El Gobierno redujo las erogaciones casi 30% entre 2023 y 2025. Sólo subió el presupuesto en Inteligencia. Consecuencias del shutdown y dudas hacia adelante.
Javier Milei revela el ajuste en la ejecución presupuestaria.
La ejecución presupuestaria al cierre de 2025 confirma un ajuste fiscal de magnitud. Según ASAP y CEPA, el gobierno de Javier Milei recortó de forma drástica la obra pública, los programas sociales, la educación, la salud y la ciencia, mientras el gasto total cayó 29% real frente a 2023. Sólo aumentaron inteligencia y el peso del pago de deuda.
El recorte en obra pública fue uno de los ejes centrales del ajuste fiscal aplicado durante los dos primeros años de gestión libertaria. De acuerdo con el informe ejecutivo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Gasto de Capital —que incluye la inversión en infraestructura— se desplomó un 79,4% en términos reales entre 2023 y 2025.
Dentro de ese total, las transferencias de capital a las provincias para financiar obras se redujeron un 88% reales, mientras que la Inversión Real Directa ejecutada por el Estado nacional cayó un 67% en igual período. En términos operativos, la contracción implicó la paralización o ralentización de la mayoría de los proyectos de infraestructura en todo el país.
Sólo en 2025, comparado con el año previo, los recortes interanuales fueron particularmente profundos en áreas clave: Vivienda y Urbanismo registró una caída del 90,4%, Agua Potable y Alcantarillado retrocedió un 67,4% y Comunicaciones se redujo un 70,1%.
Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en transporte y obra pública, "se observa un nivel de ejecución extremadamente bajo, cercano a la paralización de los programas". Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación retrocedieron un 98%, mientras que la Construcción de Rutas Seguras cayó un 89% y las Obras de Seguridad en Rutas Nacionales un 93%.
Esta parálisis también alcanzó a las obras hídricas y urbanas, con el Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo cayendo un 92%, la Infraestructura Hidráulica un 85% y la Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios un 75%. En términos de ingeniería pesada, la Construcción de Túneles y Puentes descendió un 95%, consolidando un escenario en el que la inversión real directa fue reemplazada por un cese de actividades casi generalizado en todo el territorio nacional, tal como destacó el documento del CEPA.
El otro componente central del ajuste fue la reducción del gasto en asistencia social. Según el CEPA, la función Promoción y Asistencia Social —que engloba los principales programas de ayuda directa— acumuló un recorte real del 73,4% entre 2023 y 2025.
Dentro de este rubro, los programas alimentarios mostraron fuertes caídas. El financiamiento para Comedores Comunitarios y Merenderos se redujo un 52% real, mientras que la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) cayó un 32% en términos reales.
Las políticas destinadas a la niñez y la primera infancia también fueron alcanzadas por el ajuste. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió un recorte del 73% y el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia retrocedió un 90%. Además, el CEPA destacó la eliminación total de programas como el Plan Nacional de Protección Social y las iniciativas de Economía Social, con una ejecución nula en 2025.
En el caso de la Seguridad Social, los datos de ASAP muestran que, pese a un repunte interanual en 2025, el gasto ejecutado continúa 4,3% por debajo del nivel real de 2023. En paralelo, las transferencias corrientes a las provincias se redujeron un 60,5% real en el bienio 2023-2025.
El gasto en remuneraciones del sector público nacional cayó un 27,3% real en dos años, como resultado de la pérdida del salario real y la reducción de la planta de personal. Las universidades nacionales también fueron alcanzadas por el ajuste: las transferencias acumuladas retrocedieron un 27,7% real entre 2023 y 2025, devolviendo su presupuesto a niveles similares a los de 2008.
Los informes del CEPA y del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) muestran que el ajuste se extendió a áreas estratégicas. En educación, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) registraron una caída del 100%, mientras que las becas estudiantiles retrocedieron un 76,7% real en dos años.
En salud, se verificaron caídas de hasta el 100% en programas de Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas. En ciencia y tecnología, todos los organismos mostraron recortes en su ejecución en 2025: la Agencia I+D+I cayó un 42,4%, el INTI un 33,5% y el Conicet un 15,9% real sólo en el último año.
La inversión en bienes de capital en el sistema científico se desplomó un 62,2% real acumulado en dos años, dificultando o paralizando proyectos de investigación en distintas regiones del país.
Mientras la mayoría de las funciones presupuestarias registraron fuertes caídas, la Secretaría de Inteligencia del Estado fue la excepción. Según datos citados por el CEPA y por el analista Artemio López, su ejecución aumentó más de un 50% real en comparación con 2023.
En paralelo, los Servicios de la Deuda Pública mantuvieron un peso relevante dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional, representando cerca del 8% del total ejecutado en 2025.
El ajuste fiscal se desarrolló, además, en un contexto institucional histórico. Según destaca la ASAP, 2024 y 2025 fueron los primeros dos años consecutivos desde 1992 en los que Argentina funcionó sin una Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso, con la ejecución basada en prórrogas y decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.
Economistas ponen en duda la viabilidad de profundizar la motosierra tras los recortes aplicados en los últimos dos años. Mientras el gobierno de Milei avanza con rebajas impositivas, gobernadores aliados negocian recursos, tanto por la vía de la coparticipación como para reactivar algunas obras públicas que quedaron interrumpidas.
De cara a 2026, el Presupuesto prevé un superávit primario del 1,5% del PBI y establece una regla fiscal que obliga a frenar el gasto si esa meta se ve amenazada. En paralelo, el Gobierno promete nuevas bajas de impuestos.
El ministro de Economía, Toto Caputo, apuesta a que la ley de Inocencia Fiscal permita movilizar fondos actualmente en la informalidad para compensar, vía mayor recaudación, la reducción de retenciones y las rebajas anunciadas en el impuesto a las Ganancias para empresas y en las contribuciones a la Seguridad Social, ejes de la reforma laboral.