Los sectores frutícola y ganadero, expectantes ante el posible retiro del Senasa. Defensa de los controles, aranceles y exportaciones en agenda.
Barrera sanitaria de la Patagonia en Casa de Piedra, entre La Pampa y Río Negro.
El manejo de la barrera sanitaria que otorga un estatus diferencial a la Patagonia puede cambiar de manos a fin de año. La motosierra de Javier Milei obliga a las provincias y a los sectores frutícola y ganadero a coordinar acciones que los blinden para no perder el control en el límite del río Colorado.
La iniciativa ratificada el último fin de semana por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, de que el Estado nacional dejaría de financiar el control reclutó a las fuerzas vivas patagónicas que pelean por mantener beneficios para enviar al mundo fruta y carnes. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa) monopoliza desde 2014 las funciones que supo tener la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FunBaPa).
“El Estado puede establecer las reglamentaciones y ejercer el poder de policía, pero la gestión tiene que orientarse hacia una mayor eficiencia privada”, dijo el mandatario rionegrino en la exposición rural que comparte Viedma con la localidad bonaerense de Carmen de Patagones.
De forma certera, el mensaje llegó a los sectores involucrados. Tanto las asociaciones ganaderas como la poderosa Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), entidad que agrupa a exportadoras como la del diputado radical Pablo Cervi, avalaron las acciones en conjunto entre las provincias que comparten la barrera.
Cautelosa fue la postura de la cartera productiva del gobierno de Rolando Figueroa, en Neuquén. Reconocen movimientos, pero sostienen que no hay directivas por parte de las autoridades nacionales. En la regional de Senasa tampoco surgieron declaraciones oficiales, aunque reina el descreimiento.
“Sería importante tener el manejo, arancelar y generar fondos para manejar el programa preventivo, algo reactivo para cuidarnos de los productos de otras actividades sin nuestro estatus sanitario”, aseguró el presidente de CAFI, Nicolás Sánchez, en contacto con Letra P.
La idea, reconoce el empresario, es darle “mayor eficiencia, con tecnología” bajo controles específicos, certeros, que permitan autofinanciar el funcionamiento de los programas y el control, ante la amenaza del retiro de fondos nacionales.
“Reestructurar lo que existe, todo lo que está planteado”, asume el directivo de la organización exportadora. Principalmente, el borrador que se maneja es un arancel a quienes ingresen productos por fuera de la región y deban pagar un costo destinado al funcionamiento del esquema sanitario.
El espíritu de las declaraciones del representante del Grupo Prima, el holding de agronegocios y turismo que integran las firmas Moño Azul y Patagonian Fruits, coincide mayoritariamente con el funcionariado de Río Negro y Neuquén, otra provincia clave en el esquema vigente que puede transformarse.
“Lo que hay que tener en cuenta es un control riguroso que no altere tu estatus sanitario diferencial, que te permite comercializar productos a un montón de mercados, que sin esos requisitos no se podrían vender”, razonó ante la consulta de este medio el ministro de Producción de Río Negro, Carlos Banacloy. El roquense se refirió a programas que, a través de la actividad frutícola, financia el sector privado.
“La idea es que se efectivice una reestructuración integral, donde la recaudación sea menor por rubro, pero heterogénea. Que todo el mundo contribuya para mantener el estatus”, le dijo a Letra P.
Citó los casos de Mendoza y San Juan, donde vehículos abonan por ingresar a zonas específicas. “Todo el mundo debe contribuir para mantener ese estatus sanitario”, reconoció.
El secretario Producción e Industria neuquino, Juan Peláez, fue más cauteloso. “Son sólo versiones, puede haber novedades a finales de este año o en 2025”. Para el dirigente que proviene del radicalismo la ecuación es sencilla: Senasa se mantiene como autoridad de aplicación y técnica, pero la administración de la barrera sanitaria pasaría a las provincias.
En el Senasa no hubo declaraciones. Según pudo reconstruir Letra P, reina el descreimiento. Fuentes consultadas se refirieron a la logística y asistencia técnica que debe brindar la entidad nacional. "Ya tuvieron el manejo con FunBaPa y sabemos cómo terminó todo", se atajaron. También recordaron que las empresas exportadoras de cerezas, fuera de CAFI, mantienen distancia de lo que se está gestando.
El control de ingreso fitosanitario al sur del río Colorado, el límite natural utilizado que le da un estatus diferente a cinco de las seis provincias patagónicas al igual que el partido de Patagones, tiene un espacio articulador en una ONG: la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FunBaPa), que manejó el control hasta finales de 2014 antes de ser absorbido por el Senasa en sus funciones.
Con la idea de mejorar la competitividad y la producción, FunBapa se conformó a principios de los años 90. La fortalecieron representantes de Senasa, de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entre sus funciones específicas lleva adelante acciones para mantener la región “libre de plagas”, además de coordinar programas que estimulen la producción.
La novedad de un cambio en el control se da a casi una década de un hito para la producción ganadera de la Patagonia norte. Fue en la 82° Asamblea General de la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) que se logró ese reconocimiento como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Dos años después, en 2016, el Senasa por medio de una resolución (249/16) permitió el movimiento de animales desde Río Negro y Neuquén hasta Tierra del Fuego, siempre que cumplieran las condiciones en cuanto a la aftosa.
Otro ítem clave para la región es ser considerada libre de la mosca de los frutos, un rival directo de la histórica producción de frutas de carozo y pepita en los valles irrigados. Esto desvive al polo exportador frutícola, un sector de notable influencia en las provincias que se aferran a la defensa del estatus sanitario. El financiamiento será clave.