Tras la ventana de impuestos cero que costó u$s 1400 millones, el Gobierno va por una rebaja permanente para impulsar la competitividad del campo.
Toto Caputo y Javier Milei salen otra vez a buscar lo dólares del campo.
Toto Caputo anunció una reducción permanente en las retenciones para el sector agroindustrial que, según estimaciones privadas, tendrá un impacto fiscal de entre u$s 500 y u$s 700 millones en 2026. La medida busca aliviar la carga tributaria del campo y mejorar su competitividad, para así compensar la caída en la recaudación vía mayores ventas.
En septiembre último, el Gobierno ya había resignado unos u$s 1400 millones al avanzar con el esquema de retenciones cero para economías regionales y segmentos de la agroindustria, un 0,25% de PBI, según estimó la consultora LCG.
Esa reducción previa, combinada con la baja anunciada este martes, profundiza el recorte en la recaudación por derechos de exportación en un contexto en el que el oficialismo busca cumplir metas fiscales estrictas y sostener el ordenamiento de las cuentas públicas.
La resolución disminuye las alícuotas de soja (de 26% a 24%), subproductos de soja (de 24.5% a 22.5%), trigo y cebada (de 9.5% a 7.5%), maíz y sorgo (de 9.5% a 8.5%), y girasol (de 5.5% a 4.5%), con el objetivo de “avanzar en el alivio fiscal”, tal como señaló el ministro de Economía en el anuncio en redes sociales, y advirtió que las retenciones “se seguirán bajando en la medida que haya espacio fiscal”.
Caputo sostuvo que eliminar este impuesto “siempre fue una prioridad del Presidente (Javier Milei)” y prometió nuevas reducciones “si la macroeconomía lo permite”.
Consultado por Letra P, el economista Ramiro Costa, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, estimó que "el alivio fiscal asociado a esta nueva baja de los derechos de exportación ronda los u$s 600 millones para el sector productivo y la cadena en su conjunto. Son recursos que quedan en manos del sector privado y pueden traducirse en mayor inversión, especialmente en un momento clave del ciclo productivo".
Respecto de la pérdida de recursos fiscales, el analista advirtió que "parte se puede recuperar vía otros impuestos, impuesto a las ganancias por ejemplo. Los u$s 600 (millones) es el costo directo asignado a la medida viendo sólo ese impuesto".
El ceo de Romano Group, Alfredo Romano, calculó un impacto "cercano a los u$s 580 millones, con soja y subproductos aportando el 59% del total".
Ante una consulta de este medio, el analista del mercado de granos, Gustavo López coincidió con su colega que el costo fiscal combinado entre lo que queda por declarar de la campaña 24/25 y la futura 25/26 asciende a unos u$s 600 millones. Explicó que la baja implica que, para el próximo ciclo, "los derechos de exportación pasarían de u$s 5800 millones proyectados a u$s 5300 millones".
Asimismo, LCG estimó en un informe técnico que el impacto "en u$s 700 millones en 2026, equivalente a 0,1% del PBI. El dato contrasta con el Presupuesto 2026, que proyecta una suba en la recaudación por retenciones de 0,95% a 0,98% del PBI". El Gobierno busca además un superávit primario del 1,5% del PBI para ese año, por lo que, según la consultora, “ese margen ya estaría comprometido”.
La Asociación Argentina del Girasol (ASAGIR) celebró la medida al destacar que “el alivio fiscal permitirá incrementar la competitividad del girasol, generando más inversiones, producción, exportaciones y empleo”. Teniendo en cuenta que la cadena agroindustrial representa cerca del 60% de las exportaciones del país, la apuesta es que esta resolución funcione como estímulo para la actividad, que se encuentra "estancada", tal como advirtieron en el sector en el lanzamiento de la campaña gruesa en septiembre último.
El director de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, también respaldó el anuncio en función de la eliminación de impuestos distorsivos para la actividad productiva.
“No solamente tenemos los impuestos más altos del mundo, 155 tributos según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), sino que además tenemos muy alta incidencia de los denominados impuestos distorsivos. En efecto, un tercio de nuestra recaudación está compuesta por esos impuestos, por lo cual es correcto que se hayan empezado a eliminar y a bajar”, dijo Olivero Vila a Letra P.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que la combinación de la baja de retenciones y la reducción de contribuciones patronales previstas en la reforma laboral implican un costo fiscal total estimado de u$s 4031 millones, equivalente a 0,65% del PBI.
Según su análisis, "sólo la baja de retenciones reporta un costo cercano a u$s 500 millones, casi el doble del presupuesto anual del Ministerio de Salud en 2026". CEPA planteó que se trata de “una decisión sobre qué sectores dejan de contribuir y qué prioridades elige el Gobierno financiar”.
El analista del sector agropecuario Javier Preciado Patiño consideró que el impacto fiscal “no es una gran cosa”, pero enfatizó que la clave estará en si la medida “estimula las ventas”. Recordó que la soja pasó del 33% de retenciones en la campaña 24/25 al 24% en la 25/26, lo que implica “una diferencia de recursos muy significativa para el sector”.
En paralelo, Caputo aseguró en una actividad de la Fundación IEB, que si la economía logra crecer entre 6% y 8% anual, “la mayoría de los impuestos se van”, y volvió a cuestionar las subas de tributos provinciales y tasas municipales, a las que calificó como “una ofensa a la sociedad”. Según su visión, el crecimiento permitirá seguir reduciendo impuestos y sostener el sendero fiscal.