El Congreso sancionó la ley que limita el poder de la ARCA para perseguir evasores. Con los salarios estancados, es la única manera de reactivar el consumo.
Manuel Adorni, José Luis Espert, Javier Milei y Toto Caputo.
Javier Milei y Toto Caputo tendrán la ley de Inocencia Fiscal por la presionan desde junio. La norma quitará herramientas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para fiscalizar dinero sin declarar por hasta $100 millones. Con salarios planchados, el Gobierno apuesta a que la plata negra y la reactivación del crédito muevan el consumo en 2026.
Lo que pasó con este proyecto de ley está a tono con el Día de los Inocentes, fecha religiosa que se conmemora este domingo. Caputo y el entonces jefe de la ARCA, Juan Pazo, anunciaron, en mayo, una serie de flexibilizaciones en los controles a los contribuyentes, como la eliminación de registros que tenían que completar escribanos, concesionarios y otros.
El 5 de junio, el Gobierno anunció el envío del texto al Congreso para elevar los montos a partir de los cuales se persigue un delito de evasión y limitar el poder de acción de la agencia de recaudación.
Ironía: eligieron como vocero a José Luis Espert, entonces presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y precandidato a renovar por la provincia de Buenos Aires. Justo él fue el presentador de cambios normativos que, advierten los críticos, pueden favorecer el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico.
"Es un cambio de régimen en materia tributaria, vamos a abandonar el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex AFIP presuponían que todos éramos culpables y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio en el que todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario", destacó Espert en aquel entonces, antes de tener que renunciar a su candidatura por no poder explicar sus vínculos con Fred Machado, extraditado a Estados Unidos.
La ley que sancionaba el Senado actualiza significativamente los montos a partir de los cuales se persigue penalmente la evasión. La evasión simple pasa de un mínimo de $1,5 millones a un piso de $100 millones, por debajo del que la ARCA no impulsará ninguna acción penal. La Unidad de Información Financiera (UIF) ya había elevado los umbrales a partir de los cuales concesionarios, escribanos y otros tienen el deber de informar una sospecha de lavado de dinero.
Además, permite extinguir esa acción penal con el pago de una multa. Elimina la pena de prisión para los casos menos gravosos y reduce sanciones por el uso de facturas apócrifas.
También, como celebró Espert, invierte la carga de la prueba. Hasta ahora, el contribuyente al que se le encontraron inconsistencias debe demostrarle al fisco que se trató de un error y no de una conducta dolosa. Con la nueva ley, la ARCA tendrá que probar que hubo dolo.
Y tendrá menos tiempo para hacerlo: los plazos de prescripción bajan de cinco a tres años en algunos casos.
La norma crea el Régimen Simplificado del impuesto a las Ganancias, que permitirá a las personas con ingresos de hasta $1000 millones anuales y patrimonios de hasta $10.000 millones liberarse del impuesto a través de una declaración jurada confeccionada por la ARCA, salvo que se detecten errores graves o “discrepancias significativas”.
“El que evade es un héroe”, dijo Milei alguna vez. Su gobierno espera que ese héroe anónimo le dé a la economía ese envión que los salarios gasoleros no aportan. Caputo y equipo estimaron, en mayo, que hay unos u$s 200.000 millones listos para salir de debajo del colchón. El plan es allanarles el camino, con algo muy parecido a un blanqueo permanente: ARCA tendrá menos herramientas para detectar la irregularidad y mirará para otro lado.
Milei y Caputo creen que la incorporación al sistema formal de esa montaña de ahorros impactará en las cuentas públicas. La ARCA, al fingir demencia, recaudará una parte de lo que actualmente se le escurre por evasión. Según el IERAL de la Fundación Mediterránea, la evasión en IVA equivale a 2,6% del PBI o unos u$s 15.000 millones al año.
“Otros tributos, como el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales o las Contribuciones a la Seguridad Social, registran niveles de evasión similares o más altos”, indicó en un documento que ponderó el proyecto del oficialismo.
Esa mayor recaudación redundaría en que las provincias reciban más fondos por coparticipación (o, al menos, compensaría lo que cederían con la baja de impuestos coparticipables contenidos en la reforma laboral y lo que entregaron por Bienes Personales). Además, recaudarían más por Ingresos Brutos. Milei y Caputo esperan que, con eso, bajen las alícuotas de los tributos provinciales.
La Inocencia Fiscal podría reactivar el mercado de la construcción, que cae 20% desde fines de 2023 y termina 2025 estancada y con altos costos en dólares. “Es altamente probable que haya mayor cantidad de fondos disponibles para inversiones en el sector”, dijo a Letra P José Rozados, director de Reporte Inmobiliario.
Para Federico González Rouco, economista de Empiria y experto en el sector inmobiliario, ocurrirá algo similar a lo que pasó con el blanqueo de capitales de 2024. “Fue de lleno a la compra de inmuebles usados, pero casi nada a la inversión desde el pozo”.
El Gobierno espera que tenga impacto también en la compraventa de autos, con patentamientos que crecen al 50% anual en 2025. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) indicaron: "Podría ser un elemento más que se sume a una demanda que viene activa, pero en principio no vemos que pueda llegar a tener un rol realmente protagónico en nuestra actividad, como si lo tienen la financiación y una macro estable".
El especialista Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, marcó una ironía. El Gobierno elevó el monto a partir del cual los bancos deben informar depósitos a ARCA a $50 millones, pero con el piso de $100 millones para la evasión simple, se favorecerá a las operaciones en efectivo.
“Puede pasar que, si alguien compra un inmueble con dinero en negro pero bancarizando, el banco debe informar a partir de los $50 millones por mes; el fisco recibirá esa información y luego debería cruzarla con los ingresos de la persona”, dijo Domínguez. “Pero si la operación es en efectivo, el escribano sólo debe informar a la UIF a partir de los u$s 200.000”, añadió.
La estructura impositiva más regresiva y con menos controles traccionará actividad y recaudación, según la perspectiva oficial. A tono con el relato libertario, el que evadió nos salvará. El asalariado deberá esperar el goteo que llegue desde arriba.