, la demanda de alimentos “se quintuplicó”, incluso en municipios del interior donde la ayuda no era parte de la agenda.
“Los intendentes y la Provincia sostienen la urgencia diaria. En las escuelas se atienden dos millones de alumnos en comedores y se entregan módulos alimentarios cada 15 días”, detalló Menéndez. También advirtió por el “deterioro social” expresado en episodios de violencia escolar.
“Es la implosión de la tensión social: la gente trabaja más y el dinero rinde menos. La sociedad no estaba bien y el gobierno generó expectativas que aún perduran”, concluyó.