Por decreto, estableció cambios en la asignación de recursos para las empresas beneficiarias: 60% irá a proyectos productivos y 40% a infraestructura.
Javier Milei en la Antártida, en uno de sus viajes a Tierra del Fuego.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 111/2025, introduciendo modificaciones en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. La medida ajusta la distribución del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina), destinando un mayor porcentaje a proyectos productivos y limitando el uso de recursos para el sector público.
El decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial modifica el artículo 6° del Decreto 727/2021, estableciendo que el 60% de los aportes obligatorios de las empresas beneficiarias se dirigirá a iniciativas productivas que busquen diversificar la economía provincial e impulsar la innovación en ciencia y tecnología. Dentro de este porcentaje, un tercio deberá destinarse a empresas que no formen parte del régimen de promoción industrial que rige en la provincia más austral de la Patagonia.
En paralelo, el 40% restante financiará obras de infraestructura para mejorar la competitividad y reducir costos logísticos en la isla. Estos proyectos podrán ser presentados por el Estado Nacional, la provincia o los municipios, pero bajo la condición de que no sean utilizados para gastos corrientes del sector público.
Una de las principales novedades del decreto es la creación del artículo 6° bis, que habilita a las empresas beneficiarias a usar hasta el 40% de sus aportes obligatorios en sus propios proyectos productivos, siempre que estos sean aprobados por el Comité Ejecutivo del FAMP-Fueguina.
Para acceder a este beneficio, las compañías deberán emitir un certificado de deuda a favor del fondo, el cual será cancelado a medida que se ejecuten las inversiones comprometidas. Además, se habilita la opción de adelantar inversiones, con un coeficiente de ajuste determinado por el Comité Ejecutivo.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego fue creado bajo la Ley 19.640, con el objetivo de fortalecer la economía regional y consolidar la soberanía argentina en un territorio estratégico. En 2021, el gobierno de Alberto Fernández extendió sus beneficios hasta 2038 mediante el Decreto 727/2021, garantizando previsibilidad a las empresas radicadas en la provincia.
Sin embargo, en septiembre de 2024, la administración de Javier Milei aplicó un ajuste en el régimen, eliminando beneficios fiscales a cinco empresas textiles por incumplir con los requisitos del Decreto 594/2023. Según informó en ese momento la Secretaría de Industria y Comercio, estas compañías quedaron excluidas del esquema especial, perdiendo exenciones en Ganancias, IVA y derechos de importación.
Con la nueva distribución de fondos, el Gobierno afirma que busca promover la diversificación productiva, reducir la dependencia del régimen especial y generar mayor competitividad en la provincia. Sin embargo, algunos sectores advierten que las restricciones en el uso de fondos públicos podrían afectar la inversión estatal en infraestructura clave.
El nuevo esquema ya genera debate entre el empresariado y las autoridades locales, quienes analizan su impacto en el desarrollo económico de la isla. Mientras tanto, las empresas deberán ajustar sus estrategias de inversión para adaptarse a la nueva normativa.