Como se esperaba, la Corte Suprema le cerró el paso a la pretensión de Sergio Uñac de buscar una segunda reelección en San Juan, lo que allana el camino a la realización de las elecciones suspendidas cinco días antes de su fecha original y obligará al derrotado a buscar opciones para que lo reemplacen en la boleta, entre las que se destacan su hermano, el senador Rubén Uñac; el número dos de la fórmula caída, Cristian Andino; el vicegobernador, Roberto Gattoni, y, finalmente, el diputado Walberto Allende. La sentencia era la esperable porque lo del gobernador estaba verdaderamente flojo de papeles, pero son sus fundamentos los que provocas cierta inquietud. Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz concluyeron que la "re-re" violaba el artículo 175 de la Constitución sanjuanina, pero llamó la atención la vehemencia con la que los tres supremos –Ricardo Lorenzetti estaba fuera de la causa desde el inicio, cuando se decidió la cautelar–embistieron contra las reelecciones prolongadas. En este caso, deploraron que alguien pretenda estar 16 años en el poder.
En medio del ritual rechazo de Alberto Fernández y del igualmente cantado aplauso de la oposición, la cuestión presenta pliegues importantes.
Como explica con claridad el jurista Andrés Gil Domínguez en un esclarecedor hilo de Twitter, Rosatti y Maqueda se basaron simplemente en la interpretación de la Carta Magna provincial, algo que bastó para sacar a Uñac de la cancha, tal como ha advertido largamente su rival peronista José Luis Gioja. Frente a esa concepción "restrictiva" se alzó Rosenkrantz, igualmente opuesto a la candidatura del impugnado, pero controvertido en su argumentación.
Para este magistrado, más allá del caso sanjuanino, es válido preguntarse hasta qué punto un permiso constitucional a la reelección indefinida lesionaría el sistema republicano de Gobierno consagrado por la Carta Magna nacional.
En ese sentido, cita lo dispuesto por el artículo 5 de la misma, que evidentemente da para todo tipo de interpretaciones, incluso esta, que al no especialista –y a varios especialistas también– le suena un tanto excesiva.
Citando a Juan Bautista Alberdi, concluyó que "admitir la reelección indefinida es cambiar la forma de gobierno. Es una revolución sin ruido, hecha por la misma ley fundamental".
Fuerte.
Una explosión "sin ruido"
Eso, una explosión "sin ruido", implican los argumentos de Rosenkrantz, quienno se recuerda que haya releído a Alberdi cuando aceptó ser nombrado junto a Rosatti por decreto de Mauricio Macri. Esa chanchada, que debería haber deslegitimado a ambos de manera tajante, terminó siendo emprolijada por Miguel Ángel Pichetto, quien se activó para evitar algo que hubiera supuesto una ruptura grave del orden constitucional y, se supo con el tiempo, para salvarle el pellejo al entonces presidente.
El fallo sobre San Juan abre ahora especulaciones sobre el planteo elevado por el diputado Fernando Carbajal contra la reelección de Gildo Insfrán, El Eterno, quien ya lleva 28 años gobernando Formosa. El hombre ve ambigüedad en el artículo 132 de la Constitución provincial, algo que no surge del texto, pero que Rosenkrantz podría dibujar con facilidad.
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El artículo 132 de la Constitución de Formosa, en la mira de Rosenkrantz.
Si bien hay análisis que anticipan un escenario adverso para el gobernador, las posturas restrictivas a las legislaciones de las provincias autónomas de los otros dos miembros de la nueva mayoría automática impedirían ser tajante. Más aún cuando también fue restrictivo y pro-Insfrán el dictamen del procurador general Eduardo Casal… otro que –dicho al pasar– permanece de facto en su cargo, por la omisión a esta altura escandalosa del Congreso en general y del peronismo gobernante en particular en realizar una designación conforme a la ley.
La critarquía
Se verá qué sale del laboratorio de la Corte sobre el caso Insfrán, pero hay que advertir una vez más sobre los excesos recientes de la cabeza del Poder Judicial, que por momentos pareciera pretender la erección de una critarquía en la Argentina, es decir un gobierno de jueces.
Más allá de la cautelar aún vigente sobre los fondos de la Ciudad de Buenos Aires que afectan la coparticipación –un asunto polémico, pero que acaso no debería mover a la indignación–, hay que recordar entre esos excesos el caso más rutilante: el fallo de diciembre del año pasado que declaró inconstitucional una ley que 15 años antes había establecido una nueva composición del Consejo de la Magistratura, lo que deparó incluso en el restablecimiento de la norma anterior, que había sido derogada por el Congreso. "Increíble" es poco decir.
Asimismo, no hay que olvidar algo sobre lo que también llamó la atención este medio: los dichos de Rosatti sobre la presunta inconstitucionalidad de excesos de emisión monetaria que, por el momento, no se conoce que haya definido.
Una confesión y un problema de base
El autor de estas líneas no gusta de las reelecciones indefinidas y cree que el argumento de que "al final la gente vota" puede esconder formas de dominación sutiles, formalmente aceptables en una democracia, pero en el fondo abusivas para la ciudadanía.
Tampoco ignora que puede haber impugnaciones a la Corte y, en general, al Poder Judicial de parte de personas que, con razones o no, se sienten perseguidas o perjudicadas. No todo lo que de allí emane es disparatado, por caso la confirmación de la condena, conocida ayer, contra José López por enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de fuego. Cabe recordar que este fue secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015, un tiempo inexplicable si se tienen en cuenta las sospechas que su actuación acumuló en semejante lapso.
Aclarado eso, llama la atención la creciente intervención del alto tribunal en atribuciones de otros poderes y, ahora, de provincias que son previas a la formación del Estado nacional y portadoras, por lo tanto, de autonomía.
También sorprende que la Argentina no tenga ninguna base clara, ni en lo político ni en lo económico ni en lo institucional. Todo se discute, desde si el déficit fiscal es una causa de la inflación hasta si las provincias pueden decidir sobre reelecciones indefinidas. Es de esperar que los casos que la Corte Suprema tiene entre manos sirvan para aclarar estos tantos, pero dado su sesgo reciente cabe temer que sus decisiones no tengan la ecuanimidad suficiente.
