Las turbulencias dificultan la búsqueda de financiación y se postergaría la recepción de las primeras ofertas. Cambios en los pliegos para sumar interesados.
Toto Caputo evalúa prorrogar la privatización de las rutas con peaje
En medio del Karinagate que golpea al gobierno de Javier Milei, las altas tasas impulsadas por Toto Caputo, la presión del dólar y la falta de financiamiento complican la privatización de rutas. La incertidumbre económica retrasa la recepción de ofertas y obliga a revisar los pliegos para atraer interesados.
Con el riesgo país cerca de los 900 puntos básicos, la volatilidad cambiaria y la falta de crédito externo, los corredores viales con peaje aparecen como los primeros proyectos en quedar en pausa dentro del plan oficial de concesiones.
Ante el riesgo de que no aparezcan oferentes, el ministro Caputo y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, analizan una nueva prórroga para la recepción de ofertas de los dos primeros corredores viales y autopistas incluidos en el plan de privatización.
Se trata de los tramos denominados Oriental, que abarca la autovía del Mercosur sobre las rutas nacionales 12 y 14 y el acceso al límite fronterizo Paso de los Libres–Uruguayana, y Conexión, que comprende los accesos a Rosario y el puente Rosario–Victoria.
Hasta ahora la fecha prevista para la presentación de ofertas para estos dos tramos que totalizan 740 kilómetros es el 8 de setiembre, justo un día después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Según las señales que bajaron de Economía a las empresas constructoras, la apertura de las propuestas económicas podría postergarse hasta los primeros días de octubre o incluso hasta después de los comicios nacionales del 26 de ese mes.
Las pocas chances de que se presenten ofertas en medio de escándalo de corrupción que roza a Karina Milei y la pelea con los bancos por el apretón monetario fueron temas de conversación en una reunión interna de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
Tanto las empresas nacionales de mayor peso como las constructoras provinciales coincidieron en que no hay bancos ni fondos de inversión dispuestos a otorgar créditos a tasas razonables para la financiación de las obras de reparación y pavimentación de las rutas.
Fuentes del sector consultadas por Letra P dijeron que las escasas líneas de crédito que aparecen resultan imposibles de afrontar mientras se mantengan el nivel de riesgo país en ascenso y las elevadas tasas de interés.
Poder arrancar la privatización vial sin un traspié representaría un paso clave para la administración mileísta que tiene en carpeta otros 16 tramos de rutas nacionales para ser licitados.
Por este motivo no se descarta que, unos días antes del plazo fijado para recibir las ofertas por los dos primeros corredores, se establezca un nuevo cronograma que estire los tiempos para el último trimestre del año.
Tras las advertencias que hicieron a principios de julio las empresas constructoras por la falta de financiamiento, la gestión libertaria decidió mejorar las condiciones iniciales del negocio de las rutas con peaje con dos cambios.
Por un lado, aprobó que puedan competir empresas que no sean constructoras ni tengan experiencia en obras viales mediante la presentación de avales y garantías de una compañía de seguros.
Por otro lado, introdujo un fondo estatal como garantía contra congelamientos de tarifas que se puedan registrarse durante el período de concesión. Se trata del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) que las empresas oferentes podrán usar como respaldo de devolución de los préstamos que tomen en caso de que no se apliquen los aumentos de peajes incluidos en los contratos.
Además de acceder a este fondo de garantía, las empresas que se presenten en las licitaciones están habilitadas para conceder a los bancos los "derechos emergentes" de hasta un 70% de la recaudación por peajes y de los ingresos de las explotaciones complementarias que tengan en sus áreas de concesión.
A estas modificaciones se agregaron otras tres en el esquema licitatorio destinadas a engrosar los ingresos de las futuras concesionarias:
En la autovía mesopotámica, la tarifa tope para un automóvil pasó de $3.700 a $4.300. En el puente que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, el peaje establecido como tope subió de $3.499 a $4.056.
El proceso de privatización de las rutas nacionales alcanza a 9.155 kilómetros divididos en 18 tramos por donde se moviliza el 80% del tránsito vehicular del país.
A nivel nacional, el nuevo esquema de concesiones viales prevé un incremento del 135% en las estaciones de peaje, con 54 nuevas cabinas de pago que se sumarán a las 40 ya existentes.
Cuando se transfieran todos los tramos a las nuevas concesionarias, los autos, ómnibus y camiones se toparán, en promedio, con una estación de peaje cada 97 kilómetros.
Pese a esta superpoblación de cabinas, las constructoras alertaron que la mayoría de los tramos a licitar no cuentan con un caudal mínimo de tránsito que permita cubrir con el cobro de peajes las inversiones que exigen los pliegos.