Burford Capital hizo una fortuna con la compra de juicios y ahora obtendrá la mayoría de los u$s 16.100 millones que la jueza Preska fijó como botín.
Christopher Bogart invirtió US$16.6 millones en 2015 y puede cobrar US$6.000 millones por juicio a YPF
Burford Capital, el fondo londinense que lidera Christopher Bogart, invirtió u$s 16,6 millones en 2015 para comprar el juicio contra Argentina por la nacionalización de YPF. Ahora es el principal acreedor del fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que indica que el país debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera.
Bogart fundó su compañía en 2009. Se dedica a comprar procesos judiciales económicos públicos y privados, se queda con la representación de las demandas y contrata abogados para litigar. Ofrece sus servicios a nivel global y cuenta con oficinas en Nueva York, Londres, Chicago, Washington D.C., Singapur, Dubai y Hong Kong. Tiene un ejército de más de 350 abogados.
Si el juicio se pierde, Burford pierde su inversión. Con YPF va ganando por goleada: por su apuesta de menos de u$s 17 millones, obtuvo una sentencia de más de u$s 16.100 millones, de la que se quedará con aproximadamente el 40%. Las acciones de la empresa subieron este lunes un 20%.
Preska, heredera de Thomas Griesa en la corte del distrito sur de Nueva York (fue nombrada en 1992 por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush), ordenó al Estado argentino entregar sus acciones Clase D de YPF —equivalentes al 51% de la compañía— en el Bank of New York Mellon (BNYM) dentro de los próximos 14 días. La magistrada indicó que Argentina debe comenzar a saldar la millomaria indemnización a Burford y compañía que ella calculó en su fallo del año pasado.
Bogart ya advirtió que quiere que Argentina pague porque, si no, nunca podrá “conseguir un centavo en los mercados internacionales". En octubre de 2024, la sentencia había sumado, sólo en intereses, u$s 1.000 millones. El buitre pone contra las cuerdas a Toto Caputo, que en algún momento deberá salir al mercado de deuda a conseguir financiamiento.
Burford obtuvo el derecho a litigar al comprar en España la convocatoria de acreedores del Grupo Petersen, la empresa con la que la familia Eskenazi había entrado a YPF como accionista minoritaria. El desparecido grupo inversor Eton Park fue también demandante en el juicio por la expropiación. Bogart financió el juicio hasta el final.
Según los especialistas, Burford “transformó el negocio del derecho" y es "el proveedor de financiamiento de litigios más grande del mundo”. El juicio de YPF es la nave insignia de Buford. Las ventas de los derechos por las ganancias futuras de ese juicio fueron gran parte de las entradas de capital a la firma. Antes de crear su empresa, Burford fue vicepresidente ejecutivo y asesor general de Time Warner Inc, el conglomerado de medios estadounidense.
En el ejercicio de 2019, de hecho, aproximadamente dos tercios de las ganancias de Burford provinieron de las ventas parciales de derechos sobre el resultado de este litigio, ya que traspasó a inversores interesados porcentajes del futuro cobro y embolsó u$s 1.000 millones. Se calcula que podría quedarse, finalmente, con un 39% del valor del fallo, unos u$s 6.300 millones.
Otro cliente clave de Burford fue el grupo español Marsans, que inicialmente demandó a Argentina ante el CIADI por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas en 2008. Burford Capital financió este litigio y el país recibió un fallo adverso que lo obliga a pagar aproximadamente u$s 390 millones (incluidos intereses). Burford Capital vendió posteriormente estos derechos de cobro a Titan Consortium, que es ahora el fondo que busca la ejecución de esa sentencia contra Argentina.
En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tenía como ministro de Economía al actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, compró por US$ 5.600 millones el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol. La estatización parcial fue aprobada en el Congreso.
Allí, Kicillof argumentó que una ley nacional es más importante que el Estatuto interno de YPF, que indicaba que el comprador que hiciera una oferta para controlar el paquete accionario de la compañía debía hacer una oferta similar por el total de las acciones de la empresa.
Esa operación no incluyó a las empresas Petersen de Eskenazi, que además dejaron de recibir los dividendos de la compañía con la que pagaban los créditos que sacaron para ingresar a YPF. Fue entonces cuando Petersen se presentó a concurso y apareció el fondo Buford Capital.
La familia Eskenazi había ingresado a YPF por recomendación del expresidente Néstor Kirchner, mediante un sistema de repago basado en los dividendos de la propia empresa. Los Eskenazi desmienten ser socios ocultos de Buford Capital.
El presidente Javier Milei ya le apuntó a Kicillof por el fallo y adelantó que el Estado nacional va a apelar a través de la Procuración General del Tesoro, que está a cargo del abogado Santiago María Castro Videla, aunque el funcionario no puede intervenir directamente porque, en el bufete al que pertenecía, Bianchi, Galarce & Castro Videla, uno de los socios fue testigo en la causa de la nacionalización de YPF.
En las anteriores instancias del juicio, el gobernador bonaerense aseguró que, "por nuestra Constitución Nacional, el Congreso puede declarar por ley que un bien es de utilidad pública y expropiarlo. En el caso de YPF, se aprobó por una inmensa mayoría. Después se pagó la indemnización y el expropiado (Repsol) aceptó esa indemnización y retiró todos sus reclamos judiciales". Kicillof también resalta que la "recuperación de YPF hizo posible Vaca Muerta y todas sus inversiones para el país".
"Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía", dijo el gobernador en Twitter.