La declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa que investiga si Manuel Adorni incurrió o no en enriquecimiento ilícito dejó mucha tela para cortar.
Más allá de la "satisfacción" que impostó la Casa Rosada en su enésimo intento de conjurar el escándalo, este –sólo uno entre varios, incluso más graves institucionalmente– suma capítulos y abre puertas nuevas todos los días, así como preguntas sin respuesta acerca de la paciencia de Javier Milei con quien, nada menos, coordina su gabinete y porta su voz ante la opinión pública.
Nechevenko dejó en su declaración de casi dos horas una serie de definiciones que resultaron tan sugestivas que el juez Ariel Lijo autorizó, a pedido del fiscal, un allanamiento a la inmobiliaria Rucci, la que concretó la venta del departamento de la calle Miró, a fin de secuestrar documentación.
Como punto de partida cabe señalar que la operación se registró en noviembre del año pasado por 230.000 dólares, mediante un pago de 30.000 dólares y dos hipotecas por 100.000 dólares cada una en favor de las vendedoras, las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64.
Ambas estaban citadas para declarar hoy, pero el trámite se cumplirá el próximo miércoles.
Entre los dichos de la escribana –que por momentos mostró "lagunas en su memoria", según dijo La Nación; que pareció "visiblemente incómoda por las preguntas sobre las hipotecas privadas adquiridas en dos ocasiones por el jefe de Gabinete", de acuerdo con la crónica de Clarín, y que concurrió sin su teléfono celular por habérselo olvidado en su casa, como informó anoche Ariel Zak en C5N– cabe destacar los siguientes:
Las hipotecas –préstamos– de Adorni no son, en rigor, dos, sino tres.
Antes de la compra de ese inmueble en Caballito, el entonces solamente vocero presidencial hipotecó en 2024 su departamento de Asamblea al 1100 por 100.000 dólares al 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales.
Según su escribana de confianza, el funcionario compró con eso una casa en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, para lo que sumó 20.000 dólares propios en efectivo. Dicha vivienda quedó exclusivamente a nombre de su esposa Bettina Angeletti, aunque en su declaración jurada la deuda está consignada al 50% para cauda uno de los miembros de la sociedad conyugal.
Así, por esta adquisición Adorni se comprometió a pagar varios miles de dólares durante dos años, monto que depende del tipo de crédito acordado –si es por sistema francés o alemán, con diferente imputación de los pagos a intereses y capital a lo largo del tiempo–. En cualquier caso, más de 4000 dólares por mes.
Además, los dos préstamos de beneficencia por 100.000 dólares cada uno, más fáciles de ponderar por carecer –sorprendentemente– de intereses y pagaderos apenas en un año, suponían una carga mensual de 16.666 dólares más.
Así, la familia Adorni se comprometió a cancelar más de 20.000 dólares cada mes, algo difícil de cuadrar con la declaración jurada vigente y con la condición de monotributista de Angeletti hasta octubre del año pasado.
"Según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, que reflejaba el patrimonio que tenía a fines de 2024, el funcionario atesoraba 42.500 dólares más 6.220,23 en una cuenta en el exterior", recordaron Sebastián Iñurrieta y Esteban Rafele en Letra P.
"Hasta diciembre, al igual que el resto del gabinete, Adorni cobró 3.584.006 pesos en bruto, un monto que estuvo congelado desde la asunción de Milei. A partir de enero, un decreto presidencial duplicó los salarios de la administración libertaria, con la excepción del mandatario y la vicepresidenta", agregaron.
Según La Nación, esa recomposición –envidia de todos los otros y pauperizados empleados del Estado– elevó su sueldo a 7.129.501 pesos brutos y, ajustes mediante, llegará en mayo a 8.020.866. Unos 5700 dólares. Las cuentas están difíciles.
Además, a la carga de sus deudas, Adorni debió sumar lo que dijo que le costó el viaje familiar en vuelo privado a Punta del Este más otras vacaciones que investiga la selectiva Justicia argentina.
Volvamos a los dichos de Adriana Nechevenko.
Como escribana, ella detenta facultades fedantes delegadas por el Estado, esto es la autoridad de dar fe pública de que lo que ve, lo que oye o lo que percibe es un acto jurídico cierto y verdadero.
Como tal, está amparada por el secreto profesional, que protege todo lo que le dice o consulta su cliente, el contenido de los contratos que firma y la información a la que accede con motivo de su intervención. Sin embargo, dicho secreto se puede romper por orden de un juez.
