El Presidente quiere "tercerizar" el mantenimiento de las trazas, en un esquema similar al que funciona desde hace décadas. Cambiar sin que nada cambie.
Javier Milei y Federico Sturzenegger trazan el plan desregulador
Captura de redesEl presidente Javier Milei festejó el fin de la Dirección Nacional de Vialidad, reiteró que unos 9.000 kilómetros de rutas se concesionarán y afirmó que los 30.000 kilómetros restantes, considerados "no rentables", serán tercerizados. En definitiva, anticipó una gestión similar a la que el organismo hacia hasta ahora: contratar empresas para que hagan las obras de mantenimiento.
"El mantenimiento de la red federal, particularmente de los más de 30.000 kilómetros que no se concesionarán al sector privado, constituye una preocupación seria por el impacto importante en la producción y logística y, sobre todo, en la vida cotidiana de miles de argentinos", indicó este miércoles la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en un comunicado en el que manifestó su incertidumbre por el cierre de Vialidad Nacional.
En paralelo, Milei celebraba el ajuste y le explicaba su nuevo modelo de gestión a Luis Majul en radio El Observador. El mandatario sostuvo que las rutas rentables se concesionarán y que el operador cobrará el peaje para mantener y obtener una ganancia.
"Esos 30.000 kilómetros que no son rentables, para decirlo de alguna manera, vamos a tercerizarlos. Es decir, vos agarrás, te presentás y decís que, por determinada cantidad de plata, te ocupás de poner la ruta en condiciones y que funcione", puntualizó.
"Esto es lo que hizo siempre Vialidad", le dijo a Letra P el presidente de Camarco, Gustavo Weiss. "Se llama a una licitación pública para que una empresa privada mantenga los caminos que no tienen un volumen de tránsito que permita financiarlo con peaje".
Este tipo de convenios de obras públicas se conocen como Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento y tienen una sigla que se presta al doble sentido: CREMA. Es un nombre que se replica en la región, instalado por el Banco Mundial. Todavía se ejecutan algunos CREMA, según los datos oficiales, pero el volumen de dinero bajó considerablemente.
Según los datos oficiales, Vialidad manejaba, hasta ahora, un presupuesto de $ 456.777,5 millones. De este monto, se devengaron casi $ 300.000 millones. Es casi la mitad de todo el gasto de capital del primer semestre, que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó en $ 700.000 millones.
La ejecución de este presupuesto viene a un ritmo relativamente ágil. Pero el dato sin contexto engaña. La motosierra fue muy dura con Vialidad.
En 2024, el presupuesto inicial era de $ 604.738 millones a pesos corrientes, sin actualizar por inflación. Según denunció el gremio de Vialidad, el 42% de esta cifra no se ejecutó.
Según el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, al mando del exministro del área a nivel nacional Gabriel Katopodis, el gasto de capital de la Nación se redujo 86,3% en términos reales en el año y medio de gestión de Milei.
Si se hubiera mantenido el nivel de ejecución, el Estado debería estar gastando casi $ 4 billones y no los $ 700.000 que giró en el primer semestre. La reducción real de la obra pública continuó este año, con niveles de ejecución menores a los de 2024.
En ese contexto, Milei anunció el fin de Vialidad y el nuevo-viejo esquema de concesiones y tercerización, pero sin mayores detalles.
Voceros oficiales consultados por este medio indicaron que un área de Economía "se encargará de licitaciones y el resto de las tareas se repartirá en otras áreas del ministerio" del que actualmente dependen la secretarías de Obras Pública y Transporte.
El nuevo esquema anticipa recortes de personal. El Gobierno avisó que quiere mantener a la planta operativa y reducir puestos administrativos. Contaron unas 5.200 personas en Vialidad, de las cuales 1.200 cumplirían tareas operativas y otras 1.200 contarían con tutela gremial, indicaron.
Con 20% menos de empresas y más de 100.000 empleos perdidos en la construcción, el futuro de la obra pública -o como quieran llamarla- es una incógnita.
Incluso el esquema de concesiones genera dudas entre los actores del sector. Para poner en operación los 9.000 kilómetros de rutas a gestionar de forma privada, las empresas deberán hacer una inversión de unos u$s 1.200 millones, según una fuente con conocimiento del tema.
Las compañías recién podrán cobrar peajes con aumento contra la ejecución de obras. Los peajes que se anticipan para cubrir esos costos son "tres o cuatro veces más caros" que los actuales, indicó el experto.
Un memorioso recordó que, como ministro de Economía, Domingo Cavallo tuvo que crear, en los noventa, una "compensación indemnizatoria".
Incluso en un país sin inflación, los costos de mantenimiento de las rutas eran tan altos que el Estado tuvo que subsidiar a las concesionarias para mantener la ecuación económico-financiera de los proyectos sin que los peajes atraviesen la estratósfera.