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Pateó la discusión para el 2017 y los jueces respiran. Enojos, reproches, llamados cruzados, diversas interpretaciones y una amenaza de renuncia.

Por 26/11/2016 8:20

El martes 22 de noviembre por la tarde un comunicado de la Asociación de Magistrados sacudió el mundillo judicial. En el breve mensaje se anunciaba, sin titubeos, que el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires estaba suspendido por decisión del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano.

Esa información viajó a la velocidad de la luz a los despachos y oficinas del Gobierno porteño, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Magistratura. En todas las instituciones se vivió de dos maneras: algunos respiraron en modo de alivio y otros bufaron de enojo. Desde ese instante se desató en la Ciudad una catarata de llamados, enojos y discusiones, propias de semejante terremoto político, si se tiene en cuenta que el presidente Mauricio Macri y el alcalde Horacio Rodríguez Larreta tenían previsto firmar el convenio del traspaso el 30 de noviembre, como las dos administraciones se encargaron de promocionar.

Se trata de más de 20 juzgados penales, unos 30 juzgados laborales y también el fuero del consumidor que integran la justicia nacional ordinaria y pasarían al ámbito local mediante la firma de cinco convenios entre Nación y Ciudad y la aprobación de los mismos por el Congreso y la Legislatura porteña. El proyecto, en línea con el paquete Justicia 2020, implica también la modificación de la Ley Cafiero, que limitó las competencias judiciales porteñas a la contravención y la falta y dejó sin fueros penales, civiles, laborales al distrito.

En el fondo del traspaso de competencias reside una discusión salarial que jamás se pudo saldar y, entre otras cosas, fue clave para la caída del convenio. Los jueces nacionales ganan sueldos superiores a los porteños y exigieron mantener esa escala salarial al mudarse a la Ciudad. La administración de Larreta asegura que esa condición será garantizada, pero eso implicaría, también, elevar los sueldos de los funcionarios judiciales locales. De estar tan seguro ese requisito, los jueces no hubiesen reclamado hasta el último momento este punto, que conlleva una diferencia de 20 por ciento entre el salario nacional y el porteño.

Ese debate tuvo eco en la Magistratura porteña, en donde el presidente, Enzo Pagani, y el secretario administrativo, Alejandroel RusoRabinovich, protagonizaron una furiosa discusión el lunes por la mañana, 24 horas antes de que la Asociación de Magistrados blanqueara el pensamiento de Garavano y la imposibilidad del traspaso, al menos en lo que resta del 2016.

Los funcionarios porteños, ambos de pasado radical pero desde hace años en el PRO, se cruzaron por distintos temas: desde cuestiones normativas de la vida del Consejo hasta diferencias en torno al traspaso. Según pudo saber Letra P, Rabinovich le planteó a Pagani sus diferencias en torno al manejo que venían realizando Nación y Ciudad por los convenios y la “falta de presupuesto, recursos humanos y edilicios” para instrumentarlos. La discusión fue en ascenso y culminó cuando el secretario puso a disposición su renuncia y le advirtió: “Quieren hacer el traspaso de otra forma, necesitan a otra persona, no a mí”.

Horas después, el plenario de consejeros se disponía a almorzar. Los nueve comensales estaban ubicados en sus asientos, pero faltaba “el plato 10”, reservado para Rabinovich, que no asistió a la comida producto de su encontronazo con el titular del organismo judicial. En la mesa nadie preguntaba por “el Ruso”, pero algunos ya sabían que había abandonado el edificio. Además, vació su escritorio. No obstante, una llamada de Juan Manuel Olmos y otra de Danielel TanoAngelici para “contenerlo” lograron su cometido y la semana próxima volvería al edificio ubicado sobre Diagonal Sur. El ex presidente del Consejo se comunicó también con el titular actual para descomprimir; el titular de Boca Social también recibió el respaldo de su jefe político, Angelici, y de Rodríguez Larreta.

Rabinovich se cruzó con Pagani porque en el presupuesto reservado para la Magistratura de cara al año pasado se omitieron por decisión de la Jefatura de Gabinete dos reclamos relacionados con el traspaso.

Por un lado, el plenario había acordado modificar el método técnico por el cual la Magistratura calcula los adicionales para equipararlo con el que utiliza el Tribunal Superior de Justicia. Con la metodología de liquidación actual, los jueces porteños están en inferioridad de condiciones. Para afrontar esa modificación se necesitan mayores partidas, algo en que Pagani y todos los consejeros coincidieron, pero el Gobierno porteño borró de ese inciso de un plumazo del expediente del Presupuesto 2017, que se votará el jueves en el Parlamento porteño.

Por otro lado, la Magistratura incluyó en su ejercicio fiscal para el año próximo un monto destinado para dejar de alquilar una serie de edificios y comprarlos para que sean propiedad de la Ciudad. Sucedió lo mismo: los consejeros acordaron una cosa, el Ejecutivo la revisó y la modificó cuando la envió a la Legislatura. Si bien no borró este punto, propuso una reducción que no cubriría las compras que tenía en mente el organismo. "No compramos ni medio edificio con esa plata", se quejó uno de los nueve consejeros porteños.

Esta discusión fue la antesala de la que se produjo un día después, cuando se hizo público el comunicado de la Asociación de Magistrados. El miércoles 23 de noviembre, Garavano citó en su despacho a su par porteño, Martín Ocampo, al subsecretario de Justicia, Jorge Enríquez, y a Pagani, los tres funcionarios de la Ciudad que quedaron expuestos por sus declaraciones ante los magistrados, en parte porque se enteraron de que el traspaso pendía de un hilo por ese mensaje que comenzó a circular por los despachos porteños. Además, la primera reacción del oficialismo fue relacionar el mensaje de los magistrados a la campaña por los comicios de la Asociación del jueves 24, que consagraron a María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, la camarista que compitió por la lista oficialista Bordó y será la primera mujer al frente de la AMFJN.

En esa tensa reunión, el ministro nacional, junto al secretario de Justicia, Santiago Otamendi, explicó por qué se había decidido “postergar” el traspaso. Las razones son varias, pero la principal reside en evitar una escalada en el conflicto con los jueces resistentes al traspaso desde la primera hora.

Ante las miradas incrédulas de los porteños por la desprolijidad, el titular de Seguridad argumentó: “Hay que cuidar a Mauricio y evitar más conflictos con los jueces”. Además, marcó que “no es el momento adecuado” para que el Congreso se centre en esta discusión, cuando la agenda parlamentaria pasa absolutamente por otro lado para Cambiemos, con la reforma política (que se cayó el jueves en el Senado), el presupuesto y la modificación de ganancias en el tope de importancia.

Es decir, los tiempos no iban a alcanzar y el costo político de lograr enfurecer a los magistrados podría ser drástico para el fin de año del PRO. En paralelo, en el Gobierno temían que ese “enojo” se transforme en un engorroso proceso de judicialización que empantane el proceso de transferencia de competencias. Todavía hay quienes sostienen que el convenio podría firmarse a fines de noviembre pero el ministro Garavano ya adelantó que la discusión se reiniciará en marzo del 2017.