El ancla en sueldos contribuyó a la política antiinflacionaria y también debilitó a los sindicatos. El Gobierno quiere negociaciones "federales" y por empresa.
Javier Milei pisa las paritarias para doblegar a los gremios antes de la reforma laboral
La estrategia de Javier Milei de utilizar el "ancla salarial" para contener la inflación muestra una nueva versión de mayor alcance: desarticular el sistema de paritarias nacionales y trasladar la discusión de los aumentos fuera de los convenios colectivos de trabajo para allanar el camino de su proyecto de reforma laboral. Los salarios convencionados llevan cuatro meses seguidos de contracción.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ocupa un rol clave. Conminó a los gremios a cerrar acuerdos inferiores a la inflación mensual desde comienzos de año para controlar el IPC y, con la misma jugada, habilitó incrementos fuera de convenio para debilitar las negociaciones colectivas.
Los datos del informe de Empleo e Ingresos de la consultora C-P muestran el impacto del ancla salarial sobre los ingresos formales. En octubre, el promedio de las paritarias Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) registró una contracción por cuarto mes consecutivo y acumula en lo que va del año una caída real del 4%.
Julio Cordero, el secretario a cargo de la reforma laboral que pide Javier Milei.
En septiembre, el Índice de Salarios (IS) marcó un retroceso de 0,7% que anuló la recuperación previa, mientras que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), apenas mostró un avance marginal de 0,2%.
La aceleración inflacionaria de septiembre y octubre terminó de hundir el salario real, en un contexto de negociaciones que quedaron muy por debajo de los aumentos de precios. El salario negociado en convenios promedió apenas 1,4% mensual en los últimos dos meses.
El nivel salarial actual está 0,5% por debajo de noviembre de 2023 y 1,4% respecto del inicio de 2025.
C-P resume la situación como una “crisis de ingresos”: por el ancla salarial que impone paritarias a la baja, por el ajuste fiscal que desplomó los salarios públicos, jubilaciones y programas sociales, y por un mercado laboral con más desempleo, informalidad y pluriempleo.
La política salarial, señala el informe, es un pilar de la estrategia antiinflacionaria del Gobierno y uno de los ejes de la reforma laboral que propone.
En 2025, a diferencia de 2024, la desaceleración de la inflación no permitió recuperar poder adquisitivo. Incluso con precios avanzando por debajo del 2% mensual, los salarios reales siguieron cayendo. “Una muestra de los costos reales del proceso de desinflación”, según el informe.
En paralelo, el mercado de trabajo volvió a deteriorarse. C-P señala que la agudización de los problemas de empleo revirtió la leve mejora de abril y mayo. La industria mostró una caída continua en 2025 y, desde junio, comercio y servicios -que habían sostenido parte de la recuperación- también empezaron a traccionar hacia abajo.
El INDEC confirma que el desempleo permanece en los mismos niveles que en el piso de la crisis de 2024, y que el ajuste del mercado laboral se realizó vía pérdida de puestos, un fenómeno que queda disimulado en la comparación interanual pero que se vuelve evidente frente a los registros de 2022 y 2023.
El debilitamiento de los salarios negociados ocurre en plena ofensiva oficial para impulsar una reforma laboral. Para C-P, esa reforma “suele tener magros o inexistentes resultados” en materia de ingresos y empleo, pero constituye la principal respuesta del Gobierno frente a la crisis salarial.
La reforma laboral también incluye un punto clave: paritarias regionales y el fin de la prelación de los convenios nacionales. El ministro desregulador Federico Sturzenegger planteó en declaraciones radiales que la división regional permitiría “adecuar” salarios a la productividad de cada zona, un concepto que los sindicatos interpretan como un mecanismo para desarmar la negociación colectiva centralizada y perder poder de referencia salarial.
La agenda oficial frente a la crisis de ingresos enfrenta, según la consultora C-P, dificultades estructurales: la política salarial funciona como ancla antiinflacionaria; el ancla fiscal es innegociable; y la recuperación del empleo es insuficiente para mejorar los ingresos de los hogares, incluso si la economía vuelve a crecer.
En este contexto, la informalidad se consolida y sectores ganadores -como los vinculados a recursos naturales- no logran compensar la caída del resto.
En ese marco, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos sostuvo en el Congreso que “los empleadores son libres de ofrecer a todos o a alguno de sus trabajadores remuneraciones por encima de las paritarias”.
Sin embargo, dirigentes gremiales respondieron que las paritarias que superan la pauta oficial quedan trabadas en el Ministerio de Trabajo: “No homologan desde Trabajo las paritarias que superan la pauta. ¿Creen que los trabajadores son boludos?”, replicaron.
En medio de la tensión, algunos gremios ya anunciaron medidas de fuerza. ATE convocó a un paro nacional para el 19 de noviembre, con reclamos que incluyen la inmediata reapertura de paritarias.
En tanto, la Federación de Aceiteros acaba de cerrar un acuerdo con subas de hasta 25%, salario inicial de $2.344.000 a partir de enero de 2026 y un bono de $1.886.748,60 a pagar entre enero y febrero; y advirtió que realizará un paro “cuando este gobierno quiera avanzar contra los derechos laborales”, en referencia a la reforma laboral.
Para algunos dirigentes, la discusión no se agota en la recomposición salarial. El sindicalista Dante Camaño insistió en que siempre promovió “salarios dinámicos”, un esquema atado a un porcentaje de la venta bruta que, según afirma, incentiva a que “todos quieran vender más”.