El rechazo a la ley será oficializado la semana próxima, al filo de la marcha convocada. El asesor negocia paritarias con rectores. Idea menemista reciclada.
Santiago Caputo diseña una reforma universitaria.
El Gobierno ya tiene preparado el veto a la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, decidió postergar su publicación en el boletín oficial hasta último momento mientras Santiago Caputo negocia con los rectores a modo de control de daños, a días de una nueva marcha en favor de la educación superior.
Quien está más involucrado en los tiempos del veto y en las negociaciones con los rectores es el asesor de Javier Milei, que espera llegar a algún tipo de acuerdo con los docentes antes del próximo jueves 3 de octubre, fecha límite según la Casa Rosada para publicar el rechazo de manera oficial, un día después de la movilización universitaria.
"Queremos, por lo menos, arreglar el tema paritario antes de sacar el veto", comentó a Letra P una fuente al tanto de la mesa de diálogo, que todavía recuerda el impacto negativo de la primera marcha universitaria a mediados de abril. Hace más un mes, el Gobierno anunció una actualización salarial del 3% y el 2% para agosto y septiembre, respectivamente.
En paralelo, la administración libertaria tiene previsto avanzar con un ambicioso proyecto de reforma educativa, a mediano plazo, que contempla la transferencia de las universidades a las provincias, junto con un presupuesto mínimo para su funcionamiento, que deje la puerta abierta a un posible arancelamiento de estas instituciones a criterio de cada una de ellas. En la oposición avisan que deberán hacerlo no sólo por ley, sino también en acuerdo con los gobernadores.
"En las universidades eligen sus autoridades, el plan de estudios y los gastos como quieren, pero después le tiran la factura a la Nación", se quejó una fuente inobjetable de la Casa Rosada. Los principales perjudicados, en el caso de avanzar con la iniciativa, serán Jorge Macri, uno de los aliados del Gobierno, y Axel Kicillof, uno de los principales detractores del ideario libertario.
La idea no es nueva: el menemismo impulsó una transferencia de la educación secundaria de la Nación a las provincias, y lo mismo había hecho la dictadura militar con la formación primaria.
Las charlas con las universidades que fiscaliza Caputo desde Balcarce 50 fueron comunicadas de manera oficial por el Ministerio de Capital Humano, con la idea de atenuar la marcha prevista para dentro de una semana. Una estrategia similar habían utilizado en abril, pero en aquel momento el Gobierno no logró desactivar la que terminó siendo la demostración callejera más impactante contra Milei.
Si bien la administración libertaria formalizará el veto, ofrece distintos giros económicos para "garantizar el funcionamiento de las Universidades Nacionales, con los distintos actores que conforman la actividad".
La cartera que dirige Sandra Pettovello habla, puntualmente, de un incremento de los gastos de funcionamiento del 270% y de una dinámica más ágil a la hora de transferir las partidas, que asegura se ejecutaron en tiempo y forma, "mientras que la gestión anterior tardaba en promedio casi 70 días en pagar".
"Las reuniones con gremios y rectores, que se desarrollan con regularidad, son muestra del compromiso del Gobierno que han significado un aumento del 76,1% en la pauta salarial. Seguimos, como el primer día, en diálogo tanto con rectores como gremios universitarios. Creemos en ello y señalamos que las medidas de fuerza y movilizaciones no alimentan ese intercambio", apunta el comunicado.
La propuesta no es del todo innovadora. Tiene cierto espíritu noventista si se tiene en cuenta que Carlos Menem, reconocido por el actual presidente como un faro político para la gestión libertaria, transfirió a las provincias el manejo de la educación secundaria, junto con las cajas jubilatorias, en el medio de las reformas estructurales del liberalismo.
Si bien nunca se llevó adelante del todo, el por entonces subsecretario de Educación entre 1989 y 1990 Enrique Bulit Goñi ya le recomendaba a Menem arancelar las universidades y limitar el ingreso por propia voluntad, algo que, en 1995 y a través de ley 24.521 de Educación Superior se habilitó a criterio de cada universidad, pese a que muy pocas instituciones lo implementaron.
Durante la extensa década menemista, se fundaron nueve universidades nacionales: La Matanza, Quilmes, San Martín, General Sarmiento, Lanús, Tres de Febrero, La Rioja, Patagonia austral, y Villa María. De avanzar la idea que diseña Caputo, seis de ellas pasarían a ser administradas por la provincia de Buenos Aires; una por La Rioja; otra por Córdoba y la última por Santa Cruz. Lo mismo sucedería con las 17 universidades que se construyeron durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Si bien la cúpula de La Libertad Avanza tiene en carpeta la propuesta de transferir la educación superior a sus respectivas jurisdicciones, todavía no existe un proyecto concreto. Es más, las dos administraciones que se verían más perjudicadas en su desarrollo - la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires - aseguran que no están al tanto del proyecto y tampoco participaron de algún tipo de conversación al respecto con el secretario de Educación, Carlos Torrendel.
"Nuestra propuesta es transferir las universidades a las provincias y que sean ellas las que definan si arancelan o no", comentó a Letra P un hombre al tanto de los borradores sobre los que trabajan las áreas legales de la Casa Rosada.