Política

El acuerdo Lozano, Ocampo y Olmos para beneficiar a legisladores que terminan su mandato

Impulsan una ley que traspasa el control del órgano que capacita jueces al TSJ. Contratos, viajes y espacios reservados para diputados que dejan la Legislatura en diciembre. El rol de los radicales.

Con el aval del PRO, Eco y el Frente para la Victoria, La Legislatura porteña tratará este jueves en sesión ordinaria un proyecto que modifica las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Ciudad y del Consejo de la Magistratura que permite que este último se desprenda del Centro de Formación Judicial y lo derive a la órbita del Tribunal Superior de Justicia local.

 

La iniciativa no sólo traería aparejada un guiño sustancial al TSJ, sino que promete lugares para legisladores que terminan su mandato a fin de año y para docentes universitarios vinculados con la Unión Cívica Radical.

 

Según la Ley N°31, el Centro de Formación Judicial “es un órgano autárquico del Consejo de la Magistratura con autonomía académica e institucional que tiene como finalidad la preparación y formación permanente para la excelencia en el ejercicio de las diversas funciones judiciales asignadas”.

 

El organismo que hace 15 años depende de la Magistratura, dirigida por el kirchnerista Juan Manuel Olmos, pasaría a formar parte del máximo tribunal judicial porteño gracias a los votos del macrismo, Eco y el FpV.

 

El ex legislador, durante el festejo de los quince años del Consejo, anunció el proyecto en cuestión y adelantó que sería enviado al edificio que se encuentra en frente de su despacho, cruzando Diagonal Sur: la Legislatura de la Ciudad.

 

El kirchnerismo y el oficialismo presentaron proyectos propios, pero finalmente se consensuó un expediente que la Comisión de Justicia despachó el martes 12 de mayo de este año y calificó como “preferencia” para la sesión ordinaria de este jueves 21.

 

Oficialmente, se explicó que “no corresponde” que el Consejo de la Magistratura, órgano que nombra y remueve jueces porteños, tenga la facultad de evaluarlos por medio del Centro de Formación Judicial. Por ejemplo, los cursos que se dan en el Centro de Formación dan puntajes que luego son considerados a la hora de ser juez.

 

Es un argumento que reviste una cierta lógica, aunque parecería llegar tarde porque hace tres lustros que el organismo que preside Olmos está a cargo de ese Centro.

 

La intención solapada de la ley es darle un guiño explícito al Tribunal Superior de Justicia. “Tener al TSJ les sirve a todos, oposición y oficialismo”, comentó una fuente judicial a este portal.

 

Si se tiene en consideración que este tribunal es la última instancia para protestar por una designación legislativa (por ejemplo en la Auditoría) y tiene el control de los actos eleccionarios del distrito, ningún actor o sector político quisiera tenerlo en su contra. Todo lo contrario, resulta vital tenerlo a gusto.

 

“Tener amigos en el TSJ le sirve a cualquiera”, graficó un legislador porteño a Letra P.

 

El texto consensuado propone que el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial (CFJ) esté integrado por un miembro del TSJ, que presidirá el organismo; tres jueces de distintos fueros; un representante de la Legislatura porteña; 1 representante del Consejo de la Magistratura del estamento de abogados; 3 titulares del Ministerio Público Fiscal; y tres profesores de Derecho de la UBA.

 

Únicamente recibirán remuneración el representante de la Legislatura y los docentes universitarios. El salario es equivalente al de un secretario judicial, que oscila entre $28.213 y $50.000, según título y antigüedad.

 

El proyecto beneficia a tres hombres fuertes del ámbito judicial porteño: Juan Manuel Olmos (Magistratura), Luis Francisco Lozano (TSJ) y al ex legislador del PRO Martín Ocampo (Ministerio Público Fiscal).

 

A su vez, reserva un lugar en el Consejo del CFJ para un diputado porteño. Hoy todas las miradas apuntan a la legisladora del Frente para la Victoria Claudia Neira. La diputada que respondía a Fernando “Pino” Solanas (entró por Proyecto Sur en 2011) se pasó al kirchnerismo en 2013, se asoció con el entonces jefe de bloque, Juan Cabandié, y recibiría el premio en diciembre, cuando finalice su mandato. Neira, que contaría con el visto bueno de Eco y el macrismo, es una de las autoras de los expedientes elaborados y, por su defensa a ultranza de los proyectos K y del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, obtendría esa plaza luego del diez de diciembre.

 

De ser así, tomaría el lugar que actualmente ostenta el kirchnerista Mario Kestelboim, que se desempeñó siete años como Defensor General de la Ciudad hasta que el año pasado recaló en el Consejo Académico del CFJ.

 

Para presidir el Consejo suena el nombre de la jueza del TSJ Inés Weinberg, que en varias oportunidades confesó su interés por ese cargo. Según pudo saber Letra P, en el máximo tribunal porteño recibieron con aplausos el proyecto impulsado por el macrismo y avalado por Eco y el kirchnerismo. El traspaso del CFJ también conlleva un manejo de presupuesto, la posibilidad de establecer convenios con universidades extranjeras y de disponer de viajes en el marco de esos acuerdos internacionales.

 

Si bien se presentaron distintos proyectos, en el mundillo judicial se nombra a Eduardo Molina Quiroga como el autor intelectual del primer expediente que Olmos envió al Parlamento local y que encendió la discusión.

 

Molina Quiroga es secretario Ejecutivo del CFJ desde su fundación (1999) y un hombre del derecho vinculado a los radicales de Franja Morada de la UBA y al juez del TSJ y ex presidente del tribunal, José Osvaldo Casás.

 

Ambos deseaban que el proyecto beneficiara a la Universidad de Buenos Aires y lo lograron. Un sector del PRO, encabezado por el legislador Héctor Huici, reclamaba que los profesores de derecho integrantes del Consejo Académico del CFJ puedan pertenecer a las universidades privadas porteñas, en especial a la Universidad Católica Argentina.

 

Finalmente, triunfó el pedido de los radicales de Franja Morada y el expediente que se aprobará este jueves sólo da lugar a catedráticos de la Facultad de Derecho de la UBA.

 

El proyecto en cuestión necesita 40 votos porque propone la modificación de dos leyes: las que dan vida y estructura al Consejo de la Magistratura  y al propio Poder Judicial de la Ciudad.

 

El acuerdo de Olmos, Lozano y Ocampo atraviesa y comprende al bloque oficialista y a los dos interbloques del recinto porteño. El PRO, el Frente para la Victoria y Eco aprobarían la iniciativa que podría sufrir modificaciones a último momento.

 

“Venimos con un acuerdo global con Eco en términos de Justicia”, contó a este medio un diputado macrista que integra la Comisión de Justicia. Entre las tres fuerzas superan ampliamente los cuarenta votos requeridos.

 

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