Críticas a la eliminación del FISU y al recorte en programas para tratar adicciones. Rol del Estado, asistencia y territorios. Doctrina vs. anarcocapitalismo.
Javier Milei desfinancias programas sociales que articula la Iglesia
Télam Javier Milei eliminó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)
La eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y los recortes a los programas de recuperación de adicciones que articula la Iglesia ponen al descubierto la dimensión del ajuste aplicado por Javier Milei: la motosierra a las políticas sociales destinadas a los sectores más vulnerables.
Las fricciones discursivas entre el Gobierno y las autoridades eclesiásticas, latente desde diciembre, se tensaron aún más tras la publicación del decreto 312/2025, que suprimió definitivamente el FISU y dejó sin financiamiento a más de 5.000 barrios populares.
Fuentes del Ministerio de Capital Humano consultadas por Letra P minimizaron la existencia de un clima de disconformidad con las políticas sociales libertarias y aseguraron que el diálogo con las autoridades eclesiásticas "es habitual y frecuente".
La decisión, que afectó obras ya proyectadas o en curso, desató una respuesta judicial: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un recurso que derivó en una cautelar favorable dictada por la Justicia Federal de Pehuajó, obligando al Ejecutivo a preservar los fondos y presentar un plan de urbanización.
El fallo, aunque limitado, representa un primer revés a la lógica de desmantelamiento del Estado que impulsa la administración libertaria.
Durante la gestión de Alberto Fernández, el FISU canalizó $ 271.184 millones entre 2021 y 2023 para urbanizar villas y asentamientos a través de cooperativas, gobiernos locales y organizaciones vinculadas a la Iglesia.
Sólo en 2023, el fondo ejecutó más de $ 179 mil millones. Pero el nuevo oficialismo redujo gradualmente su participación en el impuesto PAIS -de un 9% al 0,3%- hasta provocar su asfixia y desaparición formal.
En 2024, ya bajo el gobierno libertario, el FISU funcionó con apenas $ 33.645 millones. En mayo de 2025, un decreto presidencial lo eliminó por completo.
La decisión vació un instrumento clave para la integración socio-urbana y rompió la articulación con movimientos sociales y estructuras parroquiales que venían gestionando miles de proyectos.
En paralelo, el Ejecutivo también redujo en forma drástica los aportes estatales a programas que asisten a jóvenes en situación de consumo problemático de estupefacientes.
El presupuesto dirigido a dispositivos impulsados por Cáritas, los Hogares de Cristo o mediante el modelo Fazenda de la Esperanza, cayó un 32% nominal y un 79% en términos reales en 2024, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.
Se trata de más de 250 centros que trabajan con unas 10 mil personas, muchas de ellas en barrios populares donde el narcotráfico avanza ante la falta de contención estatal.
“Sin recursos, estos espacios están al borde del colapso”, alertó el sacerdote Pepe Di Paola, referente del movimiento de curas villeros.
“El retiro del Estado deja un vacío que ocupan los narcos”, advirtió el último comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, que denunció la retirada como una amenaza directa para los más pobres.
Las voces críticas se multiplicaron. El arzobispo Gustavo Carrara (La Plata), figura clave en la pastoral villera, fue terminante: “Sin una presencia inteligente del Estado, el narcotráfico avanza y mata”.
El presidente del Episcopado, arzobispo Marcelo Colombo (Mendoza), remarcó las dificultades crecientes para sostener los tratamientos sin acompañamiento público. “Los ajustes necesarios no pueden hacerse a costa de los más pobres”, aseveró.
El conflicto pone en evidencia el choque de visiones entre el modelo libertario de Milei, que reniega del Estado como garante de derechos y el enfoque territorial y comunitario de la Doctrina Social de la Iglesia, que demanda subsidiariedad y políticas públicas activas en educación, salud y urbanización.
“La caridad organizada necesita coordinación con el Estado. Si esta articulación se corta, el daño es inmediato”, dijo a Letra P una fuente de Cáritas.
Aunque desde 2018 la Iglesia avanzó hacia un modelo de mayor autosustentabilidad, el retiro completo del Estado no sólo afecta su capacidad operativa, sino que agrava la exclusión en contextos ya marcados por la pobreza estructural.
Mientras Milei sostiene firme la motosierra del ajuste, los tribunales se convierten en escenario de resistencia. La Justicia de Pehuajó no sólo ordenó preservar el patrimonio del FISU, sino que también exigió al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, un informe detallado sobre la situación de las obras frenadas.
Tal como viene contando Letra P, estas situaciones de recortes en planes sociales tienen antecedentes que se remontan a los primeros meses de Milei en la Casa Rosada, como cuando se cambió la modalidad de distribución de alimentos que luego aparecieron almacenados en galpones ministeriales o cuando se cortó un convenio con la Iglesia para la construcción de viviendas.
La disputa por el rol del Estado, la asistencia y los territorios populares no es sólo presupuestaria: es ideológica. En los hechos, la motosierra libertaria encendió una alarma que atraviesa la política, los tribunales y los altares.