Reclaman aumento en plena temporada de negociación salarial. Cobran desde $3,2 millones. Se quejan por las guardias de 24 horas.
En medio de una negociación paritaria ya tensa con estatales, docentes y judiciales, el gobierno de Axel Kicillof sumó un frente inesperado: fiscales de primera instancia del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires salieron a reclamar una recomposición salarial y mejores condiciones laborales.
La Asociación Civil de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires encendió una nueva luz de alerta dentro del conflicto salarial que atraviesa al Estado bonaerense. En una nota institucional enviada en febrero de 2026, los fiscales de primera instancia reclamaron una urgente recomposición de sus haberes al Gobernador y a las máximas autoridades del Poder Judicial y del gabinete provincial, al advertir que la crisis salarial ya impacta de lleno en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y en la calidad del servicio de justicia.
El documento fue dirigido a la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; al ministro de Justicia, Juan Martín Mena; al ministro de Economía, Pablo López; al ministro de Trabajo, Jorge Walter Correa; y a la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila. La carta lleva la firma de Walter Martínez Soto, presidente de la Asociación Civil de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, entidad que nuclea a las y los fiscales del fuero penal bonaerense y actúa como organización de representación institucional del sector.
Los fiscales ponen como ejemplo que un funcionario de primera instancia percibe alrededor de $3,2 millones mensuales y que la función exige “guardia permanente”. El argumento busca reforzar la idea de desgaste, disponibilidad continua y responsabilidad penal sobre hechos graves.
El número del salario -$3,2 millones mensuales- no es neutro en la discusión política. En un contexto de paritarias empantanadas, con docentes, estatales y personal de salud denunciando pérdida de poder adquisitivo, la cifra expone una brecha que el Ejecutivo sabe que juega en contra del reclamo en términos de empatía social.
En La Plata admiten que el planteo de los fiscales tensiona el discurso oficial: mientras el gobierno argumenta restricciones presupuestarias y recortes de transferencias nacionales, un sector del sistema judicial reclama desde una base salarial que, comparada con la media del empleo público, luce muy elevada. La discusión no es sólo económica: es simbólica. El Ejecutivo teme que abrir una negociación específica con fiscales genere un “efecto contagio” hacia otros estamentos del Poder Judicial.
El punto más sensible del reclamo es el de la “guardia permanente”. En los departamentos judiciales del AMBA, los fiscales describen una dinámica de urgencias constantes: hechos de flagrancia, violencia urbana, robos, conflictos familiares y delitos complejos que obligan a una disponibilidad casi continua, con turnos que se superponen y jornadas extendidas.
La situación es distinta en los grandes centros del interior. En Mar del Plata y Bahía Blanca, si bien la actividad penal es intensa, la organización de turnos y el volumen relativo de causas permiten una guardia menos asfixiante que en el conurbano. En los departamentos del interior profundo, en cambio, la conflictividad social es sensiblemente menor y la guardia, aunque formalmente existe, se activa con mucha menos frecuencia.
Los propios registros del Ministerio Público muestran que el volumen de investigaciones penales preparatorias iniciadas en 2024 se concentra en el AMBA y en los departamentos judiciales más poblados, mientras que en el interior el caudal de causas es comparativamente más bajo. Esa asimetría territorial explica por qué el argumento de la “guardia permanente” no impacta de la misma manera en toda la provincia y abre una grieta interna dentro del propio reclamo fiscal.
En los departamentos judiciales del conurbano, el flujo de causas penales es muy superior al del interior bonaerense. Delitos contra la propiedad, amenazas, violencia interpersonal y conflictos familiares concentran gran parte del trabajo cotidiano de las fiscalías, lo que multiplica las intervenciones urgentes y la carga operativa.
En Mar del Plata y Bahía Blanca, el volumen de causas es relevante para la región, pero no alcanza los picos del AMBA. Allí, la presión cotidiana existe, aunque con una dinámica más previsible en términos de guardias y turnos. En los departamentos del interior profundo, la menor densidad poblacional y la menor conflictividad social reducen el promedio de causas por fiscal y la frecuencia de intervenciones de emergencia. El resultado es un mapa provincial desigual, donde la misma categoría de cargo convive con realidades laborales muy distintas.
El reclamo de los fiscales irrumpe en un momento políticamente incómodo para Axel Kicillof. La Provincia mantiene abiertas las paritarias con los gremios estatales, con ofertas que vienen siendo rechazadas por insuficientes. En 2024 y 2025, los aumentos salariales quedaron por debajo de la inflación y la pérdida acumulada del poder adquisitivo sigue pesando sobre el humor social de los empleados públicos.
En ese marco, la protesta de los fiscales agrega ruido a una agenda ya cargada. No se trata de un gremio tradicional ni de una paritaria formal, pero sí de un actor con peso institucional y capacidad de condicionar el clima político. En el oficialismo temen que el conflicto se convierta en una caja de resonancia para cuestionar la política salarial del Ejecutivo y, al mismo tiempo, complique la relación con el Poder Judicial en un año atravesado por demandas de resultados en materia de seguridad.
Para el gobierno bonaerense, la aparición pública de los fiscales es un problema adicional que no estaba en el radar inmediato. La Casa de Gobierno apuesta a cerrar acuerdos con los gremios para evitar una escalada de conflictos, pero el reclamo judicial expone un límite: aun sectores con salarios altos en la estructura estatal se sienten alcanzados por la pérdida de poder adquisitivo y por el desgaste laboral.
La paritaria menos esperada terminó sumándose al combo de tensiones que rodean a Kicillof. Y lo hizo con un argumento que, aunque discutido por las desigualdades territoriales, vuelve a poner en el centro de la escena un debate incómodo para la política: cuánto vale, en términos salariales y simbólicos, el trabajo de quienes sostienen el sistema penal en una provincia atravesada por la conflictividad social.