El exabogado de grandes firmas es autor de la reforma del método de selección de jueces que el lobby empresario celebra con fervor. Razones de la pasión.
Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema.
Desde su presentación en sociedad, el lunes de la semana pasada, el proyecto de la Corte Suprema que modifica el proceso de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura, ha cosechado un respaldo masivo y entusiasta de organizaciones empresarias. ¿Por qué tanta pasión por algo tan técnico? En Carlos Rosenkrantz, el autor de la iniciativa, está la respuesta.
El ministro del máximo tribunal fue abogado de las grandes empresas del país antes de asumir la función pública. El Círculo Rojo respalda una propuesta que considera propia y con la que tendrá más incidencia en la designación de magistrados.
Las crónicas de especialistas políticos y judiciales coinciden en que Rosenkrantz presentó el borrador del texto y que Ricardo Lorenzetti lo acompañó con su firma para lograr la acordada 4, que se publicó en el Boletín Oficial con fecha 25 de marzo. También, que Horacio Rosatti no firmó porque consideró que su silla como presidente del Consejo de la Magistratura le impedía acompañar el texto, aunque respaldó a sus colegas con una foto en la presentación.
El Rosatti que estuvo presente en el acto en el que Rosenkrantz y Lorenzetti presentaron el proyecto, ante 200 asistentes, es el mismo que, como titular de la Magistratura, convocó a las sesiones de las comisiones de Jueces y Reglamentos para este jueves.
Juan Domingo Perón decía que para que algo no funcione lo mejor es crear una comisión. En este caso, esas dos ya estaban creadas, pero habilitar ese debate abre la puerta a introducir modificaciones al proyecto. No va a salir por un tubo.
El presidente de la Corte y del Consejo avisó que la política tiene cosas para decir que frenan el lobby de las empresas para que esto avance rápido.
Otra vez: ¿por qué tanto interés del empresariado en el método de designación de jueces? Por empezar, hay una percepción de que el Círculo Rojo se interesó por ese proceso a partir de la Los Cuadernos K. Gabriela Pepe contó en Letra P los planteos de los estudios que defienden al empresariado. La lectura de fondo es que magistrados más cercanos al sentir de los hombres y las mujeres de negocios los hubieran tratado distinto. Ya no alcanza con tener a los abogados más caros de la City.
A eso se suma la avalancha de pliegos que empezó a mandar el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para empezar a completar las 203 vacantes de juzgados y otro centenar de puestos en el Ministerio Público. Sebastián Amerio, integrante del Consejo de la Magistratura y encargado de las relaciones del Gobierno con el Poder Judicial durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona, estuvo más de dos años sin enviar un pliego. Mahíques envió 44 en menos de un mes y prepara otra tanda.
Los flashes apuntaron a la casta judicial: Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte; Coco Mahiques, padre del ministro; Ana Juan, pareja del juez Marcelo Martínez de Giorgi; María Julia Sosa, secretaria de Julián Ercolini... y siguen los nombres. Pero importan, también, otros casilleros.
Las 44 vacantes incluyen 16 en el fuero criminal y correccional federal, que es el que suele llevarse la marca, pero hay diez en el fuero Civil y Comercial federal. Allí se dirimen asuntos sobre Defensa de la Competencia, Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y los amparos por la cobertura de las empresas de medicina prepaga, temas que suelen ocupar muchas horas de los grandes estudios.
Otras diez vacantes en trámite corresponden al fuero Penal Económico, en el que se tramitan causas sobre lavado de activos y contrabando. Las ocho restantes están en el fuero Contencioso Administrativo, en el que se ventilan cuestiones de ejecución tributaria y juicios contra el Estado.
En ninguna de esas designaciones -que definirá el Senado- ni en las que proponga Mahiques próximamente entra en juego el nuevo reglamento. Sin embargo, el Círculo Rojo parece haber reaccionado. No se quiere quedar afuera.
El Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados que presentó la Corte es el decimoquinto proyecto que ingresa al Consejo de la Magistratura para su consideración. A diferencia de los otros 14, obtuvo un inusual respaldo coral del empresariado.
Todavía se debate si la tapa de los diarios impresos sigue teniendo relevancia política, pero Clarín decidió relegar a un segundo plano el lanzamiento del Artemis II a la Luna (la primera misión tripulada de la NASA al satélite en 53 años), su batalla contra Chiqui Tapia, el congelamiento del precio de la nafta y el escándalo del patrimonio de Manuel Adorni para encabezar así: Respaldo de los empresarios al proyecto de la Corte para la selección de jueces.
