Ante la falta de acuerdos políticos y la paralización de la Legislatura provincial, crece la presión para que la Justicia resuelva el límite a mandatos.
La ley que le pone tope a las reelecciones en Buenos Aires vuelve a estar en la conversación política a un año de los comicios de 2027. Sin chances de avanzar en un acuerdo en la Legislatura bonaerense, cobra volumen una tesis que empuja un puñado de intendentes peronistas: que la Suprema Corte de la provincia resuelva la situación.
Así lo hacen saber fuentes de distintos espacios políticos que, a pesar del interés particular que tenga cada una, admiten que es un debate que incomoda y que sería preferible no dar en el parlamento. Más: hay intendentes que tienen en la manga un borrador para convertirlo en una presentación judicial colectiva ante la Corte, el organismo que debería resolver.
Buena parte del arco político bonaerense está resignada a que será la Corte la que resolverá el tema. Es una idea que tampoco le disgusta a dirigentes del radicalismo y del PRO, que públicamente no pueden decir lo que piensan: no ven mal que los mandatos se extiendan indefinidamente. Hay legisladores amarillos que no tendrían problema en discutirlo en la Legislatura, pero se enfrentarían a una encrucijada entre lo que piensan y lo que su bloque debe votar. Sobre todo si buscan ser amigables con La Libertad Avanza (LLA).
Lo mismo le pasa a la UCR, que de no modificarse la ley electoral no podrá poner en la cancha a 17 de los 27 intendentes que tiene gobernando en Buenos Aires. Si la cosa se resuelve vía judicial, el peronismo evitaría volver a mostrar su grieta interna entre quienes impulsan las reelecciones (kicillofismo) y quienes las rechazan (Frente Renovador). El massismo es el creador de la ley sancionada en 2016, en tiempos de María Eugenia Vidal gobernadora. El año pasado se discutió el tema para cargos legislativos y los delegados de Massa pegaron el faltazo.
El kirchnerismo pretende que sea el gobernador quien envíe un proyecto a la Legislatura para volver a discutir la ley. Fuentes de La Cámpora recuerdan que cada propuesta que mandó el gobernador fue votada y aprobada por la totalidad del bloque en 2025. Pero el Ejecutivo evita poner sobre la mesa el debate y prefiere que sean los interesados quienes lo impulsen.
La salida judicial al laberinto fue uno de los cuatro puntos que se abordaron en el asado posterior al partido de fútbol que jugaron en San Vicente, hace dos semanas, intendentes y legisladores del FR y el kirchnerismo, con la asistencia de Massa, quien, como contó José Maldonado en Letra P, despliega un doble juego.
Hay un sector de la oposición que podría dar el debate sólo si se incluyeran otros temas que hacen a una eventual reforma política. Es decir, no se sentarán a discutir las reelecciones indefinidas como un ítem suelto, sino que lo harían si además se pusieran sobre la mesa la actualización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). En esa lista hay representantes amarillos, radicales y hasta algún libertario.
Si bien el PRO dice públicamente que buscará alinearse a LLA para eliminar las primarias, la realidad indica que las necesitará el año que viene, como el radicalismo. Los boinablancas y un sector de los amarillos admiten que podrían subirse a un proyecto presentado por la Coalición Cívica para modernizar el sistema o cerrarlo sólo a las fuerzas que verdaderamente precisen dirimir internas, no a todos los espacios políticos.
Como estos sectores ven que sería algo incómodo poner sus pretensiones como carta de negociación para el regreso de las reelecciones indefinidas que busca el peronismo, preferirían que la cuestión sea resuelta fuera de la Legislatura y así poder sacarse un problema de encima.
Para iniciar el sendero judicial es preciso que se haga una presentación en la Suprema Corte (podría ser una actuación colectiva de intendentes) para pedirle al tribunal que se expida sobre la limitación de los mandatos constitucionales. Un jefe comunal enlistado en el Movimiento Derecho al Futuro, el armado que comanda Kicillof, cree que esa es la vía más simple para lograr la modificación de la normativa vigente. Allí podrían plantear la autonomía de los municipios y que la ley que rige es inconstitucional.
Un senador kicillofista también le admitió a Letra P que esa sería la herramienta que el gobernador debería utilizar para que los intendentes que piden por el regreso de las reelecciones indefinidas puedan volver a presentarse en 2027. El gobierno provincial sabe que será importante el empuje territorial de los alcaldes para la elección del año que viene y que en muchos casos los apellidos pesan más que el color político. Los necesita para su carrera por la presidencia de la Nación.
