Se tratará el miércoles 14 en Diputados para intentar bloquear la sesión de la oposición del día siguiente. Discuten el texto definitivo.
El bloque PRO en Diputados, clave para el Gobierno.
El Gobierno salió a jugar fuerte para bloquear la sesión del jueves 15 en Diputados, convocada por la oposición para tratar el DNU 70/23. La Libertad Avanza (LLA) citó el miércoles en esa cámara a un plenario de comisiones para discutir una restricción a la compra de tierras a extranjeros.
Con este debate, el oficialismo intentará darles una excusa a los aliados para no dar cuórum al día siguiente. Es que uno de los artículos del mega decreto deroga la ley de tierras y libera las compras de parcelas a extranjeros. La Justicia Federal de La Plata lo suspendió y la Corte lo restableció la semana pasada, por entender que el denunciante no era idóneo. Se trata del Centro de Excombatientes (CECIM) de la capital bonaerense.
Cómo explicó Letra P, las autoridades de los bloques aliados se reunieron este miércoles con Martín Menem y le pidieron iniciar un debate sobre la extranjerización de tierras para garantizar la ausencia en la sesión del jueves. Coincidieron en ese planteo la UCR, el PRO y los partidos provinciales de Neuquén, Tucumán y Córdoba, entre otros.
Si los representantes de esas provincias se mantienen decididos a bloquear el cuórum, difícilmente la oposición pueda abrir el recinto. Para llegar a esa situación, como anticipó Letra P, LLA aceptará incluir un capítulo sobre tierras el miércoles en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que fue aprobada en el Senado y en su versión original eliminaba restricciones a la compra de extranjeros.
El tratamiento será en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación Penal de Diputados. Todavía está en discusión el texto a incorporar. Algunos bloques dialoguistas piden las restricciones de la ley de tierras derogada, que permitía vender solo el 15% de las parcelas a extranjeros. Otro sector no descarta proponer elevarla al 25%, el último intento de Patricia Bullrich en el Senado, que no prosperó. Aún la Corte no había liberado al mercado por completo.
LLA buscará dictaminar el miércoles propiedad privada y el proyecto sobre la soberanía de Malvinas, sobre el que aún persisten muchas diferencias entre el Gobierno y los aliados. La otra iniciativa fue aprobada en la Cámara alta en julio y quedó recortada respecto al texto original, enviado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Se excluyeron tres capítulos. La eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap) no pasó el filtro de las comisiones. Antes de la sesión se retiró la derogación de la ley de tierras (que estaba vigente por el fallo de la Justicia Ffederal de La Plata). En el recinto, Bullrich tuvo que eliminar los artículos que dejaban sin efecto la ley de manejo del fuego.
Sí quedó la habilitación de los desalojos rápidos. Los inquilinos intimados tendrán diez días de plazo para regularizar la situación. La propuesta original disponía de sólo tres días. Durante la conferencia de prensa previa a la sesión, la exministra de Seguridad dijo que hay desalojos que demoran seis meses.
En los casos en que se encuentren familias, personas con discapacidad o ancianos, los organismos locales deberán ubicar locaciones en diez días. Un agregado fue la nacionalización de la ley que funcionó hace tres décadas y permite regularizar tierras utilizadas hace una década. Se trata de la ley que implementó el exdiputado Alberto Pierri.
Otro tema que quedó incluido en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada es el endurecimiento de las condiciones para la expropiación. El proyecto garantiza el pago a valor de mercado de los bienes eventualmente tomados por el Estado. También propone pagar una indemnización por lucro cesante, que no podrá exceder al equivalente al 30% del valor del año emergente. La iniciativa se completa con la actualización de las condiciones para el Registro de Propiedad e Inmueble.
El Gobierno tiene que afianzar aliados para bloquear el cuórum el jueves. Además, el oficialismo de Diputados deberá convocar antes de ese día a la sesión que les prometió a los aliados para el miércoles 21, con los otros dos temas incluidos en la sesión del jueves: discapacidad y endeudamiento familiar.
Otro camino para saldar la discusión por ley de tierras puede llegar desde la Justicia: la Corte convocó conjueces para fallar sobre la cuestión de fondo los próximos días. Sin este tema en carpeta, la mayoría de los partidos provinciales no quiere derogar el DNU 70/23, que elimina o modifica más de 70 leyes. Las principales son la de alquileres, la de abastecimiento y la de góndolas.
Además, esta medida presidencial liberó el mercado aerocomercial, los intereses de las tarjetas de créditos y los aranceles de las empresas de medicina prepaga.
Por ahora, sólo están confirmados para el jueves los bloques Unión por la Patria (92 miembros), la izquierda (cuatro), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Primero San Luis, con dos cada uno. También Marcela Pagano (Coherencia) y seis miembros de Provincias Unidas. De las fuerzas locales sólo anunciaron su apoyo a derogar el DNU 70/23 Misiones (cuatro votos) y Catamarca (tres).
LLA necesita impedir que la oposición reúna los seis votos que faltan para los 129, lo necesario para el cuórum. Es clave convencer a Salta y Tucumán (tres votos), Córdoba (cinco) y a los aliados que reúnen las provincias de Santa Fe y Chubut. El destino de la ley de tierras es clave. Se define el miércoles.
