La foto que reunió a autoridades de universidades nacionales, con representantes del frente sindical y de la dirigencia estudiantil volvió a poner en escena que el conflicto por el presupuesto en el ámbito de la educación superior no terminó. El gobierno de Javier Milei asignó fondos para gastos de funcionamiento de las instituciones, pero el financiamiento de la masa salarial, que representa el 90% de la caja, no está resuelto y ya ni siquiera hay reuniones paritarias. Por ese motivo y ya sin demasiadas alternativas, el sector baraja la opción de un nuevo paro o una movilización para fines de agosto, cuando el estudiantado vuelva a las aulas.
En el mundo universitario, hay quienes creen que hay que buscar nuevos interlocutores. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se corrió de las reuniones con las autoridades universitarias y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, no parece tener (o esconde) las herramientas para llegar al ministerio de Economía. Lo cierto es que los meses transcurren y el sector no logra mostrar capacidad de daño para forzar una negociación.
Universidades en situación de emergencia
En la sede del CIN, en Ecuador 871, el jueves pasado estudiantes, autoridades y sindicatos expresaron a través de un comunicado su “profunda preocupación por la situación salarial crítica e inadmisible que atraviesan docentes y no docentes del sistema universitario público, y por la falta de actualización de los programas de asistencia a estudiantes de las universidades, sustanciales y muchas veces definitorios para la continuidad de su carrera”.
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El comunicado firmado por autoridades de universidades, sindicatos y estudiantes.
El texto reclama la “urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas” y recuerda que “la no resolución del conjunto de los problemas enunciados a lo largo de este año somete a nuestro sistema a una situación de emergencia que requiere atención y resolución con celeridad”.
Con el título “Sin salarios dignos no hay universidad”, el comunicado se produce luego de que los gremios efectuaran en las últimas semanas dos paros de 48 horas en dos semanas y jornadas de protesta de 72 horas que tampoco movieron el amperímetro.
La respuesta del Ejecutivo se tradujo en un aumento salarial del 4%. Al igual que los anteriores, fue asignado de manera unilateral y rechazada por todos los sindicatos del frente: Conadu, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), CTERA, Conadu Histórica, la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).
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Autoridades de universidades nacionales, sindicatos y estudiantes se reunieron en el CIN.
Ahora, aparece la posibilidad de una nueva huelga que pone en duda el inicio del segundo cuatrimestre, pero sin la certeza de que la respuesta del Gobierno sea diferente.
Al mismo tiempo, el proyecto de la diputada radical Danya Tavela para que se declare la emergencia presupuestaria del sistema universitario no tiene fecha cierta de tratamiento, luego de que el debate de la iniciativa y de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) fuera postergado para agosto por impulso de la propia bancada de la UCR.
Javier Milei divide
Las universidades nacionales públicas se enteraron en mayo por dos resoluciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, que el Gobierno le otorgaba más de 60.000 millones de pesos sólo a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y estallaron contra el vicerrector de esa institución, el radical Emiliano Yacobitti, artífice del pacto tras negociar con Santiago Caputo, el asesor más encumbrado del Presidente. Desde aquel momento, el Ejecutivo buscó medrar con esa división.
La asignación de un aumento del 270% para los fondos destinados al funcionamiento finalmente llegó a todas las universidades públicas, pero hay una diferencia: mientras la resolución que asigna estos gastos para la UBA rige hasta diciembre, para las otras casas de altos estudios se firman resoluciones mes a mes. La discriminación genera ruido en el CIN: hay quienes creen que el compromiso del Gobierno se va a cumplir y llegará ese incremento mes a mes, mientras que otras voces aseguran que se debe exigir que se equipare la situación.
Los recursos correspondientes a junio, por ejemplo, llegaron recién el viernes 5 de julio. Este punto demuestra que hay una agenda de demandas que sigue abierta y no están saldados los puntos que se reclamaron en la masiva marcha del 23 de abril. Sin embargo, no se ve en el horizonte la jugada que cambie un escenario que sigue igual que hace más de dos meses y, en lo que respecta a la masa salarial, igual que a comienzos de año.
