La transición entre el gobernador saliente de San Luis, el peronista Alberto Rodríguez Saá, y su sucesor en el cargo, el cambiemista Claudio Poggi, estuvo plagada de acusaciones y denuncias desde que el diputado del PRO triunfó en las elecciones de junio pasado. La tensión fue creciendo a medida que se acercaba el 10 de diciembre y tuvo su punto culminante con la decisión del nuevo mandatario provincial de intervenir con un comando policial de elite la universidad provincial de La Punta (ULP) y desplazar a la rectora, laexsenadora María Eugenia Catalfamo. La decisión provocó un revuelo de alcance nacional y las razones que lo impulsaron anidan en la política local y también tienen una cifra millonaria en juego.
El candidato que armó Cambia San Luis después de haber formado parte de los gobiernos de los hermanos Rodríguez Saá acusó a su antecesor de dejar “tierra arrasada” en la administración provincial por los aumentos salariales otorgados al personal y los pases a planta. En ese cruce de declaraciones que calentaron la previa del 10-D, el mandatario saliente argumentó que el problema era que le estaba “dejando la vara muy alta”.
En ese marco de disputa, la ULP fue el blanco elegido por Poggi para iniciar su gobierno con un golpe sobre la mesa por medio de la intervención por decreto de la institución y el envío de la policía el mismo domingo por la tarde, a horas de asumir. Fue su primera decisión como jefe del Ejecutivo. El argumento fue que Catalfamo, la rectora designada por Rodríguez Saá y ratificada por el Senado provincial el 20 de noviembre pasado, no cumple con los requisitos necesarios para su puesto.
Marcelo Neme, asesor legal y técnico de la universidad y hombre de confianza de Poggi, sostiene que “Catalfamo no cumple con los requisitos que establece la ley de Educación Superior para ese cargo. No fue profesora titular, ni tiene trabajos internacionales de investigación” y esto implica que su nombramiento sea ilegal, por lo tanto sus actos como rectora son nulos. “Por eso se decretó la intervención por seis meses y que resuelva el Senado en ese plazo”.
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La rectora desplazada sostiene que esos requisitos no están en la ley de creación de la institución y remarca que su designación no sólo fue decisión del gobernador saliente, sino que fue ratificada por el senado provincial. Para su cargo, Poggi designó por seis meses a Luis Quintas como rector.
El fondo de la cuestión
Catalfamo es una joven dirigente que pertenece al riñón del Alberto. Para asumir en La Punta, había pedido licencia sin goce de haberes durante los últimos días de su mandato en la Cámara alta, que cesó el domingo. Desde ese día no puede ingresar a la universidad.
Además de desplazarla del cargo, Poggi dejó sin efecto los nombramientos que Catalfamo había firmado al asumir como rectora. En esa decisión hay una transferencia de 600 milones de pesos que el oficialismo puso en tela de juicio. La exsenadora asegura que los nombramientos eran para armar su equipo de trabajo y que el monto girado en las últimas semanas a la institución corresponde al monto necesario para cumplir con las remuneraciones de diciembre.
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Allí parece estar el nuedo de la cuestión. La Universidad de La Punta es vista por Poggi como el espacio de resistencia de un albertismo en retirada. Exfuncionarios de Rodríguez Saá habían sido designados como parte del equipo de la nueva rectora. Es el caso del exministro de Producción Marcelo Amitrano o el exministro de Seguridad Luciano Anastasi.
Además, entre quienes integraban el equipo que había designado Catalfamo estaba también Ayelén Mazzina, hasta el domingo ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad del gobierno nacional. Otra albertista puntana, que antes había sido secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis.
Hasta el momento, la universidad creada en 2004 y cuyo funcionamiento se concentra en un campus ubicado en la ciudad de La Punta, a 20 kilómetros de San Luis, está cercada por un vallado policial. Para ingresar se debe presentar documentación. Las designaciones de Catalfamo y de su equipo fueron anuladas por Poggi. La disputa continuará en estos seis meses. Como mínimo.
