En el máximo tribunal ya hay votos emitidos acerca de la constitucionalidad de la Ley de Emergencia Previsional, sancionada con resistencias el año pasado.
La Corte Suprema de Santa Fe completa. Los 7 de izquierda a derecha. Margarita Zabalza, Daniel Erbetta, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Jorge Baclini y Ruben Weder.
Corte completa. De izquierda a derecha, el procurador Jorge Barraguirre, Jorge Baclini, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y María Angélica Gastaldi. El próximo 2 de abril, Gastaldi se jubila y asume Rubén Weder.
La Corte Suprema de Santa Fe dictará en los próximos días un fallo que determinará la constitucionalidad o no de algunos de los artículos de la Ley de Emergencia Previsional. La reforma de la Caja de jubilaciones fue parte de la tríada de normas clave que sancionó la Legislatura en el primer año de gobierno de Maximiliano Pullaro.
La resolución de los supremos está al caer. Altas fuentes judiciales confirmaron a Letra P que ya se han emitido varios de los votos y se espera que en los próximos días se conozca el fallo. La resolución podría cerrarse tras uno de los martes de acuerdo, momento en que los ministros se reúnen en Santa Fe para tratar temas jurisdiccionales y de superintendencia.
La renovada Corte Suprema de Santa Fe dará a luz el fallo en medio de su constante tira y afloja con el gobernador. Tras la asunción, el radical se propuso reformar el máximo tribunal aun con el costo que esto podría ocasionarle. Desde ese momento el vínculo entre poderes tuvo picos de tensión.
El hughense realizó una serie de maniobras como parte de su avanzada contra la Corte, utilizando como principal argumento el hecho de que cinco de sus seis miembros hasta ese momento ya habían excedido la edad máxima -75 años- fijada por la Constitución Nacional.
Primero, elevó el número de bancas a siete. Luego, negoció con el socialismo y el perottismo tres nuevos pliegos para cubrir las vacantes generadas por las bajas de María Angélica Gastaldi y Mario Netri, además de la recién creada. Por último fijó, primero en una ley y más tarde en la nueva Constitución, la edad de retiro en 75 años con posibilidad de cinco más en caso de que exista acuerdo legislativo. El Gobierno confía en que la salida de los otros tres jueces que superaron la edad máxima y permanecen en sus sillas se “materialice el año que viene”.
Por estos días, la Corte renovada celebra que el Ejecutivo haya enviado un paquete amplio de pliegos judiciales que serán aprobados el jueves por la Asamblea Legislativa. Entre los 86 nombres figuran jueces, fiscales y defensores que cubrirán vacantes a lo largo y ancho de la Bota. De esta forma, el Gobierno conformará a los ministros, que en más de una ocasión le reclamaron que avanzara en la cobertura de sillas vacías.
Pese a que la tensión había aflojado tras el recambio parcial en marzo, no tardaron en aflorar otras diferencias entre la Corte y el Ejecutivo. En abril, Ruben Weder, uno de los tres nuevos supremos -su nombramiento fue acordado con Omar Perotti- cuestionó la labor del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El nuevo supremo opinó que el organismo parecía depender del Ejecutivo. El conflicto no explotó, pero dejó entrever chispazos.
Un mes después, la vieja guardia de la Corte volvió a arremeter en privado contra Pullaro. Fuentes calificadas aseguraron a Letra P que el presidente del tribunal, Roberto Falistocco, refunfuñó por lo bajo, descontento porque el gobernador omitió cualquier tipo de mención a las máximas autoridades judiciales durante su discurso en la apertura de sesiones. Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuller, los otros dos cortesanos de mayor antigüedad, ni siquiera estuvieron presentes ese día. El Gobierno trató de restarle importancia al asunto.
En septiembre de 2024 la cámara de diputados de Santa Fe sancionó la Ley de Emergencia Previsional. Las modificaciones en la Caja de Jubilaciones fueron centrales dentro del paquete de reformas que Pullaro impulsó junto con las que alcanzaban a la Justicia y a la Constitución. El argumento del Ejecutivo apuntaba a sanear las deudas de la Caja para que no caiga en manos de Nación, que actualmente otorga montos menores a los que brinda la provincia.
Los cambios modificaron las condiciones para que los empleados públicos de la provincia soliciten su jubilación. Los años de antigüedad y de aportes se aumentaron para policías y maestros que se desempeñan en tareas pasivas, el tope de las jubilaciones máximas se redujo y se limitaron los máximos para aquellos pensionados que además perciben una jubilación propia. Además, se le impuso un “aporte solidario” por el plazo de dos años a aquellos pasivos y activos que cuenten con un haber superior a tres jubilaciones mínimas. Este último, progresivo, con porcentajes que van del 2% al 6%, dependiendo de la remuneración.
Tal como alertó la oposición al momento de rechazar la ley, la reforma devino en una catarata de presentaciones en sede judicial. Trabajadores retirados, desde policías hasta jueces, pasando por maestras y empleados del Administración Provincial de Impuestos (API), acudieron a los tribunales provinciales para interponer amparos.
Siete vieron luz verde gracias a fallos de primera instancia, de los cuales seis corresponden a trabajadores relacionados al Poder Judicial o jueces. El gobierno provincial destacó este dato para señalar cierta camaradería corporativa.