Entonces, cuando Nechevenko dice que hay que preguntarle a Adorni por el origen de los fondos que usó para comprar sus nuevas propiedades, básicamente se ampara en el secreto profesional.
Asimismo, ratifica que su actuación se ajusta a lo que vio, oyó o percibió. En este caso, y aunque sea una rareza en el mercado, que cada una las jubiladas le prestó 100.000 dólares a Adorni sin intereses, esto es de onda.
Los préstamos sin costo son comunes entre familiares o amigos cercanos, pero, consultada por el periodista de La Nación Ignacio Grimaldi, Beatriz Viegas dijo no conocer al sospechado.
La escribana tiene todavía más detalles que esclarecer. En una operación con hipoteca por un monto superior a 700 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), el notario tiene la obligación de recabar de dónde proviene la plata. No basta con decir "pregúntenle a Adorni" porque la escrituración de Caballito superó largamente ese límite.
En tanto sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), los escribanos tienen una serie de deberes que no se limitan a dar fe de que el comprador de un inmueble dice que el dinero tiene origen en actividades lícitas.
Una transferencia de dominio por compra-venta de bienes inmuebles, cuando el monto involucrado es superior a 700 SMVM constituye una "actividad específica". En tal caso, el notario debe contar con un legajo del cliente y determinar su nivel de riesgo. Este depende, a su vez, de si la persona en cuestión es políticamente expuesta o no –en tanto funcionario, Adorni lo es–, si es residente o no en el país, si la operación se condice con su giro y si hay relación entre sus ingresos y lo que pretende comprar, entre otros factores.
La determinación del riesgo es criterio privativo del escribano, pero sigue las pautas de la UIF.
Esto no es una mera declaración, sino que tiene que ser un certificado contable o, si el dinero proviene de una compra-venta, la simple copia de esa escritura o alguna documentación que acredite el origen de los fondos.
Cabe señalar que por la ley de Inocencia Fiscal, los escribanos ahora no deben solicitar las declaraciones juradas. TMAP.
En cualquier caso, cuando el escribano considera que una operación podría entrañar lavado de activos, debe levantar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que es anónimo y da aviso a la UIF.
El caso Adorni Propiedades hiede por todos lados.
El frenesí inmobiliario desde que es funcionario; el descalse entre su declaración jurada vigente, la condición de su esposa ante la ARCA y su tren de vida; la ausencia de declaración de la propiedad en Exaltación de la Cruz; la profusión de hipotecas al parecer impagables con el nivel de ingresos justificados, y el dato llamativo de los préstamos por 200.000 dólares sin intereses suman al escándalo.
Por otro lado, la incompatibilidad entre el precio de publicación de la propiedad en Caballito y el monto escriturado por Adorni, casi un 33% inferior.
La subdeclaración, lamentablemente, es costumbre en el mercado inmobiliario, aunque no hay pruebas para decir que ocurrió en este caso. Sí hay que señalar que es llamativo que los vendedores de un departamento financien el 87% del mismo y, encima, gratis.
Las jubiladas no solo le prestaron plata sin costo, sino que, además perdieron 30.000 dólares entre la compra de la vivienda en mayo de 2025 y su venta al vocero en noviembre de ese mismo año. Lo que se dice, Adorni es un lince cazador de oportunidades.
Aunque lo más grave de las correrías de la berretocracia que gobierna la Argentina pasa por el Libragate, caso que apunta directamente a Javier y a Karina Milei, el escándalo de Adorni Propiedades es revelador de un estado de situación.
Llamativamente, el Presidente asume el costo de mantener en su puesto a un jefe de Gabinete mirado de reojo por sus ministros y a un vocero que no tiene chances de pararse ante los periodistas, incluso frente a los que quedan después de haber censurado a los más críticos, para responder preguntas.
A propósito, si se concretara la interpelación del funcionario en la Cámara de Diputados, habría que alquilar balcones.
Las encuestas resultan lapidarias sobre el costo que asumen el Gobierno en general y el jefe de Estado en particular al sostener al investigado, un ruido que no ayuda precisamente a la economía que Toto Caputo dice que trata de enderezar.
¿Será lealtad personal, amor fraterno, compincherías, cálculo político de que es preferible que Adorni arrastra marcas ajenas en lo que ya es un via crucis…?
Milei, que se apega al guion de insultar desenfrenadamente para evitarse la molestia de aclarar, sabrá por qué sostiene a Adorni. A quienes observamos sólo nos cabe esperar el "fin" de la saga.
Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.