Todas las fuerzas consultadas admiten que si el caso no se resuelve en la Corte no se podrá avanzar. Ven que en la Legislatura el debate podría empantanarse y dilatarse demasiado, como sucedió en 2025 con algunos de los cambios electorales que se realizaron, tales como la suspensión de las PASO y el corrimiento de los plazos electorales. El peronismo observa que se agotaron los caminos y que no le queda otra opción.
El massismo fue autor de la ley provincial 14.836, sancionada en 2016 junto a la entonces gobernadora Vidal. Promovida por el FR, la norma limita a una sola reelección consecutiva a intendentes, legisladores y consejeros escolares. El año pasado vencieron todos los segundos mandatos autorizados por esa ley para los cargos legislativos, y en 2027 ocurrirá lo mismo con 81 de los 135 intendentes de la provincia. Es decir, el 60% de los municipios tendrá un cambio obligado en el sillón municipal.
En el peronismo no podrán figurar al tope de la boleta apellidos de peso del conurbano como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Fernando Espinoza (La Matanza). Todos ellos, cercanos a Kicillof. En el interior, el mandatario anota a Gustavo Barrera (Villa Gesell), Julio Marini (Benito Juárez) y Alfredo Fisher (Laprida), que tampoco podrán postularse.
La Cámpora, que controla 12 intendencias, ya sabe que deberá buscar sucesores de Mayra Mendoza (Quilmes), que está de licencia por asumir como diputada provincial; Iván Villagrán (Carmen de Areco) y Juan Ustarroz (Mercedes), mientras que otros jefes comunales de peso del conurbano tampoco podrán presentarse, como Gustavo Menéndez (Merlo), Mariano Cascallares (Almirante Brown) -también en la Legislatura-, Andrés Watson (Florencio Varela), Ariel Sujarchuk (Escobar) o Fabián Cagliardi (Berisso).
En esta tropa se alista la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas). En el Frente Renovador tienen el boleto picado Juan Andreotti (San Fernando), Javier Osuna (Las Heras), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Blanca Cantero (Presidente Perón), Alberto Gelené (Las Flores), Carlos Bevilaqua (Villarino), Sergio Bordoni (Tornquist) y Javier Gastón (Chascomús), todos con ocho años o más de mandato.
La segunda fuerza con mayor cantidad de intendentes en Buenos Aires es la UCR, con 27. A pesar de haber perdido algunos distritos en 2023, el espacio está en un proceso de renovación intendentista que continuará el año que viene, cuando viejos lobos boina blanca ya no puedan presentarse. Los casos más emblemáticos serán los de Miguel Lunghi (Tandil) y Miguel Gargaglione (San Cayetano), que dejarán sus sillones en 2027 tras gobernar 24 y 20 años consecutivos respectivamente.
Tampoco podrán revalidar el presidente del Foro de Intendentes radicales, Maximiliano Suescún (Rauch), Martín Randazzo (Lamadrid), Esteban Reino (Balcarce), Esteban Santoro (Madariaga), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Osvaldo Di Nápoli (General Belgrano), Jorge Castro (Monte), Arnaldo Harispe (Lezama) y Matías Rapallini (Maipú).
El PRO quedó bien lejos de los años dorados en los que pintó de amarillo el mapa bonaerense, con el triunfo de Vidal, la primera mujer en gobernar la provincia. En aquel momento, el macrismo minó de intendencias propias distritos clave del conurbano y del interior. No obstante, deberá buscar cómo encausar la interna que tiene el sector entre los que piden una nueva alianza con LLA y los que ponen resistencia a migrar a las filas libertarias, que harán su juego el año próximo para ganar sus primeros municipios.
Al PRO le será difícil reemplazar a Guillermo Montenegro en General Pueyrredón (Mar del Plata), quien lidera una coalición con la UCR que funciona, pero que se verá amenazada por la ola violeta. En diciembre se mudó al Senado provincial pero nadie descarta que corte su licencia y vuelva al municipio. Tampoco tiene chances de presentarse Pablo Petrecca, el jorgemacrista que gobernaba Junín y el año pasado asumió en el Senado. Lo mismo les ocurre a Javier Martínez (Pergamino) y Sebastián Abella (Campana). Salvo Montenegro, son todos modelo 2015.
La apelación al máximo tribunal sería una salida para buena parte de los intendentes mencionados. Lo será para Kicillof, que ya se manifestó en contra del tope a las reelecciones; también para el FR que se plantó en su propuesta original, a favor; y para la oposición que dice algo en público y otra cosa off the record. Si no pasa en el debate legislativo, la salida será por el máximo tribunal.
