Peronismo, UCR y PRO impulsan cambios en la ley de endeudamiento para uso discrecional de recursos. Con números en rojo, peligra el pago de aguinaldos.
Intendentes, a la carga en la Legislatura bonaerense
Intendentes de Buenos Aires de todas las fuerzas políticas están juntando firmas para pedirle a la Legislatura bonaerense que modifique la ley de endeudamiento y que el porcentaje destinado a los municipios sea de libre disponibilidad. La movida se produce en el marco de la paralización de ambas cámaras, que aún no tienen resuelta la composición de sus comisiones.
Según estipula la ley 15.561, votada en diciembre, el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal se dividirá en dos modalidades: el 70% se repartirá vía Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante a través de la aprobación de una comisión bicameral que, en sintonía con el contexto general de la Legislatura, aún no se conformó.
Ante la asfixia financiera y la crisis económica que atraviesan sus municipios, un grupo numeroso de jefes comunales elevará un pedido formal a ambas cámaras para que el porcentaje que se les remita sea de libre disponibilidad y no esté atado a programas provinciales, como se decidió oportunamente.
Hubo un anticipo de la jugada hace dos semanas, cuando intendentes de la UCR llegaron hasta la Gobernación para pedirle al gobernador Axel Kicillof una mayor flexibilización para los recursos destinados a los municipios, para poder afrontar “prioridades locales”. Concretamente, hablaron del Fondo de Fortalecimiento Municipal, que prevé un apartado asignado exclusivamente a programas de los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y Transporte y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
La ley aprobada luego de extensas negociaciones no solo con la oposición, sino también dentro del oficialismo, indica que el Poder Ejecutivo “afectará recursos para integrar el Fondo en la medida de la obtención y de manera automática conforme se produzca el ingreso de los fondos derivados de las operaciones de financiamiento que realice la Administración Central”.
Si bien había un sector que pretendía que la totalidad de los fondos para los municipios pasara por el control de la comisión bicameral, se resolvió que eso ocurriría sólo con el 30% y ajustado a las áreas mencionadas. El resto del porcentaje sí será de libre disponibilidad. El pedido de los jefes comunales será para que la totalidad del fondo pueda manejarse según el criterio y la necesidad de cada distrito.
El artículo 5 de la ley, referido a la comisión bicameral, le otorga a ese cuerpo la posibilidad de solicitar información sobre el destino de los giros, su control y el seguimiento de la situación económica. También tiene la potestad de convocar a secretarios, ministros y funcionarios. Esa mesa se ocupará de “analizar, verificar y remitir al Poder Ejecutivo los proyectos formulados por los Municipios”, establece la ley.
No obstante, la comisión que debe estar compuesta por siete miembros de la Cámara de Diputados y cinco del Senado, aún no se constituyó. Esto refleja el contexto general de la Legislatura bonaerense que, a casi dos meses del inicio del período ordinario de sesiones, todavía no tiene designadas las autoridades de las comisiones. De esa manera, en lo que va de 2026 aún no se trataron ni discutieron los proyectos que luego deben sancionarse en el recinto.
Ante esa situación, intendentes del peronismo, del PRO y de la UCR están reuniendo firmas para presentar un pedido con el objetivo de que la Legislatura le aporte celeridad a la causa en cuestión. El viernes pasado difundieron un documento de los alcaldes nucleados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo, en el que manifestaron “la gravedad del escenario fiscal” que enfrentan y solicitaron la posibilidad de decidir el destino de los fondos asignados. A ello le sumaron el pedido de una instancia de trabajo conjunto para darle seguimiento a cada caso.
Ante el pedido que el grupo de intendentes le hizo a Kicillof, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que es un problema que debe atender la Legislatura. Por eso, los intendentes ahora van con la misma solicitud al parlamento bonaerense. Según pudo saber Letra P, hay al menos 70 municipios con los números en rojo que, en julio, no podrían pagar los aguinaldos. Ante la cercanía de la Copa del Mundo, período en el que la política bonaerense está convencida de que no habrá sesiones, los alcaldes presionan para modificar cuanto antes ese artículo y poder redireccionar los fondos.