Con el fin del programa Volver al Trabajo, movimientos populares volvieron a las calles. Los datos muestran un fuerte deterioro en los ingresos y el empleo.
La eliminación de los subsidios sociales impulsó el regreso de la protesta a las calles.
NA - Juan Vargas
La eliminación de los subsidios sociales impulsó el regreso de la protesta a las calles.
El cierre del programa Volver al Trabajo, que alcanzaba a más de 900.000 beneficiarios con ingresos congelados en $78.000, reactivó las protestas en todo el país y volvió a poner en debate la política social del Gobierno. Movimientos sociales advierten sobre el desmantelamiento de la asistencia, la pérdida de poder adquisitivo, la falta de empleo y el deterioro en los barrios, mientras distintos estudios cuestionan el impacto real de los subsidios.
La medida derivó en una jornada nacional de protesta con más de 100 cortes, de acuerdo con organizaciones sociales y políticas. Además, coincide con el último pago que realizará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el próximo jueves a 937.132 titulares del programa.
Dirigentes sociales señalaron que la protesta incluyó ollas populares y movilizaciones en distintos puntos del país, por el recorte que implica la salida de cerca de un millón de personas del sistema de asistencia directa.
“Hoy es la única ayuda para miles de familias necesitadas. En un contexto de más pobreza y falta de empleo, quitar esta ayuda empuja directamente a miles y miles a la indigencia. Es momento de solidarizarse y enfrentar el ajuste en las calles”, dijo el secretario general del MST, Alejandro Bodart.
El ingreso del programa se mantuvo fijo en $78.000 desde noviembre de 2023. Según un informe de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), esa inmovilización implicó una caída del 74% en el poder adquisitivo del Salario Social Complementario.
El deterioro de los ingresos impacta sobre más de un millón de hogares vinculados a la economía popular, con efectos directos en estrategias de subsistencia como changas, endeudamiento o pluriempleo.
El informe señaló que el universo de beneficiarios refleja "un problema estructural": la incapacidad del mercado laboral formal de absorber a trabajadores informales. “El problema central no es la falta de voluntad de trabajo”, indicaron en el documento, sino la falta de empleo registrado.
El Gobierno avanzó con la eliminación del VAT y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación. Sin embargo, organizaciones sociales cuestionaron su implementación.
El dirigente de la UTEP, Alejandro Gramajo, afirmó a Letra P que las capacitaciones “son una mentira absoluta” y denunció los problemas que encontraron al inscribirse: “A compañeros de Tucumán los mandan a Ciudad de Buenos Aires; a otros de La Plata, a Zárate. Lo que están tratando de construir es primero el desgaste en la gente, porque eso es insostenible, no se puede hacer. Y después construir argumentos para decir que la gente no quiere trabajar".
Según denunció, el sistema asigna cursos en ciudades distantes del domicilio del beneficiario. Ante la consulta de este medio al Ministerio de Capital Humano, no hubo respuesta al respecto.
La cartera a cargo de Sandra Pettovello difundió un comunicado, en el que afirma que previo al pago de la última asignación, el Gobierno notificó a los beneficiarios sobre la posibilidad de acceder a nuevas instancias de formación.
"Quienes manifestaron interés podrán obtener vouchers para cursos de oficios y capacitación profesional", indicó, sin dar más detalles sobre su implementación.
Asimismo, aseguró que reforzó las prestaciones sociales con foco en niñez, adolescencia y familia: la Tarjeta Alimentar aumentó un 137,5%, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) registraron una suba del 561%. Según el Ministerio, el objetivo es garantizar asistencia directa a los sectores más vulnerables, sin intermediarios, y promover la inserción en el empleo formal.
"Solo el 1,3% de los beneficiarios consiguió empleo real (en lo que duró el plan en la actual gestión). El Gobierno responde con ajuste a un problema que es de falta de mercado laboral, no de falta de voluntad", graficó Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero.
"De un día para el otro 450.000 personas en la provincia de Buenos Aires dejan de cobrar el monto de $78.000 sin que esta medida sea reemplazada por ninguna alternativa laboral, ni de inserción de ningún tipo", posteó el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, Gildo Onorato.
Para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el ajuste del gasto público tuvo como principales motores las jubilaciones y prestaciones sociales, seguido por el empleo público y los subsidios económicos.
En términos específicos, el programa Volver al Trabajo representaba apenas entre 0,08% y 0,1% del PBI (Producto Bruto Interno), de acuerdo con estimaciones de Analytica y la UTEP. Su eliminación implicaría un ahorro fiscal cercano al 0,06% del producto.
Esto ubica al programa como de bajo impacto en las cuentas públicas, pero con alta incidencia social, especialmente en provincias del norte como Jujuy, Chaco y Tucumán.
Según estimaciones del director de C-P, Federico Pastrana, el gasto social a comienzos de 2026 se ubica 36% por debajo de fines de 2023, incluyendo la AUH. "El reciente anuncio de la eliminación del programa Volver al Trabajo anticipa nuevos recortes", advirtió.
Según Analytica, la reducción de los subsidios se inserta en un esquema de fuerte contracción de la inversión social. Durante el primer trimestre del año, los programas sociales sufrieron una caída real del 29,8%, a lo que se sumó una reducción del 12,3% en las asignaciones familiares y una baja del 11,8% interanual en la AUH.
Distintos informes coinciden en un deterioro del mercado laboral. Según datos del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), desde el inicio de la gestión libertaria se perdieron 271.000 empleos registrados y cerraron más de 22.600 empresas.
El mismo informe indica que la informalidad alcanza al 43% de las personas trabajadoras, mientras que la desocupación llegó al 7,5% en el último trimestre, el nivel más alto para ese período desde la pandemia.
Además, el poder adquisitivo cayó en la mayoría de los segmentos: jubilados (-18%), empleados públicos (-9%) y privados (-2%).
En los barrios populares, el recorte de ingresos se traduce en un deterioro de las condiciones de vida y en una mayor presión sobre redes comunitarias.
Fuentes de las organizaciones sociales señalaron que los programas no sólo funcionaban como ingreso, sino también como sostén de comedores, huertas y tareas de mantenimiento barrial.
“No es solo un plan: es el ingreso por cocinar en comedores, limpiar los barrios y mantener huertas”, indicaron desde el Polo Obrero.
El recorte del gasto social se da en un contexto de caída de ingresos y estancamiento económico. Según C-P, la economía dejó atrás la recuperación de 2024 y muestra señales de estancamiento desde 2025, con una caída sostenida de ingresos.