El Tribunal Superior quiere quedarse con fondos que no gastará este año. Intenta blindarse frente a la posible motosierra de Jorge Macri. Temporada de negociación.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sumó poder a partir del fallo Levinas, en el que la Corte le reconoció la facultad de analizar casos iniciados en la justicia nacional.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires primereó y marcó el inicio de la pulseada por el presupuesto de Jorge Macri. Con un pedido formal a la Legislatura, reclamó quedarse con los fondos que no gastará este año para así sumar nuevas partidas, en un escenario atravesado por la tensión entre macristas y libertarios.
Con discreción, casi en silencio, el TSJ abrió la batalla central de lo que queda del año: la discusión del Presupuesto 2026, la ley que más desvela al jefe de Gobierno porteño. La ley de leyes es el corazón de la gestión y define las condiciones de gobernabilidad y de alianza. El año pasado, la votación quedó al borde del abismo y el PRO logró salvarse por un solo voto, el de Ramiro Marra.
Mientras en Uspallata circulan órdenes de austeridad, el TSJ movió primero. La semana pasada le informó a la Legislatura que constituyó un fondo específico para cubrir la ampliación de competencias producto de la transferencia de funciones nacionales a la órbita local.
El fallo Levinas de la Corte Suprema aceleró esa expansión. Desde que el TSJ quedó reconocido como instancia obligatoria para todas las causas de la justicia ordinaria porteña, recibió más de mil expedientes —la mayoría laborales—, un aluvión que amenaza con saturar su estructura.
La receta de los jueces es simple: más personal, más áreas técnicas y un fondo propio para evitar la parálisis, que se nutrirá del ahorro hecho durante este año, calculado en $ 6320 millones. En 2023 ya habían guardado $ 1232 millones y dejaron previsto que cada remanente y las futuras asignaciones engrosaran la reserva.
Con la nueva presentación, el TSJ busca que la Legislatura le dé luz verde para conservar esos recursos y reforzarlos con más partidas. Una jugada de autodefensa frente al escenario que dejó el fallo Levinas.
El Presupuesto es el punto más caliente de la agenda oficialista hasta el 10 de diciembre, cuando se renovará la mitad de la Legislatura. Este año, además, el debate se dará en paralelo a la campaña nacional, donde la tropa libertaria y el macrismo comparten boleta tras un acuerdo que el Jefe de Gobierno resistió hasta el final por su enfrentamiento con Karina Milei en la Ciudad.
La discusión pondrá a prueba el verdadero alcance de esa sociedad. El antecedente pesa: en 2024, La Libertad Avanza votó en contra del Presupuesto amarillo y obligó al PRO a negociar voto a voto para conseguir la sanción.
Pese al escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los libertarios ya avisaron que mantendrán su propia agenda en la Ciudad. Si deciden condicionar la discusión, el macrismo quedará forzado a negociar con el peronismo, que desde diciembre controlará un tercio de las bancas y se convertirá en la primera minoría. Todo indica que la pelea por la ley de leyes será aún más áspera que la del año pasado.