“No existe diálogo, es una mentira más de este gobierno”, dice Emiliano Cagnacci cuando le preguntan por las posibles salidas al conflicto universitario que la semana que viene volverá a poner a docentes, no docentes y estudiantes en las calles de las principales ciudades del país. Esta vez, intentando evitar que Javier Milei vete la Ley de Financiamiento Universitario.
El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) cuenta que la última reunión paritaria convocada fue a principios del segundo cuatrimestre, que arrancó con un paro general inédito por su amplia adhesión. La propuesta fue de un aumento de 3% para agosto y 2% para septiembre. Los gremios lo rechazaron, pero el Ministerio de Capital Humano resolvió el entuerto de manera unilateral a través de una resolución ministerial. Así están las cosas.
“No hay un diálogo corriente como ellos plantean”, dice Cagnacci, que se prepara para una movilización que los referentes universitarios de todo el país se animan a anticipar como histórica. “Más grande que la del 23 de abril”, arriesgan en los sectores más movilizados, en referencia a la primera marcha que hizo que la gestión libertaria volviera en sus pasos y destrabara los fondos que venían exigiendo las casas de estudios de todo el país.
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Según advierte Cagnacci, el mecanismo que viene estableciendo el Gobierno para los salarios universitarios consiste en proyectar los aumentos otorgados al personal estatal, que para octubre sería de un 1%. “Son números que corren a la mitad de lo que el mismo gobierno establece que es la inflación”, se queja el dirigente sindical y proyecta el malestar: “La perspectiva de acá en adelante sigue siendo muy negativa y muy mala para el sistema universitario en general”.
El veto de Javier Milei
Cagnacci intenta mirar hacia adelante, pero otea las actitudes de la gestión nacional y advierte sobre los mecanismos institucionales que deberían activarse para, al menos, intentar arribar a una solución.
Recuerda que cuando el Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, posteo en redes sociales que la “última palabra” correspondía al Presidente. Milei contestó “VETO TOTAL”, con mayúsculas.
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El cruce de posteos en X que confirmó el veto a la ley que busca financiar a las universidades nacionales.
“Si la persona del Ministerio del Capital Humano encargada de llevar adelante el diálogo y la discusión lo plantea de esa manera, me parece que ya el indicio es malo”, afirma el referente gremial, egresado de Sociología y docente en la facultad de Medicina.
La plata para las universidades
En el medio de la discusión que, además, del veto, empieza a plantear los montos destinados para la educación superior para 2025, Cagnacci sostiene que "parece improbable" que el dinero que hasta el momento el Gobierno decidió retener aparezca reflejado en el ejercicio futuro. En el medio, la Casa Rosada echó a correr el rumor sobre un posible traspaso de las universidades a provincias, lo que precipitaría otro frente de conflicto.
Para el secretario general de ADUBA todo se explica a partir de una cuestión política que define "otras prioridades". "Según el Congreso, el impacto en el PBI de la Ley de Financiamiento Universitario es del 0,14%. O sea, estamos hablando de nada y el Gobierno ya anunció que lo va a vetar igual", explica y plantea un contexto en el que es "muy difícil pensar que va a poner la plata".
-¿No es sólo un problema de plata?
-La reforma del impuesto a los bienes personales va impactar en un 0,20% del PBI. Con ese dinero que hay, que existe, se soluciona en parte el problema del sistema universitario. Aunque sea sólo para empatarle a la inflación, ¿no? No estamos hablando de generar más espacios de extensión universitaria, más espacios de investigación, de más aulas. No, sólo estamos discutiendo que exista un monto de dinero destinado a que el sistema funcione correctamente.
-La cuestión excede el veto.
-Por un lado es el veto, o el anuncio del posible veto del 0,14% del PBI. Por otro lado, el 0,20% de impacto negativo sobre el PBI sí está bien. El problema acá es cómo y para quién hay plata.
-¿Qué opina del eventual traspaso a las provincias de las universidades nacionales?
-Claramente es algo para embarrar la cancha. Nos retrotrae 30 años, cuando en el gobierno de Carlos Menem les traspasaron la salud y la educación sin el presupuesto. Lo hacen, otra vez, sin considerar que eso dañaría la autonomía universitaria, que es algo que justamente lo que garantiza la Nación a través de su Presupuesto, que es votado por ambas cámaras y destina fondos a las universidades sin importar dónde estén, porque es un sistema federal.
-¿Es una "cortina de humo", como dijo Víctor Moriñigo, el titular del CIN?
-Generan miedo y buscan distraer a la sociedad. Espero y confío que eso no tendrá asidero en los sectores políticos que integran la Cámara de Diputados y el Senado.