“La propuesta elevada por la CSJ representa un avance significativo frente a las debilidades que presenta el sistema actual, caracterizado por la opacidad de los Concursos Públicos en el Consejo de la Magistratura y la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados”, proclamó Amcham en un comunicado. “Esta iniciativa no sólo contribuye a reducir márgenes de arbitrariedad, sino que también apunta a agilizar los procesos y mejorar la calidad de las designaciones”, añadió.
IDEA destacó “la necesidad de contar con mayor transparencia en el proceso de selección de jueces para evitar arbitrariedades” y afirmó que “esta medida constituye una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina”. Además de directores ejecutivos, IDEA concentra a referentes de los principales estudios de abogados corporativos del país.
Un miembro de esa organización le dijo a Los Perfiles del Poder, el newsletter semanal de Economía de Letra P (suscripción gratis, acá), que la propuesta de la Corte “tiene elementos que parecen mejor pensados” que los otros 14 proyectos. Enumeró los “exámenes anónimos” y la ponderación de “calidad técnica y no política”, entre otros.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) también se puso la camiseta. “Queremos animar a los miembros de los tres poderes de nuestra República a que prontamente restauren la situación del Poder Judicial, que ha sufrido la descomposición institucional durante muchas décadas. En este sentido, destacamos y apoyamos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, que ha presentado una propuesta de reglamento de concursos para la selección de magistrados, con el espíritu de generar un proceso transparente”, expresó.
El G-6, que agrupa a la Bolsa, los bancos, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, consideró que el proyecto de la Corte se orienta a “reducir la discrecionalidad y fortalecer la objetividad” en la selección de jueces.
Rosenkrantz llegó a la Corte luego de una extensa y exitosa carrera como abogado de gigantes corporativos. En su pliego se lee la larga lista de compañías a las que patrocinó: Cablevisión, La Nación SA, Elsztain, Arcos Dorados (McDonalds), Grupo de Narváez, La Rural (predio ferial), PAE, YPF y muchas otras.
Su socio, Gabriel Bouzat, sigue siendo el jefe de uno de los estudios corporativos más importantes del país: BRYA. La marca era la sigla de los apellidos que ya no están en el logo: Bouzat, Rosenkrantz y Asociados.
¿Por qué tanto apoyo? “Sólo puedo inferir que es por el vínculo de Rosenkrantz con los grandes estudios”, dijo otra fuente que está en la rosca del Consejo de la Magistratura, algo sorprendida por la gran cantidad de respaldos que obtuvo el proyecto del vicepresidente de la Corte.
Una fuente del Consejo de la Magistratura señaló a este medio que el proyecto recogió aspectos de los otros que están para tratarse. Los que más se destacaron fueron la asignación de un mayor peso a los exámenes escritos, al asignar puntaje a las entrevistas presenciales que en la actualidad son determinantes; y la amplificación de concursos anticipados para designar jueces antes de que se produzcan las vacancias y, así, acotar la crítica situación del Poder Judicial en cuanto a la falta de nombramientos.
Otras dos fuentes identificaron un tema que no estaba en la agenda y que el proyecto de Rosenkrantz incorporó: el ingreso de las universidades privadas al procesos de designación de jueces. Hasta ahora, los académicos que intervienen son de casas de altos estudios públicas. Eso podría cambiar.
El texto de la Corte incorpora a profesores titulares, eméritos o consultores de facultades de Derecho de universidades privadas a un nuevo "Comité de Examen", encargado de elaborar el cuestionario y los casos prácticos de los exámenes que deben pasar las personas interesadas.
Aclara que el Jurado Evaluador, encargado de calificar los exámenes, seguirá integrado exclusivamente por profesores concursados de universidades públicas, pero, como una parte del examen será multiple choice, la instancia de evaluación quedará restringida a casos.
¿Cuál es el link entre las universidades privadas y el Círculo Rojo? “Los profesores de las universidades privadas son los dueños de los estudios corporativos que defienden a las grandes empresas”, respondió una importante fuente del Consejo.
Desde el bando opositor del Consejo, especulan con la interna entre los supremos. “Actualmente el bloque de poder está nuevamente con Rosenkrantz y Lorenzetti y el reglamento funge como excusa para avanzar contra Rosatti”, tejen. La compulsa, sin embargo, pareciera ser voto por voto. No hay mayorías automáticas.
Como se ve, esta es una historia en desarrollo llena de rosca e intereses. Las fuentes (cercanas a magistrados, empresarios, abogados, académicos y políticos) coinciden en la necesidad de una Justicia más transparente. También, en que el Consejo de la Magistratura tiene distintas iniciativas para promover mecanismos de selección de jueces que van en ese sentido, pero pocos quieren votar un proyecto a libro cerrado y, menos aun, comprar el relato de que habrá “menos política” en la designación de los funcionarios.